CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con la especial participación de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón; del Ministro y Subsecretario de Hacienda, Alberto Arenas y Alejandro Micco, respectivamente; y del Superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó esta tarde el análisis del proyecto (boletín 9891) que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales.

Según se da cuenta en el proyecto, la experiencia recogida durante los nueve años de vigencia de la Ley 19.995, sobre casinos de juego, ha permitido detectar que puede ser objeto de perfeccionamiento, sobre todo respecto de algunos asuntos relativos a los denominados "casinos municipales", al proceso de otorgamiento de los permisos de operación y a la labor de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

El Gobierno recuerda en el texto legal que respecto de los casinos municipales, el artículo 3° transitorio establece al día 31 de diciembre de 2015 como fecha de término de las concesiones municipales de los casinos de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.

"Dichos casinos han contribuido al desarrollo turístico, recreativo y presupuestario de las comunas en las que están ubicados y, de paso, a las comunas de su misma región, mediante el ingreso que recibe la gobernación regional por concepto de impuestos. Por esta razón, parece necesario prorrogar el derecho de dichas comunas a ser sedes de casinos por tres periodos de 15 años cada uno, prorrogables, lo que en todo caso no exceptúa del sistema de obtención de permisos y de funcionamiento de casinos regulados por la Ley 19.995", se plantea en el mensaje.

Además, se indica que "las actuales disposiciones adolecen de un vacio que genera un periodo de tiempo durante el cual no se explotan todos los permisos de operación que la ley contempla y que, en el caso de los casinos municipales, hace aún más gravosa la situación". ""La ley actual solo permite iniciar el proceso de otorgamiento de permisos de operación de los cupos correspondientes a esos casinos, a partir del primer bimestre del año 2016, situación que implicaría además no contar con ninguno de estos siete casinos ni ingresos por un período estimado de dos años, debido al tiempo que demora su instalación", se precisa.

El Gobierno reconoce que este problema requiere atención urgente, ya que se traduce en una grave merma, no solo para la industria, sino para el fisco de Chile y las municipalidades respectivas. Especificó que la industria generó al año 2013 ingresos brutos de juego o "win" por $236.420 millones.

"Estos ingresos permitieron obtener una recaudación fiscal de $39.160 millones, equivalentes a US$79,34 millones, por concepto de impuesto especifico al juego. Adicionalmente, el Estado recaudó recursos por concepto de impuesto por entradas a los casinos de juego por un monto de $16.239 millones, equivalentes a US$32,93 millones, mientras que los casinos generaron un monto de IVA débito fiscal al juego por un total de $37.747 millones equivalentes a US$76,47 millones", se precisó.

Especificaciones del proyecto

La iniciativa legal, buscando evitar el posible daño para las finanzas municipales de las citadas comunas, contempla prorrogar las actuales concesiones municipales hasta fines del año 2017 y extender la vigencia de la sede actual de los casinos de juego "municipales" por tres periodos de 15 años cada uno, con la posibilidad de ser renovado, por plazos sucesivos de 15 años, salvo resolución fundada en contrario del Consejo Resolutivo.

Se alerta que esta prórroga no implica la continuidad del régimen concesional previo a la Ley 19.995, ni la mantención de los actuales concesionarios, ya que se contempla realizar un proceso de otorgamiento de permiso de operación en el cual podrían participar todos los interesados, sin excepción, velando, en todo caso, porque se resguarden los derechos de los trabajadores de los actuales casinos municipales.

Además, se establece un mecanismo especial, aplicable solo a estos permisos de operación y solo para los periodos en que se prorrogue el derecho a estas comunas, destinado a proteger los ingresos municipales y estableciendo condiciones especiales que permitan abordar las particularidades de la situación que en cada comuna se presentan. En tal sentido, el Consejo Resolutivo podrá fijar condiciones, a propuesta de la SCJ y oyendo a los alcaldes de las municipalidades en que los casinos se localicen, orientadas, por ejemplo, a asegurar un mínimo de oferta económica por el permiso de operación, a dotar de cierta infraestructura turística para esas comunas y a velar porque un porcentaje de trabajadores que se desempeñan para el actual concesionario continúen prestando servicios, entre otros aspectos que fueren pertinentes.

"El perfeccionamiento en este sentido está orientado a que las comunas en las que se encuentran los casinos municipales se adecúen a la normativa general y, a su vez, apunta a dar una solución a la situación que originalmente no se previno, respetando, por tanto, el espíritu original de unificar el régimen de autorización, funcionamiento y supervisión de las entidades que operen como Casinos de Juego, bajo una misma ley de bases generales. En definitiva, que exista una sola industria, un solo marco legal y un solo supervisor", recalca el mensaje.

El proyecto también propone modificar el actual mecanismo de otorgamiento de permisos de operación pasando del "concurso de belleza" o "beauty contest", a un sistema basado en la presentación de una oferta económica, toda vez que tanto en la experiencia comparada como en la nacional se ha constatado que en la licitación de un monopolio, el mecanismo "a la Demsetz", esto es, adjudicar a la estructura de precios más eficiente, permite asegurar una recaudación para el fisco con una provisión eficiente del servicio, así como la posibilidad de la entrada de nuevos competidores. La propuesta considera que este nuevo mecanismo se aplique tanto para los casinos de comunas en que actualmente existen concesiones municipales como para todos los permisos que con posterioridad se concursen o renueven.

Para lo anterior se avanza en una definición de Oferta Económica, considerada ésta como "la cantidad en dinero que un postulante a un permiso de operación para casino de juego ofrece pagar anualmente a la municipalidad en que esté instalado su casino de juego, una vez que éste entre en operaciones, por todo el periodo de vigencia del permiso". El pago de la misma debe estar garantizado por la operadora.

Asimismo, se pretende regular de manera más exhaustiva la etapa de precalificación de las sociedades postulantes a un permiso de operación para un casino de juego, consignando condiciones o requisitos de manera expresa y regalando sus efectos y consecuencias; se pretende subsanar la falta de objetividad del proceso de precalificación incorporando un listado de hipótesis que habilitan a la Superintendencia del ramo para no precalificar a una determinada sociedad postulante; y se entregan facultades a la SCJ para que pueda revisar la precalificación de las sociedades operadoras y sus accionistas las veces que lo estime conveniente, durante el tiempo que está en vigencia el permiso de operación.

El proyecto, finalmente entre otros temas, aborda el tema del período para iniciar un proceso de otorgamiento de permisos de operación, así como de la etapa de evaluación de los proyectos de las sociedades postulantes; modifica los plazos asociados al proceso de otorgamiento de permisos; revisa las causales de revocación del permiso de operación; incorpora nuevas facultades y atribuciones para la SCJ; y mejora el marco sancionatorio.