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Publicado 04/03/2015 12:00:13

Comisión Investigadora del robo de concentrado de Codelco culminó trabajo con informe único

La instancia asignó responsabilidades a la plana mayor de la División de El Salvador y de Potrerillos, por las deficiencias en el control interno respecto de funciones tercerizadas y la administración del personal a cargo de dichos controles. Asimismo, se extiende una crítica a los directores de Codelco, por la insuficiente supervisión y falta de previsión en las políticas de fiscalización, así como por la excesiva externalización de funciones críticas. Adicionalmente, se pedirán las sanciones que correspondan a Codelco por no allanarse a responder un conjunto de oficios solicitados por la Comisión.

La instancia asignó responsabilidades a la plana mayor de la División de El Salvador y de Potrerillos, por las deficiencias en el control interno respecto de funciones tercerizadas y la administración del personal a cargo de dichos controles. Asimismo, se extiende una crítica a los directores de Codelco, por la insuficiente supervisión y falta de previsión en las políticas de fiscalización, así como por la excesiva externalización de funciones críticas. Adicionalmente, se pedirán las sanciones que correspondan a Codelco por no allanarse a responder un conjunto de oficios solicitados por la Comisión.

Por unanimidad fue aprobado ayer, tras nueve meses efectivos de trabajo, el informe final de la Comisión Investigadora sobre robo de concentrado de Codelco, asignando responsabilidades mayores a la plana ejecutiva de la División de El Salvador y de la Fundición de Potrerillos, y por extensión a los directores de la cuprífera estatal, por las deficiencias en el control interno de las plantas, particularmente a la vista de funciones externalizadas.

El presidente de la Comisión, diputado Lautaro Carmona (PC), dijo que se llegó a la conclusión que, a lo menos, hay dos causas muy vinculantes con el fenómeno del robo de concentrado: una exagerada externalización o tercerización de funciones de las empresas del Estado, que hicieron más fácil la comisión del delito; y una débil fiscalización interna respecto de dichas funciones externalizadas.

"La gran pregunta es por qué tareas, funciones que involucran una masa de diez trabajadores entre miles, debe ser externa y no pueden ser de la plata de Codelco, siendo que tienen funciones demasiado sensibles en el resguardo del patrimonio del Estado", cuestionó el legislador.

Informó que, bajo esta premisa, hay una recomendación a Codelco para que revise aquella externalización y de tranquilidad a todos los chilenos que se están tomando las medidas de prevención como corresponde.

"Las labores de fiscalización que tenía Codelco respecto de estos terceros es por doctrina débil y entonces la gran pregunta es: Cuando el sistema es débil, cuando a cuatro trabajadores les toca la función de inspeccionar en turnos de a dos, de doce horas; además, cuando estos trabajadores tenían por función no solo chequear que ingresaran los camiones a la fundición, sino que 15 tareas más ¿De quién es la responsabilidad? Y hemos llegado a la conclusión que hay responsabilidad directa de la gerencia general de la División, de la gerencia de Potrerillos, pero también de los directores de Codelco", especificó.

Sostuvo que estos directivos mantuvieron una mirada poco rigurosa en materia de fiscalización y poco preventiva, que facilitó, por una suerte de agotamiento del personal a cargo de la inspección, que se cometiera un robo de miles de toneladas de concentrado que hoy ya se encuentra acreditado también en la arista judicial.

El diputado Carmona comunicó que se remitieron a las presidencias de Codelco y Enami, que eran motivo de la investigación, recomendaciones concretas y directas y exigiendo respuestas en los plazos propios de una fiscalización, "de modo que la Cámara se autorrespete y juegue su real papel fiscalizador y que el aparato público de este país la tome en serio, porque lo que está en juego es el funcionamiento del aparato del Estado, más cuando se trata de temas de carácter económico".

Respecto de los oficios enviados y no respondidos por la cuprífera, hecho que de alguna forma estimó que bloqueó o boicoteó el mejor funcionamiento de la Comisión, anunció que se van a hacer las diligencias definidas por la ley para que sufran las sanciones respectivas. "No nos parece que no se nos respete", sentenció.

Finalmente, el legislador valoró la aprobación unánime del informe y recalcó que ello no debe sorprender por cuanto su constitución fue una construcción conjunta desarrollada a lo largo de la investigación. "Fuimos advirtiendo, reunión a reunión, por la vía de las preguntas, qué fenómeno estaba en juego aquí, de parte de todos los diputados de forma transversal. Valoro tremendamente esa disposición de todos mis colegas", resaltó.

La Comisión Investigadora fue aprobada el 9 de abril de 2014 tras la petición de 64 diputados. El objetivo fijado fue investigar todos los hechos vinculados a las denuncias sobre eventuales delitos cometidos en perjuicio de Codelco, en la División El Salvador, acaecidos en el contexto de transporte y recepción de concentrados de cobre, en virtud de diversos contratos y operaciones suscritos por la citada empresa estatal con particulares y las eventuales irregularidades en que se habría incurrido por parte de la Empresa Nacional de Minería, Enami, en el aprovechamiento de estos efectos sustraídos.

La instancia, constituida oficialmente el 7 de mayo de 2014, estuvo compuesta por los siguientes legisladores: Lautaro Carmona (PC), Germán Becker (RN), Sergio Gahona (UDI), Daniella Cicardini (PS), Jorge Insunza (PPD), Issa Kort (UDI), Luis Lemus (PS), Vlado Mirosevic (PL), Paulina Urrutia (RN), Yasna Provoste (DC), Ricardo Rincón (DC), Alberto Robles (PRSD) y Renzo Trisoti (UDI).