El texto modifica la ley sobre Bases Generales del Medioambiente, para exigir que la construcción de recintos penitenciarios en el país sean sometidos al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, considerando el perjuicio que estos recintos producen en la población circundante.
En la actualidad, sólo cuando se cumplen determinadas condiciones los establecimientos penitenciarios, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aún cuando se trata de infraestructuras que, por sus características, siempre resulta difícil de localizar.
Considerando este vacío legal, los parlamentarios autores de la moción presentaron esta iniciativa legal (boletín 7477) que reconoce la necesidad de no excluir a las cárceles del trámite de evaluación de impacto ambiental.
Esto ya que para la población que eventualmente podría verse “afectada” por la instalación de un centro de estas características no le es indiferente el impacto negativo que pueda acarrear para su entorno y para la plusvalía de sus propiedades este tipo de infraestructura.
Así se propone someter a evaluación de impacto ambiental a la infraestructura carcelaria y se agrega además que, en los casos de que los recintos tengan una capacidad superior a 500 personas, deban realizar siempre un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El proyecto de ley fue presentado por los diputados UDI, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, María Angélica Cristi, Javier Hernández, José Antonio Kast, Andrea Molina, Patricio Melero, Claudia Nogueira, Celso Morales, Felipe Salaberry y Mónica Zalaquett.
El proyecto de ley será analizado por la Comisión de Recursos Naturales.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS