El proyecto, presentado por diputados de la UDI, se plantea como una medida útil, no solamente para apreciar la labor de las fiscalías en este ámbito, sino además para establecer políticas públicas que permitan diagnosticar constantemente la problemática delincuencial a lo largo de todo Chile, a través de un trabajo mancomunado de todas las instituciones competentes en la materia.
Reconociendo la importancia de la seguridad ciudadana y del trabajo que al respecto realiza el Ministerio Público, un grupo de diputados de la UDI, liderados por Juan Antonio Coloma, presentó una moción (boletín 10631) que busca exigir a los fiscales regionales la rendición de una cuenta pública respecto de delitos de alta connotación social.
El proyecto, enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio, fue ingresado el lunes 2 de mayo por el diputado Coloma junto a sus compañeros de partido, Pedro Álvarez-Salamanca, Javier Hernández, María José Hoffmann, Patricio Melero, Celso Morales, Iván Norambuena, David Sandoval, Enrique Van Rysselberghe y Felipe Ward.
Los legisladores estimaron que un aspecto importante en la lucha contra la delincuencia es poseer una adecuada y permanente actualización del trabajo de las instituciones vinculadas a este flagelo, como es el caso del Ministerio Público, órgano encargado de perseguir la responsabilidad penal de aquellas personas que hayan cometido un hecho delictual y que, por lo mismo, ostenta el poder de sustentar la acción penal pública en nuestro país.
Recordaron que el Ministerio Público tiene el deber de rendir cuenta permanente de su gestión en materia procesal-penal y, aunque reconocen que un sistema procesal per sé no habilita para el control de la criminalidad, dijeron creer que un adecuado funcionamiento de este organismo ayuda a fomentar un ambiente de tranquilidad en la ciudadanía mediante la aplicación correcta, precisa y eficaz de la ley penal.
"Pensamos que una cuenta pública, a través de la cual se informen a las personas los pormenores de las gestiones realizadas por este órgano, constituye una medida útil no solamente para apreciar la labor de las fiscalías en este ámbito, sino además, para establecer políticas públicas que permitan diagnosticar constantemente la problemática delincuencial a lo largo de todo Chile, a través de un trabajo mancomunado de todas las instituciones competentes en la materia", resaltaron.
Remarcaron que, en la actualidad, no existe una función vinculada a los fiscales regionales en tal sentido y, ante dicha evidencia, estimaron necesario impulsarla para ayudar a alcanzar una mayor eficiencia en el trabajo que desempeñan las fiscalías como también las policías de Carabineros e Investigaciones.
El proyecto consta de un artículo único que introduce como función de los fiscales regionales del Ministerio Público el rendir cuenta pública, referida al accionar de este órgano persecutor en materia de pesquisa de aquellos delitos calificados como de alta connotación social.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS