Volver
Publicado 06/03/2012 14:35:02

Ministro de OO.PP. informó a Comisión Investigadora sobre iniciativas para enfrentar la escasez de agua

Parlamentarios de la Comisión Investigadora de Extracción Ilegal de Agua y de Áridos solicitaron al Ministro de Obras Públicas que no se concedan nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas que se encuentran agotadas, como ha estado ocurriendo.

Parlamentarios de la Comisión Investigadora de Extracción Ilegal de Agua y de Áridos solicitaron al Ministro de Obras Públicas que no se concedan nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas que se encuentran agotadas, como ha estado ocurriendo.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la extracción ilegal de aguas y de áridos de los ríos del país sesionó este lunes en el edificio del Congreso en Santiago para recibir el testimonio del Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, quien expuso a los parlamentarios las diversas iniciativas que está llevando adelante el Gobierno para hacer frente a la situación de aguda escasez de recursos hídricos que viven diversas zonas del país.

El Secretario de Estado compareció ante la instancia fiscalizadora acompañado de los titulares de la Dirección General de Aguas (DGA) y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ambas dependientes del Ministerio, quienes a su vez dieron cuenta de los programas de fiscalización aplicados por dichos servicios para combatir la extracción ilegal de aguas y de áridos desde los cauces de los ríos.

En la oportunidad, los diputados que integran la Comisión plantearon diversas inquietudes al representante del Ejecutivo que dicen relación con situaciones que afectan a sus distritos y que son materia de investigación de la instancia, entre ellas la necesidad de que los órganos públicos fiscalicen con mayor rigor para prevenir y sancionar la usurpación de aguas. Asimismo, con particular énfasis, solicitaron que no se sigan otorgando derechos eventuales o provisorios de aprovechamiento de aguas en aquellas cuencas que ya se encuentran agotadas.

El ministro Golborne partió informando que el pasado 18 de enero, el Gobierno ingresó a trámite a la Cámara de Diputados y al Senado sendos proyectos de ley que modifican el marco normativo que rige las aguas con el propósito de reforzar la fiscalización y sanciones, así como perfeccionar los títulos de derechos de aprovechamiento de los recursos hídricos.

Respecto a la situación de sequía y de escasez hídrica que afecta gravemente a vastas zonas del norte y la zona central del país, el ministro puso de relieve que las autoridades adoptaron en su oportunidad medidas para mitigar su impacto y garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano. “El ejemplo más claro de esto es la situación de agua potable para la ciudad de Santiago: si hace ocho meses no hubiésemos tomado medidas, comprando los derechos de agua de generación eléctrica para almacenar 50 millones de metros cúbicos en el embalse El Yeso, no tendríamos el agua garantizada para la capital este año 2012; esas medidas se tomaron a tiempo y gracias a eso Santiago no tendrá problemas este año”, indicó.

Sobre la misma materia, el Secretario de Estado enfatizó que “hay problemas serios y profundos en materia de aguas que dicen relación con la propiedad y con los derechos otorgados en exceso. Tenemos situaciones más críticas como la de Copiapó, donde hay derechos otorgados por cinco veces la cantidad de recursos hídricos disponibles en la cuenca. Eso ocurre por distintas razones históricas y hay que buscar soluciones, pero no es un tema simple, porque están involucrados garantías constitucionales y derechos de propiedad, por lo que hay que buscar acuerdos de largo plazo”.

Respecto a la necesidad de generar fuentes de agua, el ministro señaló que están prontos a dictarse los reglamentos requeridos para aplicar medidas como la infiltración de napas subterráneas y se prepara un plan piloto en la cuenca del río Aconcagua para tal fin. En el mismo sentido descartó iniciativas como construir grandes y extensos canales para llevar agua desde cuencas abastecidas a zonas de escasez o una “carretera hídrica” a través del mar, por sus enormes costos económicos y baja rentabilidad social.

Respecto a infraestructura de riego, Golborne sostuvo que el Presidente Piñera ha pedido desarrollar durante su periodo un programa de construcción de cuatro embalses: Chironta, en la Región de Arica Parinacota; Valle Hermoso, en la Región de Coquimbo; Chacrillas, en la Región de Valparaíso; y Punilla, en la Región del Biobío.

“La Comisión Nacional de Riego definió un programa para incorporar mil millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de aguas en los próximos diez años. Chile tiene hoy unos 4.100 millones de metros cúbicos, con los embalses en construcción podemos llegar a 4.250 pero esperamos a través de un programa de diez años llegar a 5.500 millones de metros cúbicos. La voluntad política para ello trasciende a este gobierno pero en este periodo queremos dejar planteado el programa y los cuatro embalses programados”, especificó.

“La verdad es que un proyecto de embalse, desde su etapa de diseño, ingeniería, construcción e implementación no demora menos de diez años, por lo tanto no es una solución de corto plazo al problema que tenemos”, agregó.

Al término de la sesión, la diputada Andrea Molina (UDI), integrante de la Comisión y representante parlamentaria de la zona de Petorca, una de las más afectadas por la sequía y severa escasez de agua, valoró la comparecencia del ministro de Obras Públicas.

“Su presencia es muy relevante y era muy esperada para nosotros porque temas como la extracción ilegal de aguas y de áridos tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Las herramientas para fiscalizar que hoy tiene la DGA son insuficientes, no podemos depender del Ministerio Público y la justicia para terminar con los robos de agua. Además, se debe cambiar este esquema en que los municipios son juez y parte, porque deben fiscalizar la extracción de áridos pero también se benefician de ella; esto es un círculo vicioso que se da a nivel nacional, no solamente en nuestra región”, sostuvo la parlamentaria.

“Los proyectos de ley son fundamentales. Yo presenté un proyecto el año pasado para subir las multas y cárcel y el Gobierno las ha subido más de lo que nosotros propusimos. La verdad es que fue una exposición interesante, en un tema donde queda mucho por hacer”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Investigadora, la diputada Adriana Muñoz (PPD), que representa a la provincia del Choapa, otra zona asolada gravemente por la escasez hídrica, manifestó que “ha sido una reunión importante, de mucho trabajo, porque le planteamos al ministro un conjunto de temas que habían ido quedando pendientes en el debate en la Comisión, básicamente en lo que dice relación con los componentes de una política hídrica que debemos definir como país”.

“Ha sido preocupación de esta Comisión, y también telón de fondo de este debate, el sistema de propiedad del agua, sobre el cual tenemos miradas políticas muy distintas. Lo que requerimos hoy día son propuestas inmediatas para abordar, por ejemplo, qué sucede con los derechos de agua que solicitan las grandes mineras y transnacionales agrícolas, en cuencas de ríos que están agotadas, como en el caso del río Choapa. En Salamanca existen unas nueve solicitudes de derechos para aguas superficiales y subterráneas que tienen muy alarmados a los agricultores porque es una cuenca que el 2004 se declaró agotada”, expresó la congresista.

“Aquí ha quedado muy claro que se pueden hacer muchas solicitudes pero el otorgamiento de derechos de agua va a estar claramente definido por los criterios de la DGA en el sentido que si hay una cuenca agotada es imposible esa entrega. A mí me interesa dejar claro esto y creo que en el debate legislativo debe precisarse con más nitidez la imposibilidad de que la DGA entregue nuevos derechos de aprovechamiento en cuencas que están agotadas” añadió.

Finalmente, la diputada Muñoz informó que los integrantes de la Comisión acordaron entregar su borrador de informe el próximo 20 de marzo, a fin de que la instancia pueda finalmente evacuar sus conclusiones y propuestas en el curso de los primeros días de abril, tal como mandató la Sala de la Cámara.