Diputados de diversas bancadas valoraron la aprobación en la Cámara de la propuesta de Comisión Mixta del proyecto que regula la instalación de antenas celulares, el que debe ser ahora ratificado por el Senado. Sólo diputados del PPD rechazaron la iniciativa, que a su juicio no soluciona el problema de las antenas ya existentes.
Al respecto, el diputado radical Marcos Espinosa indicó que “estoy muy satisfecho porque hemos llegado a acuerdo y por fin legislamos sobre una materia muy sentida de la ciudadanía. Con esta ley, los chilenos pueden sentirse más protegidos y seguros porque existirán medidas más restrictivas y mayores requisitos para su instalación, lo que quiere decir que hemos puesto fin a la proliferación desatada de antenas celulares”.
Junto con destacar que la comunidad podrá conocer el proyecto desde un inicio, el legislador precisó que “si bien nos hubiese gustado que esta ley fuera retroactiva, creemos que esto es un cambio muy positivo porque se podrá regular que no se instalen más de dos antenas en 100 metros a la redonda y se le exigirá a las compañías la presentación de propuestas para mejorar el entorno como por ejemplo áreas verdes o nuevos espacios públicos en los 250 metros a la redonda del emplazamiento”.
Se eliminan vacíos legales
El presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Gustavo Hasbún (UDI), destacó que la iniciativa permitirá reglamentar una materia donde en la actualidad “existían muchos vacíos legales”.
Agregó que “se van a identificar las zonas saturadas y las zonas sensibles; en el caso de las saturadas, obviamente, no van a poder existir más de dos torres de soporte de antenas celulares por zona alrededor de 100 metros a la redonda”.
El parlamentario destacó las ventajas en el plano medioambiental y de salud que trae consigo la aprobación de esta iniciativa. “Vamos a quedar dentro de los cinco países con las normas más estrictas de la OCDE y por lo tanto eso también va a proteger el derecho de cada una de las personas que han visto vulnerados sus derechos, sobretodo en el último tiempo, por la proliferación de antenas celulares debido a los vacíos legales existentes”, enfatizó.
Mejoras en la institucionalidad
Por su parte el diputado Leopoldo Pérez (RN), integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, destacó que “se pasa de cero institucionalidad a un marco regulatorio que al fin le otorga atribuciones a la ciudadanía y a los municipios, que son los que día a día tienen que lidiar con las instalaciones de esta infraestructura que es necesaria para el país, pero que nadie lo quiere cerca
Tras esto, el legislador explicó que “lo que busca esencialmente esta ley es disminuir el número de torres, no de antenas. Y esto es importante aclararlo: Las antenas siempre van a existir, pero ahora pueden estar instaladas en torres tradicionales que todo el mundo conoce, aprovechar la infraestructura existente, ya sea edificio, instalaciones en monumentos y obras de artes”.
Decisión de los municipios
El diputado independiente Pedro Velásquez enfatizó que ahora se requerirá permiso de instalación por parte de la Dirección de Obras Municipales de la comuna donde quieran ser instaladas las antenas.
Al respecto, el parlamentario señaló que uno de los puntos importantes de este proyecto es que “ahora las municipalidades son quienes deben determinar mediante una ordenanza los lugares en que preferentemente se tendrá derecho a instalar este tipo de torres. Además, la ordenanza también establecerá las tarifas que cada municipio cobrará por el derecho de uso de ese espacio, además de otros antecedentes como una solicitud suscrita por los propietarios del terreno donde se instalará la torre”.
Rechazo al proyecto
Una opinión distinta plantearon los diputados PPD Patricio Hales y Rodrigo González, quienes rechazaron la iniciativa debido a que “consagra todas las antenas instaladas y que hoy día están perjudicando a las personas”.
Al respecto, el diputado Hales señaló que “si hoy día un barrio tiene más de dos antenas en un radio de 100 m2., o tiene un bosque de antenas, la ley autoriza a que una nueva empresa pueda instalar una nueva antena en la medida que la disfrace o regale un poco de plata equivalente al 30% del valor de la antena para poner ligustrinas en el parque más cercano o arreglar un pedazo de una ciclovía”. Aseguró que “cualquier ciudadano comprende que por más plantas que haya en la plaza o por mucho que ande en bicicleta no se resuelve el problema de las antenas instaladas”, aseguró.
En tanto, el diputado González sostuvo que “esta ley tiene todavía numerosas insuficiencias que no van a satisfacer la inmensa demanda y la deuda que tiene el país con las comunidades que lucha contra las antenas porque afectan la salud y deterioran la plusvalía de sus propiedades”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS