CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El proyecto que incentiva el uso, fomento e integración de la bicicleta (boletín 6586) establece que el Estado debe promover en sus políticas, planes y programas su uso como medio de transporte y faculta a los municipios para que incluyan en sus programas el fomento de este medio y financien, en conjunto con los gobiernos regionales, estacionamientos para bicicletas en la vía pública.

Estos y otros aspectos del proyecto de ley han sido analizados por los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que preside el diputado Patricio Hales (PPD), en conjunto con variadas organizaciones como los Furiosos Ciclistas de Valparaíso, los Ciclistas Camineros, el Centro Bicicultura y el Movimiento Chile Prociclista, entre otros, además de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Las organizaciones valoraron el interés de los diputados por discutir este tema. En sus exposiciones plantearon algunos puntos para mejorar la ley en aspectos como el financiamiento, la institucionalidad, los deberes y derechos de los ciclistas y la falta de participación de las organizaciones.

El diputado Hales indicó que “suena recurrente escuchar 'este proyecto se trajo sin la participación de las organizaciones'. Si este es el Parlamento, aquí no se tiene sólo a los representantes de las personas sino además se tiene a la audiencia pública y aquí hemos escuchado a un conjunto de expresiones diversas”.

Posturas de las organizaciones de ciclistas

Amarilis Horta, directora del Centro Bicicultura, manifestó que lo primero es lograr el reconocimiento de la bicicleta como medio de transporte no contaminante y saludable para las personas, pero que además es frágil, vulnerable, donde la carrocería del medio es la propia persona.

“La bicicleta es un medio de transporte que debe ser protegido. Hay que dar facilidades para que se integre y esas facilidades no pueden ser supeditadas a un barrio o a un par de cuadras sino que tiene que ser una política de Estado”.

Por su parte Gabriela Claro, coordinadora de los Furiosos Ciclistas de Valparaíso, precisó que el proyecto pone en peor situación al ciclista que la actual ley de tránsito. “La ley es un poco ambigua en cuanto a las definiciones de las bicicletas y también de las definiciones de las vías, las cuales hay que hacerlas para que podamos transitar”.

Agregó que la iniciativa “no aclara además los orígenes de los montos ni las cifras a invertir para poder hacerlos realidad; no diferencia los distintos tipos de ciclismo como son el recreativo, el deportivo y como medio de transportes. Pone énfasis en los deberes pero pierde un poco el tema de los derechos. Y por último, a nuestro juicio, no representa las realidades geográficas y culturales de Arica a Punta Arenas, es un proyecto más bien pensado en Santiago”.

Financiamiento

Omar Villanueva, presidente del Movimiento Chile Prociclista, sostuvo que es importante el debate amplio con las organizaciones y las municipalidades para tener la mejor ley posible, dada su complejidad y transversalidad, ya que incorpora aspectos de salud, transporte, urbanismo y educación.

Asimismo, añadió que no se puede hacer una ley pro ciclista sin financiamiento, “que no asigna recursos para infraestructura, entendiendo como tal ciclovías, cicleteros, señalética y una serie de otros elementos que ayuden a la educación de los ciclistas, de los automovilistas, de los peatones y que pueda asignar recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales y para todas aquéllas instituciones que tengan que ver con este tema”.

Similar postura planteó el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Jaime Pilowsky. “El proyecto establece ciertos grados de financiamiento solamente para estacionamientos de bicicletas pero no para la infraestructura necesaria, para que la bicicleta sea un medio de transporte fundamental en el desarrollo económico y en el sistema de transporte en general. Creemos que eso no está resuelto en el proyecto de ley”, puntualizó.

Agregó que es importante también que el proyecto reconozca la heterogeneidad de los municipios, ya que existen diferencias entre los rurales y los urbanos y señaló que no basta sólo con una ley sino que también se deben generar políticas públicas de educación, de capacitación para ir convirtiendo a la bicicleta en un medio de transporte.

Ciclovías

La Asociación Chilena de Municipalidades se comprometió con la Comisión a realizar un catastro de las ciclovías del país. Al respecto, Pilowsky indicó que “tiene que haber una visión general, una autoridad que, sobre todo en las grandes ciudades donde hay muchas comunas limítrofes, como Valparaíso-Viña del Mar y el Gran Santiago, genere planes integrales, planes globales de ciclovías”.

Esta visión también fue compartida por los ciclistas camineros y laborales, quienes propusieron que en el proyecto se haga por una parte la diferenciación con los ciclistas deportivos respecto de las exigencias y obligaciones; y por otra que se cuente con ciclovías más ad hoc con las realidades de cada ciudad, como señaló Carlos Sallenave, representante de los ciclistas camineros.

“Nosotros proponemos que las ciclovías vayan acompañadas de una vereda totalmente aparte, para que realmente pueda circular el competidor y el ciclista”. Agregó que “hace mucha falta también una disciplina para los conductores, porque hay veces en que los autos se meten ahí, hay camionetas que doblan y ocupan la mitad de la vía, o se estacionan los vehículos de entrega”.

Durante el debate, el diputado Jorge Sabag (DC) propuso hacer exigible la construcción de ciclovías en obras públicas: “Lo que he sugerido es que Vialidad, cada vez que diseñe caminos o asfaltos para zonas intensivas en mano de obra de temporeros y temporeras, considere en el diseño a la ciclovía y también que todo proyecto que se presente al gobierno regional para ser financiado con dichos fondos, tenga que tener esta variable incorporada, de manera que los proyectos no sean financiados si no se incorpora la variable ciclovía, de manera de abrir un espacio para el ciclista en toda la infraestructura pública”.

El jefe de la División Estudios del Ministerio de Transportes, Álvaro Henríquez, indicó respecto de los recursos que indirectamente se estarían proporcionando si se acogen las exigencias de contar por ejemplo con estacionamientos en los edificios, o con ciertos dispositivos para efectos de facilitar el uso de la bicicleta y también lo que es la reglamentación de los diseños. “Yo creo que eso apalanca los recursos necesarios para cumplir con esa normativa, si es que se llega a ser normativa”.

Viernes 30 de octubre de 2009