La Comisión de Educación, presidida por la diputada Camila Rojas (Comunes), aprobó y despachó por unanimidad a la Sala el proyecto, originado en moción, que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19 (boletín 13585).
El texto establece en un artículo único, que los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados, deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.
Indica que, dicho plan, deberá contener y explicitar medidas extraordinarias tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras, para aquellos padres y apoderados que hayan perdido su empleo a consecuencia de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del COVID-19, o se encuentren acogidos a la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo o la ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley nº 19.728, en circunstancias excepcionales.
Además, se introduce un artículo transitorio nuevo que indica que los planes a los que alude esta ley, deberán ser elaborados por los establecimientos educacionales dentro del plazo de un mes desde publicada la norma, incluyendo las medidas ya implementadas. Los alumnos que se acojan a esto, tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, sin poder cancelar o impedirse su renovación de matrícula.
El texto, que se encuentra en primer trámite constitucional, será informado a la Sala por el diputado Mario Venegas (DC).
