El académico afirmó ante la Comisión que evalúa la acusación constitucional en contra de Harald Beyer, que la autoridad contaba desde junio de 2012 con antecedentes sobre tres posibles casos de lucro en instituciones superiores. En la oportunidad también intervino María José Lemaitre, quien afirmó que el poder de fiscalización y sanción de las instituciones autónomas está centrado en el Ministerio.
Faltar a la verdad y al estatuto administrativo fueron algunas de las acusaciones en contra de Harald Beyer que efectuó hoy ante la Comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso.
El académico de la Universidad de Chile dijo haber demostrado, “más allá de toda duda, con antecedentes específicos, que el Ministro Beyer faltó al cumplimiento del estatuto administrativo por cuanto no denunció al Ministerio Público, como la Ley exige, los casos de presunciones de lucro en las Universidades del Mar, Santo Tomás y Uniacc”.
“El Ministro faltó también al principio de probidad, que significa que tiene que actuar con honestidad, en forma recta. Yo sostengo y afirmo que el Ministro mintió abiertamente al país y a los diputados diciendo que no tenía antecedentes concretos, en circunstancias que desde el 14 de junio de 2012 tenía en su poder la denuncia que la CNA, no yo, le hizo llegar”, puntualizó.
La ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación (actual Consejo Nacional de Educación) y actual Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, María José Lemaitre, dijo que entre 1990 y la fecha, la institución cerró 18 universidades por distintas razones, algunas de orden académico, pero también por determinarse que infringían la ley en materia de lucro.
Explicó que las universidades fueron cerradas en el período de licenciamiento, esto es, antes de que se les otorgara su autonomía. Recalcó, sin embargo, que “en el caso de las instituciones autónomas las facultades de fiscalización y de sanción corresponden al Ministerio de Educación”.
La socióloga dijo desconocer de qué manera opera la Comisión Nacional de Acreditación que creó la Ley 20.129, pero cuestionó el rigor con el cual desarrolló su labor. “Tengo la impresión que, efectivamente, fueron bastante menos rigurosos en el nivel de exigencia para la acreditación, porque instituciones a las cuales se les había negado, la obtuvieron muy poco después, a veces sin que se apreciaran cambios sustantivos”, planteó.
Diputados
El diputado Fuad Chahín (DC) estimó que Patricio Basso dio una documentada argumentación de cómo el Ministro Harald Beyer, en junio de 2012, tenía una denuncia seria y formal de la CNA respecto del lucro en tres universidades. “Sin embargo, él, incluso meses después, seguía negando el haber recibido alguna denuncia”, recalcó.
Cuestionó también el hecho que el Ministro acusara no tener facultades para fiscalizar y que, posteriormente, en el caso de la Universidad del Mar, por razones distintas al lucro, se le cancelara la personalidad jurídica. “Eso demuestra que el Ministro tiene las facultades y que lo que no tiene es la voluntad de fiscalizar el lucro”, comentó.
Para la diputada Mónica Zalaquett (UDI), es trascendente no desfocalizar la discusión y cuestionó que por una parte se indique que el Ministro Beyer no utilizó todas sus facultades, pero luego se observe que dichas garantías hoy día no existen.
Informó que requiere de pruebas concretas sobre las afirmaciones que los invitados hacen, por lo cual solicitó documentación tanto de las denuncias hechas ante el Ministro como de las respuestas efectuadas por la autoridad. Además, estimó que hay apreciaciones que pueden no estar fundadas, ya que no había certeza respecto de las investigaciones que concretamente se estaban efectuando, dado que éstas no son públicas.
“Es tremendamente importante que todo lo que se ponga en el informe esté bien sustentado o acreditado, no pueden ser interpretaciones o suposiciones”, sentenció.
El diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI) criticó que, desde 2002 al 2009, se desarrolló un crecimiento explosivo de la matrícula de algunas universidades, particularmente por la creación de nuevas sedes, sin que ello fuera fiscalizado por las autoridades de la época.
Dijo que queda la duda de este hecho, en especial porque se aprecia una posible relación entre Ministros de los ex Gobiernos de la Concertación con militantes que eran dueños o directores de estas universidades.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS