Con 103 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, en segundo trámite constitucional, a un proyecto iniciado en moción de senadores que busca prevenir y sancionar la violencia en la convivencia escolar.
La iniciativa legal (boletín 7123) se originó en una moción de los senadores Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Ricardo Lagos, Ignacio Walker y el ex senador Andrés Allamand, pero fue sustancialmente modificada en la Comisión de Educación de la Cámara, cuyos integrantes además tuvieron a la vista durante la tramitación otras tres mociones presentadas por diputados.
La idea matriz del proyecto es regular, impedir y sancionar los casos no sólo de violencia física y sicológica que sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino también toda forma de hostigamiento y acoso. Asimismo, pretende regular la forma en que los colegios deben asumir este problema y establecer sanciones para los establecimientos educacionales que no actúen frente a hechos de violencia escolar.
En Chile, según el último Estudio de Violencia en el Ámbito Escolar (2008) realizado por el Ministerio del Interior, el 10,7% de los estudiantes se declaran víctimas de amenaza permanente y discriminación. Según el mismo sondeo, más del 35% de los alumnos entre primero y segundo básico declararon percibir agresiones entre escolares al menos una vez a la semana. Chile se ubica según ranking de la Organización de Naciones Unidas en el séptimo lugar de los países con más agresiones de este tipo.
El proyecto despachado por la Cámara establece que los colegios deberán contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, el reglamento debe consagrar las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.
La iniciativa también dispone que los Consejos Escolares de los establecimientos subvencionados tendrán entre sus funciones promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Aquellos colegios que no tengan consejo escolar deberán crear un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad de similares características que cumpla las mismas funciones.
Además, se ordena la creación en todos los establecimientos educacionales de un encargado de convivencia escolar que será responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia y que deberán constar en un plan de gestión.
El texto define buena la convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
El proyecto define acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional, por estudiantes, que en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.
Más adelante, establece que los estudiantes, padres, apoderados, equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. En ese sentido, advierte que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, por parte de quien detente una posición de autoridad sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como, también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.
Añade que los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante, de las cuales tomen conocimiento.
El texto establece que si las autoridades del establecimiento no adoptan las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno dispone podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 UTM, que se duplicarán en caso de reincidencia.
En el debate en la Sala intervinieron los diputados Denise Pascal (PS), María José Hoffmann (UDI), Mario Venegas (DC), Germán Verdugo (RN), María Antonieta Saa (PPD), Miodrag Marinovic (Indep), Hugo Gutiérrez (PC), Manuel Rojas (UDI), Sergio Ojeda (DC), Cristina Girardi (PPD), Carlos Montes (PS), Cristián Letelier (UDI) y Marcos Espinosa (PRSD).
El proyecto vuelve ahora al Senado, en tercer trámite constitucional, para que se pronuncie sobre el texto despachado por la Cámara.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS