Sala apoyó la ampliación del estado de excepción en la macrozona sur para otros quince días
La primera declaratoria fue en mayo y esta es la cuarta solicitud que se efectúa al Congreso Nacional para extender la medida en La Araucanía y en dos provincias del Biobío.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva solicitud del Presidente de la República para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur.
La medida afecta a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Como en ocasiones anteriores, se fundamenta en la permanencia de hechos de violencia en la macrozona.
La solicitud es la cuarta que plantea el Presidente de la República al Congreso. Tiene su base en las normas constitucionales (art. 42) que mandata el acuerdo del Parlamento para la extensión de un EECE, una vez que este ya ha sido dictado a través de un decreto y prolongado una vez, por la misma vía.
Hay que recordar que el Gobierno declaró el estado de excepción el 16 de mayo de este año (decreto 189). Después, lo extendió por medio del decreto 199, del 27 de mayo, por otros 15 días. Seguidamente, recurrió al Congreso para extender su aplicación, lo que se materializó en tres nuevos decretos (214, 219 y 223). La vigencia del último de ellos, cuya solicitud se aprobó en la Cámara el 13 de julio, vencerá este sábado 30.
Argumentos
La solitud presidencial observa la persistencia de hechos de violencia en las regiones señaladas en este EECE. Ello dificulta el uso diario de las rutas y vías y, con ello, limita el despliegue de las capacidades del sector público y cadenas de suministro. Igualmente, el normal desarrollo de las actividades económicas y la vida cotidiana de familias y trabajadores.
Se destaca que el EECE permite disponer de medidas para garantizar la seguridad de las rutas y vías en la zona. Entre las acciones está propiciar la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Tales operaciones, se acota luego, han tenido efectos positivos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, se reconoce que las circunstancias que motivaron la declaración del EECE continúan subsistiendo. En tal plano, se estima necesario prorrogar su implementación por 15 días adicionales.
“Dicha prórroga del estado de excepción constitucional tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos”, señala el texto.
Gobierno
En la sesión, la ministra del Interior, Izkia Siches, recordó que el problema viene desde antes del actual Gobierno. En tal plano, apeló a que no es posible dar soluciones inmediatas, pero sí tener la voluntad de avanzar. Así, expresó la voluntad del Ejecutivo de hacerse cargo de los problemas y de dialogar. Asimismo, para coordinar con los distintos representantes del Estado, las policías, Fiscalía y FFAA estrategias policiales y políticas.
Sostuvo que el programa de inversión está vigente (decreto 1101) e implica 5.500 millones destinados para reforzar la seguridad de la zona. En este marco están la compra de vehículos blindados, cámaras, drones, etc. Acotó que se avanza en las licitaciones de las compras respectivas.
Respecto de los logros alcanzados con el EECE, dijo que se ha trabajado en el despliegue y controles preventivos (más de 53 mil controles). También, informó sobre la detención de más de 88 personas por robo de madera. Igualmente, la PDI desarticuló una banda criminal a la que se le adjudica la quema de más de cinco camiones. Junto a lo anterior, destacó la reducción de los hechos de violencia, usurpaciones y personas lesionadas.
Por otra parte, comunicó que se está trabajando en 1.132 proyectos de inversión; se constituyeron consejos frente al crimen organizado; se están mejorando las capacidades de la ANI; y se entregaron 751 hectáreas en el plan de restitución de tierras a los pueblos originarios.
Debate
Participaron en la discusión Jorge Alessandri (UDI), Stephan Schubert (IND), Andrés Jouannet (IND), Carmen Hertz (PC), Christian Matheson (IND), Jaime Sáez (RD), Sergio Bobadilla (UDI), Alberto Undurraga (DC), Enrique Lee (IND), Marcos Ilabaca (PS), Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI), Alejandra Placencia (PC), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Bernardo Berger (IND), Jaime Araya (IND), Jorge Rathgeb (RN), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Harry Jürgensen (IND), Joanna Pérez (DC), Miguel Ángel Becker (RN), Daniel Lilayu (UDI), Yovana Ahumada (PDG), Mauricio Ojeda (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Jorge Guzmán (Evópoli), Eric Aedo (DC), Johannes Kaiser (IND), Marlene Pérez (IND), Miguel Mellado (RN), Raúl Leiva (PS), Gonzalo De la Carrera (IND), Roberto Arroyo (PDG) y Cristián Labbé.
En la mayoría de los casos, la intervención fue en pro de apoyar el EECE. Sin embargo, hubo diversos matices en cuanto a los argumentos, críticas o respaldos asociados a la medida.
Algunos refutaron el real compromiso del Gobierno para apoyar el tema de seguridad en la zona. Remarcaron situaciones como el atraso en la compra de vehículos para las policías. Así, se pidió más dinamismo en la materia.
Otros, pidieron que el EECE se aplique en otras regiones, como en Los Ríos o Los Lagos, así como también en la macrozona norte. Mientras, algunos valoraron la aplicación de la medida en conjunto con el Plan Buen Vivir. En ese plano, resaltaron, por ejemplo, la restitución de tierras y el mayor diálogo propiciado con las comunidades.
Asimismo, varios legisladores de la Comisión de Seguridad Ciudadana aprovecharon de relatar su experiencia en la visita en terreno realizada a la macrozona sur, en dos jornadas de reuniones con autoridades y representantes de diversos grupos locales (ver notas uno y dos).