CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El diputado, Sergio Ojeda (DC), presidente de la Comisión, inició la sesión solicitándole a Nicolás Terrazas, explicaciones respecto de las denuncias hechas por funcionarios de la Secretaría Ministerial de Vivienda en sesiones anteriores sobre las inhabilidades que le afectarían para desempeñar su cargo y las presiones que él habría realizado el 26 de abril para que se modificara el informe de evaluación que inicialmente rechazaba el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.

Frente a estas dudas, Terrazas explicó que asumió el cargo en abril del 2010, momento en que el proyecto HidroAysén ya estaba siendo analizado por el evaluador Fernando Miranda, quien se mantuvo en el análisis del proyecto.

Sobre sus inhabilidades para ejercer el cargo, señaló que “en marzo, tomo conocimiento de que mi padre había asesorado a la AG Baker en un contrato de compra-venta y arriendo con la empresa HidroAysén -eso todavía no es motivo de inhabilidad, ya que mi padre no participa en ninguna negociación, él lo único que hace es defender los intereses de la empresa al asesorarlos en este contrato- ese contrato tenía una serie de condiciones y una de ellas era que se aprobaran las represas, por lo tanto, ahí está el motivo de mi inhabilidad”.

Por esta razón, el Seremi de Vivienda puntualizó que el 7 de abril se abstuvo de seguir en el proceso a través de una carta enviada a la Ministra de Vivienda. Sin embargo, descartó además, frente a la duda de los parlamentarios de Concertación, que sus inhabilidades hubiesen tenido que ver también con los terrenos que poseía su hermano en las zonas inundables de HidroAysén.

“Yo no tenía idea de que los terrenos de mi hermano se inundaban, no es competencia del Ministerio de Vivienda analizar la capacidad de inundación de los terrenos”, indicó, especificando además que estos terrenos de 8 hectáreas, habrían sido comprados por su hermano en el año 2006.

Respecto a las acusaciones hechas por funcionarios de su Seremía sobre participaciones que él habría tenido luego de estar inhabilitado, Terrazas setenció que “eso es falso, yo nunca participé de la elaboración del documento, el documento debía salir con fecha 25 de abril, ese era el plazo, por lo tanto, el día 26 ya estaba atrasado el documento y obviamente ese retraso me lo informan porque no estaba en la pagina del Servicio de Impacto Ambiental, lo único que hago es hacerle un seguimiento”.

Asimismo, descartó el haber modificado el informe, “el pronunciamiento oficial era uno, yo me abstuve del proceso y yo creo que sería más conveniente que le preguntaran a la persona que elaboró el informe”, refiriéndose a Rosa María Toro, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremía de Vivienda.

En cuanto a las aclaraciones hechas por Terrazas, el diputado Enrique Accorsi (PPD), puso en duda el hecho de que Terrazas no conociera mayormente las actividades de su padre y hermano. “Si lo dice tendremos que creerle pero si uno está trabajando en un proyecto que está en boca de todos en la región, el que no sepa las actividades de su padre y hermano, me queda la duda razonable, la situación me parece bien poco clara, precisa y creíble”.

Sin embargo, el diputado Gustavo Hasbún (UDI), dijo que “queda claro que aquí no hubo un conflicto de interés. Hay que aclarar que el proyecto HidroAysén ingresó recién el 2008 y por lo tanto, es imposible que existiera un conflicto de interés con la compra de terrenos el 2006. Sería bueno que la Jefa de Desarrollo Urbano viniera porque es la responsable del informe final y no insistir con un Seremi que se inhabilitó y que no tuvo que ver con el desarrollo del mismo”.

El diputado Hasbún dijo además que la instancia “no se puede hacer cargo de pruebas a “oídas”” ante lo cual el diputado y presidente de la comisión, Sergio Ojeda (DC), sentenció que “no estamos actuando en base a testigos de oídas, aquí hubo tres testigos que señalan que Terrazas habría participado en el cambio de informe”.

Seremi del MIDELAN

Luego de la intervención de Terrazas, la Comisión Investigadora escuchó la defensa de la Seremi del Ministerio de Planificación, Geoconda Navarrete, quien fue consultada por las denuncias hechas por el evaluador Gustavo Saldivia, quien señaló que la autoridad le habría solicitado cambiar el informe de evaluación debido a supuestas presiones del Jefe de Gabinete del Ministro Felipe Kast.

Navarrete descartó de plano la información, y aclaró que es el Seremi de Planificación quien está facultado por ley para poder pronunciarse en estos aspectos, dentro de lo que la ley indica, “lo que recibo son insumos por parte de los funcionarios, tanto en el área ambiental, como en otras áreas, por lo tanto, los antecedentes que el funcionario me entrega son insumos que yo tengo que tener en consideración a la hora de emitir mi juicio”.

“Aquí no ha habido cambio de informes, empezamos un informe con el evaluador pero llega un momento en que las evaluaciones estaban llenas de juicios de valor y eso me hace meterme más en el informe”, aclaró, junto con admitir haber llamado al funcionario “pero no para cambiar el informe, sino que cuando él prepara su propuesta tiene la facultad de calificarla, facultad que yo no tengo, por lo tanto, cuando me doy cuenta que lo que él me ha enviado no es la visión que yo tengo, le pido que cambie la clasificación, pero no el informe, cuestión a lo que se niega”, detalló Navarrete.

La Seremi concluyó su exposición denunciando haber recibido amenazas, “cuesta desempeñarse como autoridad cuando uno tiene que tomar decisiones importantes. Me siento tranquila de las decisiones que me ha tocado tomar en represtación de mi ministerio”, dijo.

El diputado Patricio Vallespín (DC) dijo frente al testimonio que “acá hubo versiones anteriores de evaluadores que fueron cambiadas posteriormente, el proceso iba hacia un estilo, el de la no aprobación y finalmente eso se cambia, entonces, qué sentido tiene cambiar las propias observaciones que históricamente se estaban señalando, por qué cambiar el enfoque”.

Finalmente, el diputado de la zona, David Sandoval (UDI) aclaró que gran parte de las observaciones que emanaron del informe de esta instancia era que no habia coincidencia respecto de la información que se entregaba sobre una serie de materias de orden de localizacion poblacional de traslado de trabajadores y los efectos que esto iba a tener en las localidades. "A mí me parecen observaciones no sustantivas respecto de lo profundo del proyecto, que el evaluador debería haber manifestado", indicó.