Diputados de oposición han reiterado sus críticas a que el proyecto no aborda el tema de la calidad de la educación, mientras los parlamentarios oficialistas respaldaron las indicaciones que sancionan el lucro.
En medio de la votación en particular del proyecto que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, los diputados que participan en el debate en la Comisión de Educación plantearon sus argumentos para defender sus diversas posiciones frente a la iniciativa.
Para el presidente de la comisión, diputado Mario Venegas (DC), las críticas de la oposición al desarrollo de las votaciones, “evidencia una cierta incapacidad de entender que acá se ha expresado simplemente la democracia. Acá las indicaciones que se han aprobado son aquellas que han tenido la mayoría de los votos necesarios para hacerlo, y parece que estaban demasiado acostumbrados a que una minoría tenía capacidad de veto”.
Respecto de la aprobación de la indicación que sanciona a los sostenedores que hacen mal uso de los fondos públicos, con penas que podrían llegar incluso a la privación de libertad, el diputado Venegas defendió que se ha hecho explícito coherentemente lo que esperábamos que es poner fin al lucro.
“En caso contrario, y los chilenos y chilenas tienen que entenderlo, si pusiéramos que no se puede hacer esto y no pusiéramos una acción punitiva, una sanción, entonces simplemente es letra muerta”.
Por su parte, el diputado Fidel Espinoza (PS) defendió la indicación señalando que contrario a lo que plantea la oposición que esta norma es solo pirotecnia, “lo que hace es que los recursos que están destinados a educación vayan a la educación. Si ellos dicen que la educación chilena no se resiente, que no tiene daño cuando hay lucro, quiere decir que están viviendo en otro mundo. Justamente cuando hay lucro y los recursos para educación los destinan para fines particulares obviamente que se daña la calidad”.
Otra indicación que generó debate fue la presentada por el diputado independiente Felipe Kast y los diputados de Renovación Nacional Germán Becker, José Manuel Edwards, y Alejandro Santana, que permitía mantener el financiamiento estatal a establecimientos con fines de lucro, si se encontraban calificados con desempeño alto o medio por la Agencia de la Calidad de la Educación.
Tras el rechazo de la norma, el diputado José Manuel Edwards (RN) afirmó que con ello “queda al desnudo que la calidad no les interesa, que lo que les interesa es el Rut del sostenedor y la calidad da exactamente lo mismo. Nosotros lo que venimos a hacer es mejorar la educación y no ponerle cortapisas a quienes entregan una educación de calidad, utilizando los mecanismos de medición que todos conocemos”.
Sobre este punto, la diputada Yasna Provoste (DC) al argumentar su rechazo a la indicación sostuvo que la indicación “busca ceder a un tipo de educación donde los privados puedan invertir como si esto fuera un negocio, y ahí tenemos una diferencia profunda, y, por tanto, de cara al país nosotros estamos apoyando este proyecto de ley porque queremos eliminar este paradigma y todo atisbo de lucro con recursos de la educación”, enfatizó.
Para el diputado independiente Felipe Kast, se “evita hablar de lo importante que es la calidad” y sostuvo que probablemente se va a aprobar como está y solo queda esperar “que sea el Senado el que ponga algo de calidad en esta reforma”.
Añadió que ahora espera “que pronto empecemos a hablar de profesores, de educación pública, empecemos a hablar de educación preescolar, que son los temas urgentes que tenemos en materia social”.
Sobre la aprobación de la indicación parlamentaria que prohíbe el lucro en las Agencias Técnicas, el Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, coincidió que este es un problema muy real, pero que a juicio del Ejecutivo hay métodos alternativos y soluciones técnicas más exactas para corregir este problema.
Sin embargo, defendió la autonomía parlamentaria para plantear estos temas, porque “el Congreso no es un buzón, son representantes de la ciudadanía y tienen todo el derecho y el deber de revisar la propuesta del Ejecutivo y esto fortalece la democracia”, recalcó.
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