Con 110 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación en primer trámite constitucional y despachó al Senado un proyecto de ley de origen parlamentario que modifica el Código de Procedimiento Civil para declarar inembargables los bienes destinados a la rehabilitación de discapacitados y los fondos de ahorro para la vivienda.
La iniciativa legal se inició en dos mociones parlamentarias: una (boletín 7720) presentada por los diputados UDI, Nino Baltolu, José Antonio Kast, Celso Morales, Iván Norambuena, Carlos Recondo, Felipe Salaberry, David Sandoval, Marisol Turres, Ignacio Urrutia y Enrique Van Rysselberghe; y otra moción (boletín 7877) suscrita por los diputados Pedro Araya (PRI), Pepe Auth (PPD), Pedro Browne (RN), Fuad Chahín (DC), Juan Carlos Latorre (DC), Alberto Robles (PRSD), Jorge Sabag (DC), Alejandra Sepúlveda (PRI), Víctor Torres (DC) y Matías Walker (DC).
La idea matriz de ambos proyectos consistía en declarar la inembargabilidad de los bienes destinados a la rehabilitación de personas con discapacidad y los fondos depositados en libretas de ahorro para la vivienda, respectivamente. Las dos mociones fueron refundidas, con autorización de la Sala, durante su tramitación en la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara.
Los autores proponen que aquellos bienes vinculados a la rehabilitación de las personas que poseen cierto grado de discapacidad sean considerados por ley como inembargables en razón a la noble y justa función para los cuales son destinados. Agregan que dicha inembargabilidad constituye una garantía efectiva para la continuidad del tratamiento en que la rehabilitación es un elemento condicionante, dado que es una herramienta indispensable para maximizar la inclusión social de los afectados por la discapacidad.
El proyecto despachado por la Cámara de Diputados es de artículo único y agrega dos nuevos numerales al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, que detalla los bienes y activos que son inembargables en los juicios ejecutivos, incorporando entre estos a los fondos depositados en una libreta de ahorro para la vivienda, con un tope de 50 UF, y aquellos que correspondan a ayudas técnicas para personas con discapacidad, sin atender a su origen o forma de adquisición.
Agrega esta reforma que también son inembargables los vehículos adquiridos por una persona con discapacidad, dentro del territorio nacional. Precisa, sin embargo, que podrán embargarse los vehículos adquiridos por una persona con discapacidad por el acreedor prendario que otorgó el crédito para financiar la adquisición de dicho vehículo y en los casos en que la prenda se constituya en favor del Fisco.
El proyecto fue informado en la Sala por el diputado Enrique Accorsi (PPD), de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, y en el debate intervinieron los diputados Enrique Van Rysselberghe (UDI), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), David Sandoval (UDI), Lautaro Carmona (PC), Giovanni Calderón (UDI), Alfonso De Urresti (PS), Alberto Robles (PRSD), Ignacio Urrutia (UDI), Víctor Torres (DC), Denise Pascal (PS), Jorge Ulloa (UDI), René Manuel García (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Alejandra Sepúlveda (PRI), José Pérez (PRSD), Manuel Rojas (UDI), Matías Walker (DC), Nino Baltolu (UDI), Issa Kort (UDI), Jorge Sabag (DC), Andrea Molina (UDI), Cristian Letelier (UDI), Mónica Zalaquett (UDI) y Felipe Salaberry (UDI).
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