Durante la sesión, el Superintendente (S) explicó como se ha llevado a cabo el proceso de fiscalización a las empresas involucradas, en los reiterados cortes de suministro y cual es la situación en la que se encuentran los funcionarios de dicho organismo.
Hasta la Comisión Investigadora por calidad del servicio de Aguas del Valle concurrió el Superintendente (S) de Servicios Sanitarios, Gabriel Zamorano, quien entregó un informe a los diputados y explicó en detalle los procedimientos que el organismo ha adoptado para fiscalizar y evaluar la situación de las empresas que entregan servicios básicos en el norte del país.
Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD), insistió en que la Superintendencia es una institución vital y clave para todos los chilenos. Aclaró que concuerda con los dichos del Superintendente, pero sostuvo “es necesario agilizar lo que compete a las licitaciones y la participación ciudadana”.
“Vamos a investigar las conductas que nos parecen reprochables, pero, también, vamos a pedir una modernización de los servicios, porque en estos procesos, generalmente, la Superintendencia aparece justificando los procedimientos de las empresas y eso no debería ser así”, comentó.
En tanto, la diputada Yasna Provoste (DC) sostuvo que la Superintendencia no ha actuado con la rapidez y la anticipación que se requiere frente a los hechos señalados y que las situaciones de escasez hídrica en el norte del país ya son, prácticamente, un problema estructural.
“Nosotros no hemos visto una actitud de la Superintendencia de cumplir con el mandato otorgado por la ley y de ser los ojos respecto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, más bien, lo que nosotros en reiteradas oportunidades hemos visto, es una actitud de proteger los intereses de las empresas, por eso hemos hecho tanto hincapié en que se aclare la situación respecto del financiamiento del que fueron objeto los funcionarios a cargo de la unidad de fiscalización, por parte de una de las empresas como lo es Aguas Andinas, que claramente no corresponde en el marco de las leyes de probidad y transparencia”,expresó.
Asimismo, la parlamentaria aclaró que existe una nebulosa respeto de cual ha sido el rol de la Superintendencia en los últimos años, en los procesos de fijación tarifaria, de cumplimiento de los planes estratégicos y de las fiscalizaciones y sanciones que corresponden a las empresas sanitarias.
Con respecto al rol de la Superintendencia, el diputado Luis Lemus (PS) aseguró que es necesario proponerle al Ejecutivo una nueva institucionalidad en materia sanitaria debido a que, según indicó, en la actualidad el quehacer del desarrollo sanitario y de agua potable es imprescindible y no puede estar en manos solamente de un organismo que tiene características de fiscalización.
“Deberíamos especificar de mejor forma el trabajo de fiscalización y pedir que sea el Ministerio de Obras Públicas el que, a través de alguna institucionalidad pública, se haga cargo de la planificación y que el Estado de un poco más la cara, coordine mejor y resuelva los problemas que se puedan generar en una región”, comentó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS