Según expresaron los parlamentarios, no es posible asegurar el derecho a la educación mientras sigan existiendo personas endeudadas con la banca privada por estudiar. Estimaron ineludible y urgente abordar un camino de solución a este problema social en la reforma sobre educación superior.
Por 71 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 645 que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la eliminación progresiva del Crédito con Aval del Estado (Cae).
La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados Camila Vallejo (PC), Fidel Espinoza (PS), Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Juan Luis Castro (PS), Mario Venegas (DC), Fernando Meza (PRSD), Yasna Provoste (DC), Claudio Arriagada (DC) y Cristina Girardi (PPD).
Tal como señalaron los legisladores en el documento, la bancarización a través de un crédito de consumo como el CAE, que se presenta como un beneficio social, ha significado un lucrativo negocio para los bancos y para aquellas universidades que precisamente que defraudaron el sistema.
Manifestaron que la evidencia permite afirmar que la mayoría de los estudiantes que se vieron obligados a contratar estos créditos bancarios (porque de otra forma no podían acceder a la educación superior), hoy se encuentran más pobres que la generación anterior, teniendo como resultado una movilidad social descendente, pues los problemas sociales derivados se hacen cada vez más masivos y evidentes.
Agregaron que, adicionalmente, la tasa de cesantía de profesionales jóvenes es alta, motivo por el cual cerca de ochenta mil personas estén impedidos de pagar oportunamente las cuotas del CAE, derivando esto en su ingreso al Boletín Comercial Dicom que cierra puertas laborales, convirtiéndose en un círculo vicioso de cesantía y miseria.
A lo anterior, sumaron que, desde el año 2013, un grupo de endeudados con distintos tipos de créditos ha decidido organizarse y ha fundado el movimiento Deuda Educativa, que agrupa a endeudadas y endeudados de todo Chile, y que tienen como elemento común el cargar con el peso de algún tipo de crédito.
En ese sentido, añadieron, que en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría se compromete expresamente el aseguramiento del derecho a la educación y, con ello, el fin al lucro, la gratuidad universal, la inclusión y la calidad educativa.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS