CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Cerca de un tercio de las 433 pensiones cursadas desde 2010 para funcionarios de Gendarmería habrían tenido un monto superior al autorizado legalmente para dicho Servicio, según informó ante la Comisión Investigadora de la Cámara encargada de analizar este tema el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

El contralor resaltó que la jurisprudencia es clara en esta materia y recordó que se viene aplicando desde la década de 1990, particularmente a través de los dictámenes de los años 1995 y 1998, por lo que el publicado en junio de este año solo vino a reafirmar el criterio tradicional al interior de la institución que pasa por declarar las pensiones por sobre el monto permitido como ilegales.

Aclaró que, tal como lo especifican las resoluciones, Gendarmería es un servicio público y no una institución perteneciente a las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad, por lo que no compete aplicarles sus normas previsionales, aun cuando algunos de sus funcionarios coticen en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Explicó que, para el caso de los uniformados, no existe un límite a la cotización, pero remarcó que muchas de sus asignaciones no son imponibles, por lo que sus pensiones no se ven aumentadas por esta vía. Al contrario, acotó, Gendarmería corresponde a un servicio público que se rige por la escala única de sueldos, donde las asignaciones presentan descuentos para la previsión, pero donde rige un tope de 60 UF que se aplica independientemente del régimen previsional al cual se acojan sus funcionarios: Dipreca (aquellos que laboran en una unidad penal) o AFP.

Resaltó que el tema vino a desencadenarse en este tiempo tras las modificaciones legales que fueron mejorando el régimen remuneracional de Gendarmería. "En la década de los 90 y comienzo de los 2000 era difícil que hubiera pensiones por sobre las 60 UF, pero a medida que fueron mejorando las remuneraciones y mejorando las asignaciones y eliminándose requisitos (para acceder a estas, como condiciones de título, zona o antigüedad), el bloque de personas que fue accediendo a esas pensiones en una mala aplicación de la jurisprudencia fue aumentando hasta reventar esta situación en el año 2016", puntualizó.

Bermúdez dijo que, sin la aplicación del tope legal, se da la paradoja que, por ejemplo, el director nacional de Gendarmería tenga derecho a una pensión de 5 millones 600 mil, mientras que el general director de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones y los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas presentan pensiones del orden de los tres millones.

Precisó que, en esta línea ilegal, las pensiones máximas en Gendarmería serían de 5 millones 644 mil pesos y las mínimas del orden de los 660 mil, con un promedio de un millón cien mil pesos. En contraposición, dijo que, en Carabineros, la máxima sería de 3 millones 588 mil y la mínima de 373 mil pesos; en el IPS sería de un millón 200 mil pesos y la mínima de 128 mil pesos; y en el sistema AFP la máxima sería de un millón 864 mil pesos y la mínima de 128 mil pesos.

Comunicó que, dado que la situación no se sustenta por sí misma, la Ley de Presupuesto debe aportar cerca de 500 mil millones de pesos a Dipreca cada año, en tanto que para Capradena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) el aporte anual es de un billón de pesos. En esta línea, planteó que, con la aplicación de la ley, el Estado dejaría de perder más de 8 mil millones de pesos al año.

Finalmente, comunicó que la Contraloría realizó diversas acciones al interior de la institución para corregir las falencias (subió el nivel de responsabilidad administrativa y se encuentra elaborando un sumario, entre otros aspectos) y anunció que pidió a Dipreca que inicie un proceso invalidatorio de las pensiones que se obtuvieron de forma irregular. Además, dijo que se entregaron antecedentes al Ministerio Público para las investigaciones que se siguen en el ámbito penal y remarcó que corresponderá al Consejo de Defensa del Estado emprender acciones, a través de un juicio de nulidad, de aquellas pensiones otorgadas con más de dos años de antigüedad.

Acciones de la Comisión y reacciones

En el debate, los diputados de la instancia investigadora apoyaron la labor del ente fiscalizador, en particular, tras darse cuenta de la larga y sólida jurisprudencia existente en la materia. "Creo que esta Comisión hoy ha sido categórica en respaldar la Contraloría de poner fin a este escándalo de invalidar las pensiones y de exigirle responsabilidades administrativas, pero especialmente las penales a aquellas personas que desde Dipreca, desde Gendarmería e incluso dentro de las Contraloría permitieron que se pagaran estas pensiones ilegales", indicó el diputado Nicolás Monckeberg (RN).

El legislador lamentó que muchas personas se aprovecharan del sistema, mientras otras hicieran "vista gorda" y se pusieran una venda en los ojos para permitir pensiones millonarias".

El presidente de la Comisión, diputado Leonardo Soto (PS), calificó como muy interesante la exposición del contralor Jorge Bermúdez y estimó que quedó claramente establecido "que de acuerdo a la ley, en Gendarmería y también en los servicios civiles de las FF.AA., ninguna pensión puede superar las 60 UF".

Dijo que se pudo confirmar que hay numerosos casos donde la disposición legal no se ha cumplido, con el respectivo perjuicio millonario para el Estado. Especificó que, según los datos allegados a la Comisión vía oficio, hay 36 funcionarios de Capredena que reciben pensiones superiores a las regidas por el límite de las 60 UF y que, en el caso de Gendarmería, habría un total de 592 funcionarios en el mismo caso, entre 2006 y 2016.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) resaltó que, desde el punto de vista de la Contraloría, es evidente que todas las pensiones que superaban las 60 UF son ilegales, por lo que estimó importante que el Consejo de Defensa del Estado inicie una investigación sobre el tema. “Hemos solicitado un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que inicie un estudio de aquellos casos en que se requiere iniciar acciones legales para terminar con estas pensiones y recuperar estos recursos”, acotó.

Dijo que también quieren que se investigue lo que sucedió con el exsubsecretario de aviación de Bachelet, quien tras su paso por la subsecretaria logró incrementar su pensión a más de 5 millones de pesos. “Él recibía su remuneración a través de la escala única de sueldos, por lo que legalmente no correspondía este aumento", evaluó.