El informe manifiesta que la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad no ha sido aplicada a cabalidad, quedando muchos aspectos de ella aún sin ejecución.
INFORME COMPLETO
Con fecha 20 de julio de 2012, la Comisión de Superación de la Pobreza, encomendó al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, el análisis de la aplicación de las leyes Nº 20.422 y Nº 18.600, que establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, con el objeto de determinar el grado de eficacia y eficiencia con que han operado las instituciones e instrumentos definidos por estas normativas.
El informe fue entregado a la Sala por el presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado Pablo Lorenzini (DC). El estudio incorporó, por primera vez, la realización de actividades presenciales, tales como talleres y grupos focales regionales, con representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, con la finalidad de obtener información de fuentes primarias acerca de la percepción ciudadana en relación a la aplicación de una ley.
En lo relativo al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), se establece que “gran parte de los esfuerzos y recursos están concentrados en tareas operativas y en la entrega de ayudas técnicas, subsistiendo la necesidad de avanzar en el diseño y coordinación de políticas públicas intersectoriales en materia de discapacidad y, con ello, en las tareas más estratégicas del Servicio”.
Asimismo, la evaluación señala que pese a la insistencia del SENADIS, aún no se aprueba la nueva regulación de criterios médicos y sociales para la certificación de la discapacidad.
En materia educacional, se consigna la falta de oferta educativa y de programas de desarrollo laboral para personas con discapacidad, mayores de 24 años de edad. Materia respecto del cual se espera que las autoridades de los Ministerios de Trabajo y de Educación resuelvan qué políticas públicas implementarán.
El informe también concluye que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) están sobrepasadas en su capacidad de cumplir en tiempo y forma con las funciones que la Ley N° 20.422 les ha encomendado, dado que, por una parte, tienen una gran cantidad de funciones asignadas, y por la otra, carencias de recursos humanos, tecnológicos y materiales.
La ley en estudio, además, incorporaba el Consejo Consultivo de la Discapacidad como parte de la institucionalidad, con el objetivo de dar aplicación al principio de participación y diálogo social. No obstante, una serie de requisitos de forma para elegir a sus miembros, han propiciado que hasta la fecha siga sin constituirse.
Durante el desarrollo del estudio evaluativo se constató escasez de información detallada y específica sobre las personas con discapacidad en Chile y desde el punto de vista de la percepción ciudadana, una de las conclusiones principales se refiere al bajo impacto percibido que tiene la ley en términos de modificación de la realidad social.
Propuestas de la evaluación
El documento plantea algunos puntos a abordar para mejorar la aplicación de la normativa.
En particular se propone posicionar a SENADIS como ente rector en materia de discapacidad, otorgándole expresamente la función de fiscalizar a todos los entes públicos y privados a los que la Ley N° 20.422 ha otorgado funciones y ha conferido tareas específicas para su implementación progresiva.
Con este mismo propósito, se propone revisar la experiencia del Servicio Nacional de la Mujer, en el sentido de atribuirle rango ministerial a la Dirección Nacional del Servicio.
Además se propone estudiar el diseño de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), para crear una unidad especializada dentro de cada COMPIN para la calificación/certificación de la discapacidad, elaborar políticas de gestión que permitan mejorar la atención al usuario y efectuar la calificación de la discapacidad por los equipos tratantes de la Red Asistencial, con el objeto de evitar que las personas con discapacidad deban concurrir a las COMPIN para peritajes o evaluaciones, salvo que sea estrictamente necesario.
Asimismo, reforzar la contratación de los profesionales que la ley señala para completar los equipos de las COMPIN y de la Red Asistencial, especialmente educadores diferenciales o especiales.
También se plantea facilitar la participación e integración del Consejo Consultivo de la Discapacidad a través de la remuneración de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad en dicho Consejo, junto con crear Consejos Consultivos Regionales de la Discapacidad.
El informe también recomienda reforzar la coordinación intersectorial de manera de sumar recursos humanos, técnicos y materiales, y experiencia para acercar a los ciudadanos, en particular a las personas con discapacidad, y las comunidades en que se desenvuelven, a los programas, beneficios y actividades disponibles.
Para ello se propone crear una base de datos estandarizada y actualizada en línea, desde la totalidad de los organismos y servicios públicos que se relacionan con personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS