El evento, a desarrollarse a partir de las 11:00 horas, estará encabezado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, y por el titular del Comité de Diputados para la Evaluación de la Ley / OCDE, Pablo Lorenzini. El estudio, entre varias metas, buscó determinar el grado de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador en esta normativa y visualizar los impactos o efectos no previstos o no deseados al legislar.
Con la especial participación del Presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans (UDI), y del titular del Comité de Diputados para la Evaluación de la Ley / OCDE, Pablo Lorenzini (DC), se presentará el próximo lunes 20 de enero, en el Congreso Nacional, sede Santiago, el informe de evaluación de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
El encuentro se iniciará a las 11:00 horas con el saludo de los diputados Eluchans y Lorenzini. Luego tomarán la palabra el director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, Paulo Egenau; el secretario ejecutivo de la Red de Reducción de Daños, Iván de Rementería; y el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, Jorge Valladares.
El informe será presentado formalmente por el director del Departamento de Evaluación de la Ley, René Arrayet, quien estará acompañado de su equipo técnico.
El Departamento de Evaluación de la Ley comenzó en julio de 2013 un análisis de los efectos y alcances de la Ley 20.000, la cual se encuentra vigente desde el 16 de febrero de 2005, tras una solicitud de los diputados Enrique Accorsi (PPD), Pablo Lorenzini (DC), Miodrag Marinovic (Ind), Cristina Girardi (PPD), Fernando Meza (PRSD), Marcos Espinosa (PRSD), Marcela Sabat (RN), Ricardo Rincón (DC), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier (PC), Orlando Vargas (PPD), Alejandra Sepúlveda (Ind) y Sergio Aguiló (IC).
En el oficio de solicitud, los legisladores recalcaron que la sociedad chilena cambió su percepción sobre este tema, tal como se demuestra en las llamadas redes sociales, denotándose una amplia discusión sobre la problemática. “Requieren de sus legisladores del análisis serio, informado y pluralista de este cuerpo legal para que así esté a la altura de las nuevas expectativas de la ciudadanía”, se precisa en el texto.
En esta línea, el norte fijado para el estudio fue determinar el grado de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador; visualizar los impactos o efectos no previstos o no deseados al legislar; identificar buenas prácticas; conocer la percepción de la ciudadanía sobre la aplicación de la norma; y proponer medidas correctivas.
Cabe recordar que el proceso de evaluación de la ley otorga especial relevancia a la participación de los ciudadanos y de las agrupaciones sociales, quienes pueden expresar sus opiniones, compartir información, hacer sugerencias y plantear sus inquietudes con el fin de contribuir a visualizar efectos secundarios inesperados y/o no deseados de las leyes.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS