La Comisión de Trabajo recibió a tres organizaciones en el marco de su labor de fiscalización. En la sesión, expresaron sus inquietudes representantes de Dipreca, Transporte Público de Chile y Codelco.
Inició la ronda de audiencias la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Dipreca, Janet Droguett. Estuvo acompañada de Ricardo Maldonado, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT).
La dirigente dio a conocer una propuesta de modificación de la ley de planta de Dipreca. Puntualizó que, actualmente, la entidad tiene una dotación de recursos humanos de 491 funcionarios a lo largo del país (Ver presentación).
En tal plano, expresó que un gran porcentaje de estos funcionarios perciben remuneraciones menores al sueldo mínimo, lo que, según su presentación, no se ajusta a los planteamientos de distintas organizaciones y de las mismas políticas del Gobierno.
Explicó que, a través de sus asociaciones, se han presentado proyectos de mejora salarial, en distintos momentos y con diferentes directores de servicio. Sin embargo, afirmó que ellos no contaron con el interés y la voluntad política para resolver la problemática.
En este ámbito, solicitó a la Comisión de Trabajo reiterar la propuesta a las respectivas Subsecretarías de Interior y Seguridad pública y de Prevención Social por la dualidad de dependencia que existe dentro de la institución .
La personera, llamó a instalar una mesa de trabajo e incorporar al ministerio del Trabajo y Previsión social. Al respecto, la comisión hizo eco de esta solicitud acordando oficiar a la cartera para abordar la situación de los trabajadores y trabajadoras de Dipreca.
Transporte
Continuando con las audiencias, intervino Luis Núñez, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile. Expuso sobre las denuncias de precariedad laboral que sufren los conductores de regiones (Ver presentación).
“Por décadas, los conductores hemos tenido que enfrentar el descontento y críticas de nuestros usuarios por la forma en que cumplimos nuestras funciones (…) No es extraño ver en redes sociales miles de irreproducibles comentarios atacando la labor de los conductores, mal estado de las máquinas y pésimo servicio. Obviamente, responsabilizamos directamente al mal sistema de transportes que opera actualmente”, planteó.
Recalcó que, lamentablemente, los conductores no han tenido la oportunidad de incidir en la confección de estos sistemas de trabajo. Asimismo, sostuvo que “son los empresarios los que han implementado un sistema nefasto”.
“Un sistema que claramente vulnera ampliamente los derechos laborales de los conductores. Esto solo ha producido entregar un mal servicio y pone diariamente en riesgo la vida de los ciudadanos”, comentó.
El grupo parlamentario acordó invitar al titular de la Dirección del Trabajo para exponer sobre materias de fiscalización y también al ministro de Transportes.
Igualmente, acordaron comunicar al presidente de la Comisión de Trabajo del Senado para tramitar el proyecto sobre violencia externa que se encuentra radicado allí.
Por otro lado, oficiarán al Ministerio de Transportes para que informe el monto anual de subsidio otorgado a empresas de transporte público en regiones, al año 2023.
Codelco
Un grupo de funcionarios de Codelco Chile, división El Salvador, dieron a conocer, la problemática de los planes de retiro.
Su representante, Lisett Cortés, explicó que se trata de 96 trabajadores que durante la pandemia y debido a los turnos terminaron con daños severos que los llevaron directo a intervención quirúrgica.
Explicó que son patologías traumatológicas que para que fueran reconocidas se debió hacer un trámite “bastante grande”.
Alertó que dicho proceso ha durado más para algunos trabajadores que han sido hostigados con invitaciones a retirarse de la empresa. Muchos recién operados, planteó.
“Necesitamos ayuda. Son 96 trabajadores que tienen que firmar el 30 de mayo. Se arriesgaron al llegar acá con todo lo que significa. Tratando de que la ley se cumpla porque están con licencia y no deberían ser desvincularlos”, acotó.
La comisión acordó oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para que dé cuenta de los tratamientos a los que los trabajadores tienen derecho. También conocer qué pasó con la fiscalización, a propósito de un oficio enviado en 2021, sobre las liquidaciones de sueldo y cálculos erróneos.
Otro oficio se destinará a la Dirección del Trabajo sobre el plan de egreso y eventual vulneración de derechos. Junto a ello, se enviarán oficios a las ministras de Trabajo y de Minería para desarrollar una mesa de trabajo.
