Sólo se rechazaron dos puntos de las 200 conclusiones y propuestas del informe. En la discusión estuvo presente el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Por 87 votos, la Cámara de Diputados aprobó las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores (Sename). El texto da cuenta de las responsabilidades administrativas y políticas del Servicio Nacional de Menores en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país. (Revise el documento completo)
Entre otros puntos, las conclusiones de esta investigación apuntan a las irregularidades de las que da cuenta el estudio titulado "Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile".
Se precisa que el estudio no tuvo el destino natural proyectado, que era ser enviada a los jueces de familia presidentes de los respectivos tribunales de cada región.
Asimismo, en el informe se “observó la condición de riesgo a la que se encuentran sometidos los niños, niñas y adolescentes en las residencias en las que viven debido a las anomalías e incumplimiento de deberes que existe por parte de sus Directores, Guardadores, Cuidadores y autoridades competentes”.
También se analizó la situación de las Residencias por medio de las cuales el SENAME desarrolla su cometido. Se concluye que el factor “alto riesgo” que se observa en el sistema residencial, constituye una alerta que debe llevar a revisar los procedimientos “a la brevedad, debido al alcance que significa para la integridad del niño”, concluyendo la Comisión, en igual sentido, que en estos casos se deben tomar las medidas para evitar la continuación de la vulneración de los derechos de los NNA afectados.
El documento indica que los hechos investigados por esta comisión no son nuevos y que existían múltiples antecedentes previos, recabados en diversos informes nacionales e internacionales que dan cuenta de reiterados incumplimientos del Estado de Chile, el SENAME y sus colaboradores en el ejercicio de las funciones que le son propias y acerca de las vulneraciones de derechos a los niños que son sujetos de cuidado alternativo al de sus padres dentro del sistema residencial.
El informe apunta a las responsabilidades del SENAME y de los demás órganos de la Administración del Estado que debieron velar por el respeto pleno de los derechos de los niños y fiscalizar lo referente a los hechos descritos.
El texto contiene cerca de 200 propuestas para las autoridades del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Por un acuerdo de Comités, se votaron en forma separada tres acápites de las conclusiones. El primero de ellos, relativo a la “Responsabilidad política de miembros del Poder Judicial”, establece responsabilidad constitucional, y por ende política, el Excelentísimo Ministro de la Corte Suprema de Chile Don Héctor Carreño Simans, encargado del “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile”. Esto fue aprobado por 49 votos a favor, 18 en contra y 19 abstenciones.
Por 4 votos afirmativos, 74 en contra y 4 abstenciones, se rechazaron las propuestas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia para una serie de medidas, entre ellas, terminar el levantamiento de información en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío, La Araucanía y Magallanes; Hacer entrega oficial y formal del "Informe Estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile" - existente y el que disponga confeccionar respecto de las regiones faltantes- al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud y de Educación, así como a las respectivas Cortes de Apelaciones del país; y conformar un Grupo de Trabajo intersectorial junto a la Administración del Estado y al Congreso Nacional encargado de diseñar e implementar a la brevedad posible las acciones necesarias para ir en atención de los niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en el sistema residencial y se encuentran en riesgo a lo largo del país.
Por último, se rechazó por 85 votos en contra y 2 abstenciones, la solicitud de información respecto del estado de salud emocional, psíquica y física de los cuidadores de unos menores víctimas de delitos violentos y /o graves vulneraciones de sus derechos no atribuibles a su responsabilidad.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS