La propuesta de la instancia fiscalizadora no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para su aprobación.
Por 46 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención, la Cámara rechazó el informe elaborado por la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior. La instancia fue presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), e integrada además por los diputados Gonzalo Arenas (UDI), Cristina Girardi (PPD), Germán Becker (RN), Rodrigo González (PPD), Romilio Gutiérrez (UDI), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Manuel Monsalve (PS), José Miguel Ortiz (DC), Alberto Robles (PRSD), Manuel Rojas (UDI)y Mario Venegas (DC).
La Comisión celebró 25 sesiones, entre el 9 de agosto de 2011 y el 18 de junio de 2012 y recibió en audiencia a más de 70 invitados relacionados con el tema, incluyendo Ministros y altos funcionarios del Estado, representantes de estamentos académicos, estudiantiles y sindicales, así como expertos independientes, entre otros.
Dentro de las propuestas administrativas del informe, rendido a la Sala por la diputada Sepúlveda, se proponía enviar este informe al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional Económica para que investigaran lo concerniente a la persecución del lucro por parte de las universidades privadas, la posible irregularidad en la administración de recursos públicos; y la concentración del mercado.
En ese ámbito, se pedía además al CDE que investigara a las inmobiliarias asociadas a los controladores o dueños de las instituciones de educación superior, el origen de sus recursos y los contratos de arrendamientos con aquellas instituciones, inversión en títulos de valores, hasta cuándo, en qué momento se invierte en la institución, buses de acercamiento (Universidad del Mar, Viña del Mar, Las Américas), y otros.
Asimismo, se pedía al Ministerio de Educación que ejerciera sus facultades fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa, a lo menos en la Universidad de Las Américas; Instituto Profesional AIEP; Universidad Andrés Bello; todas de propiedad del consorcio internacional Lauréate; Universidades del Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás y Del Desarrollo.
En cuanto a medidas legislativas, el informe planteaba cambiar el sistema de funcionamiento de la educación superior, reformando la Constitución para asegurar el derecho a la educación; además de crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, basado en una adecuada y equitativa distribución de los recursos del Estado en el sistema de educación superior.
Para ello, se sugería modificar la ley de manera que el Estado financie en su totalidad los requerimientos de la educación superior pública; y que luego de financiado el sistema público, se aporte a instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro y que cumplan con los estándares de calidad definidos por el Estado.
A la vez se pedía el término y cambio del sistema de acreditación actual, y que el Estado definiera los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a cargo de las universidades públicas o privadas tradicionales de mayor prestigio.
También se llamaba a legislar reforzando que todas las instituciones de educación superior, incluyendo los centros de formación técnica e institutos profesionales fueran sin fines de lucro; y establecer sanciones a esta contravención.
“El lucro en la educación constituiría una especie de defraudación al estudiante, al Fisco y la sociedad, y la persona que incurra en esta conducta no puede seguir siendo prestador de un bien social, que es la educación, porque causa un daño o perjuicio irreparable a la sociedad”, enfatiza el informe.
TEXTO COMPLETO DEL INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS