CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión Especial se constituyó en diciembre pasado, después de un Protocolo suscrito entre el gobierno y las bancadas oficialistas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos. La deuda del magisterio se generó en 1981, cuando el Gobierno Militar traspasó la administración de los establecimientos educacionales a los municipios, en tanto que la habitacional está conformada por tres tipos de propietarios de viviendas.

Profesores

“La Comisión concluyó que existe una deuda histórica con los profesores de Chile, independientemente de que la deuda esté prescrita o que el Poder Ejecutivo no la reconozca y, en ese contexto, la Comisión, basándose en diferentes alternativas propone al Poder Ejecutivo la siguiente solución”, dice el documento.

Y agrega como propuesta de solución:

“Considerando que es imposible satisfacer la totalidad de la deuda exigida por los profesores, se propone una solución intermedia consistente en:

“a).-Asignar un bono inicial de 5 a $10.000.000 a los 84.002128 docentes afectados lo que representaría un costo total fiscal que variaría entre los US$ 744 millones a los US$ 1488 millones.

“b).-Asignar un bono poslaboral de 50 a $100.000 mensuales mientras el afectado viva, cuyo costo en un horizonte de 10 años variaría entre US$ 591 millones y US$ 1183 millones.

Deudores habitaciones

Al respecto, el informe dice que “la comisión ha constatado la existencia de deudas habitacionales pendientes por largos años. Sólo la de los deudores ex ANAP reúne el carácter de deuda histórica, al modo definido en los conceptos generales; en tanto advertimos, además, la existencia de otras situaciones más recientes, pero que reúnen características especiales derivadas de la situación en que fueron contraídas o incrementadas, por lo que fueron incorporadas al trabajo de esta instancia”.

Luego, el documento describe la situación de los deudores ex ANAP, que “corresponde a quienes obtuvieron créditos a fines de la década del '60 y comienzos de los años '70, a través de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo o entidades previsionales, cuyas deudas, tras la quiebra del sistema, producto de la reforma del mercado de capitales, fueron traspasadas a la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, ANAP, creada en 1980, como continuadora de las antiguas asociaciones”.

“La Comisión reafirma la conclusión a la que arribó la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de esta Corporación en 1991, en que se explicita que estos deudores sufrieron un daño material y moral, como consecuencia de actos de la autoridad política que alteraron las normas contractuales, el que no ha sido reparado cabalmente, pese a las diversas medidas adoptadas”.

“Igualmente, la Comisión estuvo de acuerdo en la necesidad de que se evalúe la asesoría especialmente encargada por el Ministerio de Hacienda para cuantificar la magnitud actual de la situación de estos deudores, de manera que se disponga de las correcciones que sean del caso para reformular el decreto con fuerza de ley N° 39130, o se efectúen las modificaciones legales para que se disponga de los recursos e instrumentos conducentes a la solución definitiva”.

Deudores PET, Leasing y otros

Más adelante, el texto se refiere a un segundo tipo de deudas, “originadas preferentemente entre los años 2000 y 2002, los que sin perjuicio de no reunir el carácter histórico en los términos reseñados, han sido escuchados por esta Comisión. Sin embargo, asimismo, la Comisión concordó en que existen otras situaciones posteriores a estos años que tienen las mismas características y que deben ser consideradas como tales”.

“Al respecto se constata que se trata de personas que realizaron operaciones para acceder a la vivienda en circunstancias que cambiaron las reglas respectivas y entraron en aplicación nuevos programas y mejores condiciones de financiamiento. Es el caso de los deudores del Programa Especial para Trabajadores, PET, Programa Leasing y otros programas habitacionales privados”.

“La Comisión coincidió en que existe responsabilidad estatal en la situación provocada, pues es evidente que se trata de los efectos de una transición a nuevos programas mal diseñada en que los deudores resultaron inducidos, tanto por las condiciones imperantes como por su natural interés en obtener una vivienda propia, a suscribir créditos incompatibles con sus niveles de ingresos”.

El documento señala que el problema afecta a 53.844 deudores, en torno a los cuales se propone la siguiente medida de solución:

- Copago de 24 UF y condonación del resto de la deuda, lo que representa un costo total de 9,9 millones de UF (alrededor de 209 mil millones de pesos).

Deudores habitacionales actuales

Al respecto, el texto señala que no obstante no constituir propiamente una materia de análisis de la Comisión, se hace necesario abordar la situación de personas que adquirieron sus créditos en un determinado contexto y cuyos ingresos se han visto reducidos drásticamente, afectando su capacidad de pago, sin poder acceder a mecanismos de protección social.

En estos casos, la Comisión considera que la Ficha de Protección Social tiene serias limitaciones para dar cuenta de la realidad y que es necesario que el Banco Estado y por su influencia los otros bancos, adopten las siguientes medidas:

• Establecer un equipo de análisis, caso a caso, para deudores habitacionales con problemas cuyas viviendas tengan un valor inferior a 2000 Unidades de Fomento.

• Determinar los deudores que están en condiciones de reprogramar, proponiendo distintas alternativas.

• Asumir la realidad de deudores que no cuentan con ingresos y se les de tiempo para superar la situación sin apremios, sin intereses penales ni costas judiciales.

Quinquenios penitenciarios

Tras señalar que se trata de una deuda histórica, el informe destaca que “la Comisión concluyó que se hace necesario y urgente que la autoridad ejecutiva y especialmente DIPRECA, junto a representantes del Ministerio de Justicia, establezcan una mesa técnica de diálogo con el fin de determinar la forma en que se puede compensar a los pensionados y montepiadas del servicio de Gendarmería que jubilaron entre enero de 1972 y enero de 1974, sin perjuicio de estudiar, igualmente, la condición de los que jubilaron en el período posterior y hasta antes del reintegro de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile”.

Miércoles 12 de agosto de 2009