CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, inauguró este jueves la tercera versión del seminario internacional de la Fundación Ciudad del Niño, "Diálogos sobre Infancia y Adolescencia: Avances y Desafíos del Sistema de Justicia Juvenil".

En la oportunidad, el legislador sostuvo que a diez años desde la publicación de la ley que estableció el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, resulta de gran utilidad hacer una pausa para reflexionar si se han alcanzado los objetivos que se tuvieron en mente al plantear esta normativa.

Estos decían relación con garantizar un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento, durante la ejecución de la sanción, privilegiar la desjudicialización y dentro de las sanciones hacer prevalecer la no privativas de libertad. Sin embargo, precisa, se optó finalmente por endurecer la respuesta punitiva del Estado.

El diputado Andrade planteó que sin duda la seguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a la sociedad, pero que muchos "han recurrido al camino que garantiza el aplauso fácil, sin asumir o enfrentar el origen del problema", ejemplificando aquello en la tramitación de la ley corta antidelincuencia y el control de identidad respecto de los jóvenes."Es el problema cuando el clima se transforma en el factor central", aseveró.

Agregó que "es necesario que el adolescente sea responsable de sus actos. Para ello deberán aplicarse las sanciones que correspondan (...) Sin embargo, el fenómeno de la delincuencia juvenil debe combatirse, principalmente, a través de una buena política social que se acompañe por una adecuada política penal".

El titular de la Cámara puntualizó que los menores sancionados penalmente verán frustrada su reinserción si no cuentan con el apoyo familiar y de la comunidad y que el derecho penal no puede ser la única respuesta del Estado a estos jóvenes.

Política pública

En la sesión de apertura también intervino la representante de la Unicef en Chile, HaiKuyng Jun, quien indicó que este tema se aborda en instantes en que el Estado en su conjunto revisa el tema de infancia y que es importante lograr avances y hay desafíos en la implementación de esta ley, que de superarse traerán la consolidación de este.

Añadió que un punto central que contribuirá a que cada desafío tenga una concreción bajo el enfoque de derechos, es que se trabaje bajo la mirada de una política pública dentro del sistema penal juvenil, que implica una mirada integral de la forma en que el Estado y los organismos responsables otorgan a los adolescentes herramientas para su reinserción a la sociedad.

Añadió que áreas como salud, educación, economía, deporte y cultura -por nombrar algunas- deben asumir un papel central, "considerar a los adolescentes insertos en el sistema penal como destinatarios de sus políticas" porque solo mediante el desarrollo de políticas intersectoriales existirá una efectiva integración, reducción de delitos y baja de la reincidencia.

Destacó, asimismo, en el ámbito de la supervisión de los adolescentes privados de libertad, el trabajo conjunto que se efectúa con Unicef, el Ministerio de Justica y el Poder judicial, donde a través de cientos de visitas a los centros de internación a lo largo del país, se ha repercutido positivamente en el funcionamiento de estos centros.

Por su parte, el titular de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, afirmó que la ley de responsabilidad penal juvenil propuso un cambio de paradigma sobre la necesidad de contar con un sistema diferenciado de los adultos, pero que hoy se requieren cambios en materias como el acompañamiento, la inexistencia de unidades especializadas tanto en las policías como en gendarmería, cambios en los planes de reinserción, procedimientos, etc.

Añadió que dada la complejidad de la delincuencia juvenil, se deben realizar tratamientos efectivos, de acuerdo a su característica especial, con programas y prácticas que permitan actuar a tiempo para evitar que la conducta criminal se torne crónica.

Al respecto, citó diversas estadísticas de la materia donde el promedio de participación delictiva de menores de 18 años va de un 7,3% (cifras del Ministerio Público) a un 15,4%( Ministerio del Interior), que además, impactan a la ciudadanía por su violencia. "Pero también en una legítima preocupación sobre qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo como sociedad, para revertir esa desesparanzadora realidad que compromete nuestro futuro como nación".

El evento, organizado con el apoyo del Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, contó con la exposición del académico canadiense Clément Laporte, coordinador del Centro Especializado de Delincuencia y Problemas del Comportamiento del Centro de Juventud de Montreal, quien abordó la experiencia de esa región en la materia y las recomendaciones que se pueden entregar a países como Chile.