Sala despachó al Senado proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería
La iniciativa, además, crea el delito de extorsión y permite a Gendarmería de Chile acceder al Banco Unificado de Datos para un mejor cumplimiento de sus funciones.
Con un respaldo transversal, la Sala aprobó el proyecto que permite que Gendarmería participe en investigaciones al interior de los recintos penales (boletín 15561). La norma, despachada al Senado, establece que la institución podrá participar en carácter auxiliar de investigaciones, donde el Ministerio Público podrá impartirle instrucciones.
El informe de la Comisión de Constitución, que analizó el proyecto del Gobierno, lo presentó en la Sala el diputado Marcos Ilabaca (PS). Aquí, explicó que, con esta norma, Gendarmería intervendrá no sólo en hechos ocurridos dentro del recinto penal, sino también porque se necesita realizar investigaciones en él respecto de hechos ocurridos en otros espacios.
Junto a aquello, la iniciativa integra a Gendarmería a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. El objetivo es que la institución pueda aportar al buen funcionamiento del sistema procesal penal y participar en acciones en conjunto con otras instituciones.
Otras normas
El proyecto también sanciona a quien, sin estar autorizado, facilite el ingreso a recintos penales de aparatos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior. Agrega que, si esta conducta es cometida por un empleado público para facilitar la comisión de delitos se aumentará en un grado la pena respectiva. Esto, junto a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
Además, señala que, quien por un provecho patrimonial para sí o para un tercero obligue a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas para el culpable de robo.
En el informe se explicó que, con este reemplazo, se pretende consagrar una norma de disposición patrimonial mediante coacción de forma amplia. Pero no se limitan sus medios comisivos.
Finalmente, el texto permite que Gendarmería pueda usar información del Banco Unificado de Datos (BUD) para sus funciones de custodia de personas privadas de libertad.
Debate
En la discusión intervinieron Mauro González (RN), Daniel Lilayu (UDI), Fernando Bórquez (IND), Paula Labra (IND), Andrés Celis (RN), Nelson Venegas (PS), Marta González (IND), Catalina Pérez (RD), Francesca Muñoz (IND), Francisco Pulgar (IND), Luis Malla (PL), Juan Carlos Beltrán (RN), Stephan Schubert (PREP), Enrique Lee (IND), Alejandro Bernales (PL), Joanna Pérez (IND), Andrés Jouannet (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Karol Cariola (PC), Gustavo Benavente (UDI), Christian Matheson (IND) y Tomás De Rementería (IND).
Si bien en su mayoría manifestaron su respaldo a la medida, muchos expresaron que no es suficiente y que hay otros ámbitos urgentes de resolver. Entre estos, destacaron la necesidad de aumentar el personal de la institución y mejorar sus condiciones laborales. Además, se hizo hincapié en las precarias condiciones de muchos centros de reclusión que evidencian hacinamiento y mala calidad de la infraestructura.
Frente a ello, el ministro de Justicia, Luis Cordero reconoció que las condiciones en muchos recintos penales son deficitarias. Pero resaltó que durante esta administración se trabaja en recuperar sus instalaciones.
Sin embargo, advirtió que la situación de la población penal en el futuro “no será buena”. Aseguró que, desde 2020 a 2022, ésta aumentó de 40 mil a cerca de 46 mil personas privadas de libertad. Dicha tendencia continúa en 2023 y tiene su origen en el aumento de prisiones preventivas. De seguir así, señaló que, en 2025, la población penal puede llegar a las 50 mil personas.
Frente a tal situación, sostuvo que aprobar el proyecto es “esencial para el combate del crimen organizado”. El ministro remarcó el rol “clave” de Gendarmería en la persecución del crimen organizado. Y aseguró que el proyecto avanza en fortalecer esta función como “un actor central en el sistema de justicia criminal”.