CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Irregularidades en los procesos de licitación en el programa de alimentación de los años 2014 y 2015 llevados a cabo por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), responsabilidades administrativas de sus autoridades y variadas debilidades en la institucionalidad de la entidad pública son parte de las conclusiones del informe único de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que se abocó a estudiar este tema.

El presidente de la instancia, diputado Manuel Monsalve (PS), tras valorar que el texto haya sido aprobado unánimemente por los miembros de la instancia, especificó que las conclusiones están destinadas a cuatro áreas centrales en las que se formaron convicción:
1. La necesidad de fortalecer la institucionalidad de la Junaeb, porque maneja un presupuesto de más de 900 mil millones de pesos y presta servicios esenciales, como por ejemplo del servicio de alimentación a niños y jóvenes vulnerables que asisten a los establecimientos educacionales.

"Eso no se puede hacer bien con una institucionalidad que data de la década del 60; que tiene una baja dotación de personal; que tiene menos del 10% de sus funcionarios en condiciones de titulares; que no tiene unidades especializadas para tareas que son esenciales, como por ejemplo, para llevar adelante el programa de alimentación escolar, que son más de 540 mil millones de pesos; y que implica, además, llevar adelante este proceso de licitación", remarcó.

2. Proteger los derechos de estabilidad laboral de 45 mil mujeres que se desempeñan como manipuladoras de alimentos en los establecimientos educacionales.

3. Mejorar la capacidad fiscalizadora para verificar que lo que contrata el Estado como ración alimenticia sea lo que finalmente llegue a los niños.

4. Revisar el proceso de licitaciones. "La Comisión también tiene la convicción que hubo irregularidades en los procesos de licitación y que hay responsabilidades administrativas y políticas, que de hecho se asumieron con la salida del anterior director nacional de la Junaeb", puntualizó.

Datos del Informe

En su primer capítulo, el Informe establece que el modelo de concesiones de la Junaeb presenta dificultades, por lo que se propone realizar modificaciones de fondo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde el Estado tome un rol más protagónico y directo, particularmente en aquellos territorios de alta vulnerabilidad social.

Luego, el texto remarca la debilidad institucional, en especial para atender grandes cantidades de recursos públicos. "Según antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, la dotación de la Junaeb se compone de 1.100 personas, de las cuales sólo 65 pertenecen a la planta. En lo particular del PAE, sólo se relacionan con el Programa 91 personas (8,2% de la dotación total), de las cuales 8 son de planta, 75 a contrata y 8 a honorarios. Esto es radicalmente opuesto y desproporcionado con el hecho de que del total de los $924.532.032 miles que componen el presupuesto total de Junaeb, el 60% se destine al PAE", se detalla.

En este capítulo se denotan responsabilidades de carácter administrativas en el caso del ex director nacional de la Junaeb, José Miguel Serrano, así como de los funcionarios sometidos a los efectos de los sumarios actualmente en curso y los que solicitó la Contraloría.

El nforme observó las siguientes deficiencias institucionales, en línea con lo plantado por la Contraloría: insuficiencia de capacidades para procesos licitatorios de alta complejidad; debilidades de control en la prevención o detección de conflictos de intereses entre funcionarios y empresas proveedoras; insuficiente supervisión respecto del cumplimiento de las empresas (78 funcionarios para inspeccionar 9000 establecimientos); falta de una unidad de Gestión del PAE para el análisis de las empresas desde el punto de vista técnico y financiero; ausencia de definición de perfiles de cargo que permita contar con personal más idóneo; alta rotación de directivos y del Secretario General de la Junaeb; deficiencia en los sistemas informáticos y en el control de los alumnos beneficiarios del PAE; y falta de un reporte mensual de desempeño de los proveedores.

Otros problemas detectados apuntan a la amplitud de las macrozonas (tres macrozonas que comprenden 101 unidades territoriales); oportunidad de los llamados a las licitaciones, ya que cuando ellos fallan se debe recurrir al trato directo, lo que hace más permeable el sistema; y falta de un vínculo contractual entre la Junaeb y el encargado del PAE, ni de este con la empresa concesionaria, por lo que no se le puede exigir al encargado el cumplimiento de indicadores de desempeño o metas.

En su tercer capítulo, se constata una serie de falencias a nivel de infraestructura y de herramientas que poseen las manipuladoras de alimentos para desarrollar su labor, además de problemas relativos a sus derechos laborales, respecto de los cuales se llamó a buscar mejoras. "Se puede advertir que las manipuladoras de alimentos desarrollan su labor en un complejo ambiente, en donde hay precarias condiciones de infraestructura y de indumentaria apropiada para desarrollar su trabajo. Asimismo, la seguridad laboral de las mismas no ha sido lo suficientemente estudiada y se advierten numerosos problemas en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales", se acotó.

El cuarto capítulo determinó que "las empresas que participan en los procesos licitatorios tienen diversas falencias que amenazan o perturban la adecuada provisión del servicio", entre otros: conflictos de interés, concentración del mercado, escasa sostenibilidad financiera y comercial y maltrato laboral.

Finalmente, en el marco de propuestas, la Comisión planteó requerir del Ministerio de Educación que incluya una reforma al PAE en el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública, de modo de que el programa deje de ser un beneficio aislado del establecimiento escolar, sino que integrado a ella.

También se llama a ejercer una fuerte fiscalización y presencia del Estado en las empresas que proveen el servicio, velando por la adecuada nutrición y alimentación de los niños y niñas del país y por los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos y del resto de trabajadores que se dedican a este rubro; dotar a los funcionarios de la Junaeb de la calidad de fiscalizadores; establecer nuevas incompatibilidades entre exfuncionarios y empresas licitantes; realizar una modificación armónica y sostenible de las macrozonas y de las unidades territoriales; y efectuar un rediseño de la institucionalidad de la Junta y generar mejores condiciones laborales; definir políticas públicas de largo plazo, entre otros.