Por unanimidad (96 votos a favor) la Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado, a segundo trámite constitucional, este convenio suscrito en Santiago el 10 de noviembre de 2007, y cuyo propósito es introducir mecanismos de protección social para los trabajadores migrantes en Iberoamérica.
El documento fue firmado por los Gobiernos de los Estados Iberoamericanos en la XVII Cumbre Iberoamericana, efectuada en Chile, considerando que el trabajo es uno de los factores esenciales en el fortalecimiento de la cohesión social de las naciones y que las condiciones de seguridad social tienen una dimensión muy importante en el desarrollo del trabajo decente.
Suscribieron el convenio los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. El documento cumple su trámite de ratificación en el Congreso Nacional.
La importancia del texto es que permitirá que 6 millones de trabajadores migrantes tengan asegurada la protección de sus derechos sociales, por cuanto cubrirá las prestaciones de carácter contributivo de invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedad profesional, se indicó en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.
Martes 18 de agosto de 2009