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Publicado 06/09/2010 11:48:04

Solicitan al Gobierno suma urgencia para proyecto que modifica la Ley Antiterrorista

El diputado Gonzalo Arenas (UDI) estimó necesario de hacerla más objetiva y centrada en los hechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad física de las personas.

El diputado Gonzalo Arenas (UDI) estimó necesario de hacerla más objetiva y centrada en los hechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad física de las personas.

“Indispensable” resulta a juicio del diputado Gonzalo Arenas (UDI) modificar la Ley Antiterrorista, por lo cual anunció que conversará con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para solicitarle que ponga suma urgencia al proyecto que modifica dicho cuerpo normativo.

El parlamentario estimó necesario tener una legislación más objetiva y centrada en los hechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad física de las personas, limitando, a su vez, la competencia de la justicia militar para procesar y condenar a civiles.

“Los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet intentaron solucionar el problema de la violencia en la Araucanía aplicando en forma indiscriminada la legislación Antiterrorista, sin distinguir un aspecto que resulta esencial a la luz de la historia de la conflictividad en dicha zona: la diferencia entre delitos 'ideológicos' y delitos por 'demandas territoriales'. Estos últimos han existido siempre en la Araucanía y nunca se les había aplicado una norma tan excepcional como la Ley Antiterrorista, bastando siempre la legislación común para contener este tipo de hechos cuando revestían el carácter de delito”, indicó.

Recalcó que “la Ley 18.314 no adelanta una definición de terrorismo y su configuración se caracterizan por incluir elementos subjetivos muy amplios, lo que entrega una amplitud exagerada a la aplicación de estas normas”.

Esta ambigüedad, estimó, en la definición de nuestra Lay Antiterrorista ha sido constantemente cuestionada por numerosos organismos internacionales, lo cual ha terminado por debilitar la legitimidad propia de nuestro Estado de Derecho.