CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Conforme a las normas reglamentarias, esta semana se constituyó la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno relacionados con posibles errores de cálculo en la dictación de decretos AUGE y los perjuicios que ello pudiera haber ocasionado, instancia aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados el pasado 8 de junio.

El grupo parlamentario se reunió cerca de las 16:00 horas del pasado miércoles 22 y definió encargar su conducción a la diputada radical Marcela Hernando y sesionar los días lunes, entre las 10:30 y las 12:00 horas en la sede de Santiago de la Cámara de Diputados.

La diputada informó que se determinó que los primeros invitados para la sesión del 4 de julio serán la actual titular del Fonasa, Jeanette Vega, así como el director de dicho organismo durante la administración de Sebastián Piñera, Patricio Muñoz, dado que son los decretos emitidos bajo sus mandatos los que son objeto de las indagatorias de la Comisión y a que el Fondo Nacional de Salud marca el foco, porque el error cometido en el decreto que tuvo que enmendarse dice relación con las patologías incluidas, los aranceles y los copago.

La legisladora detalló que la agenda de invitados quedará estrechamente relacionada con lo que expongan los concurrentes de la primera sesión, aunque confidenció que ya se estudia la posibilidad de convocar a la Ministra Carmen Castillo, al exministro Jaime Mañalich y a los superintendentes.

Cabe mencionar que la instancia está conformada, además de la diputada Hernando, por los diputados Juan Luis Castro (PS), Karol Cariola (PC), José Antonio Kast (IND), Javier Macaya (UDI), Víctor Torres (DC), Sergio Espejo (DC), Miguel Ángel Alvarado (PPD), Karla Rubilar (IND), Jorge Rathgeb (RN), Christián Urízar (PS), Gustavo Hasbún (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) .

Mandato

La Comisión, solicitada por 72 diputados, deberá abordar la actuación de los organismos que intervinieron en el proceso de elaboración de los citados decretos; los posibles errores de cálculo de los aranceles de las patologías contenidas en ellos; los eventuales errores en el cálculo de la frecuencia del copago, en atención al costo de las patologías cubiertas.

La instancia, tendrá un plazo de 30 días -desde su constitución- para rendir su informe y, también, deberá dar cuenta del eventual perjuicio fiscal sufrido por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y para las personas beneficiarías del plan de salud, por los errores técnicos señalados.

A su vez, deberá evaluar otras acciones de fiscalización que puedan emprender los órganos competentes de la Administración del Estado, como la Contraloría General de la República, en relación con los hechos enunciados, en especial a la responsabilidad administrativa o funcionaria que de dichos hechos se derive.

Asimismo, tendrá que investigar exhaustivamente cuáles son los organismos que intervienen en la elaboración del decreto respectivo y, en particular, conocer cómo opera el "Consejo Consultivo" en lo respectivo a:

a. Criterios utilizados para determinar la realización de estudios técnicos que puedan servir como antecedentes para la elaboración del decreto.
b. Listado taxativo de los estudios efectivamente realizados, especificando si existió o no aprobación de los resultados que los referidos estudios arrojaron.
c. Conocer el organismo/persona encargado/a de la elaboración de las bases de licitación, por las cuales se convoca a la realización de dichos estudios.

Finalmente, se contempla la presentación de sugerencias de modificación normativa en cuanto a las facultades y atribuciones de los órganos competentes en materia de fiscalización del cumplimiento y elaboración del decreto que aprueba las garantías explícitas en materia de salud, de acuerdo al mérito de la investigación; y determinar las responsabilidades involucradas.