CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Continúa debate del proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias (boletín 14013) en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Una valoración positiva de la iniciativa tuvo la fiscal Ymay Ortiz, directora de la Unidad de DD.HH., violencia de género y delitos sexuales. Sin embargo, señaló que es necesario considerar el proyecto de Ley Antonia y el que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto, para establecer un rango similar entre las normas que se contemplan para cumplir, efectivamente, con el objetivo de protección de las víctimas.

En términos particulares, destacó la importancia de señalar, claramente, quiénes son las beneficiadas con la iniciativa, ya que la redacción actual quedaría confusa. También destacó la importancia de establecer una mejor coordinación para las denuncias de desaparición entre las diversas instituciones que participan en este caso.

Junto a aquello, llamó la atención sobre la “novedad” que significa proponer la posibilidad de solicitar el cambio de fiscal “sin expresión de causa”. Esto generaría conflictos, considerando la orgánica de la institución, pues hay localidades donde incluso solo existe un fiscal. Además, agrega que esta modificación tendría carácter de orgánico constitucional.

Protección de las víctimas

Luego, expuso Erika Maira, gerenta de la División de atención a víctimas y testigos, del Ministerio Público. La abogada también valoró el proyecto, asegurando que ayuda a la cultura jurídica que, en general, carece de esta formación.

En cuanto a los comentarios sobre la norma en debate, destacó lo complejo que es garantizar una indemnización a las víctimas. Por lo tanto, explicó que es necesario generar procedimientos que permitan ejercer la acción civil de perjuicios por esta vía.

Donde marcó un especial énfasis fue en la garantía de rehabilitación de traumas físicos y psicológicos de las víctimas. Erika Maira explicó que, actualmente, la fiscalía solo cuenta con recursos para apoyar a las víctimas durante el proceso penal.

“No existe, en Chile, un circuito o construcción completa que permita proteger y apoyar a las víctimas de violencia de la mujer”. aseguró. La abogada lamentó que, al culminar el proceso, las víctimas no tienen un acompañamiento garantizado que les permita tomar un nuevo proyecto de vida.

Víctimas de femicidio

Este punto también fue destacado en la intervención de Claudia Neira, quien hace 16 años sobrevivió a un intento de femicidio. Pero, lamentablemente, este hecho de violencia le costó la vida a su hija de 6 años, Javiera.

Claudia relató a las parlamentarias presentes en la comisión el dramático acontecimiento y las secuelas físicas y psicológicas que sufre hasta hoy. Aseguró que, desde el Ministerio Público, vivió una constante revictimización y que no tiene ninguna ayuda del Estado en los tratamientos que requiere.

Además, llamó la atención de que, si el proyecto se convierte en ley, la norma tenga un efecto retroactivo. Pues no pueden volver a ser “castigadas” las mujeres víctimas de violencia solo porque esta ocurrió previo a la publicación de una ley.

Este punto fue acogido por las diputadas, que acordaron solicitar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el patrocinio al proyecto. Esto, con el fin de contar con los recursos necesario para una buena implementación de la normativa.

Las legisladoras también acogieron el llamado realizado por Rosa Romero, madre de Francisca Moll, víctima de suicidio feminista. En su presentación ante la comisión solicitó el reconocimiento como un delito de este tipo de suicidio. Frente a esto, las diputadas señalaron que insistirán en la conformación de la comisión mixta para el análisis de la Ley Antonia.