CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Sobre la base de un acuerdo político alcanzado en el seno de la comisión de Hacienda, el cual pasó por la eliminación de la institucionalidad que el Ejecutivo proponía, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción (FNR), iniciativa que espera recolectar vía donaciones montos por US$ 300 millones en dos años.

Tras un intenso debate, la Sala aprobó la idea de legislar por 101 votos a favor y dos abstenciones, siendo ratificado con la misma votación el articulado del proyecto, salvo la norma que autoriza un reconocimiento moral a los donantes. Dicha materia fue votada separadamente y aprobada por la mayoría de 61 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones.

Los legisladores independientes, de la Coalición y de la Concertación resaltaron el espíritu de acuerdo alcanzado entre los diputados y el Ejecutivo para avanzar en una mejor normativa destinada a beneficiar a los afectados por la catástrofe del pasado 27 de febrero.

El diputado UDI Edmundo Eluchans sostuvo que esta iniciativa es de enorme importancia para la reconstrucción nacional y recalcó que la discusión alcanzada con el Ejecutivo engrande la institucionalidad cívica de nuestro país y permite que la ciudadanía valore el trabajo realizado por los poderes del Estado.

El diputado PRI Pedro Araya recordó que la propuesta original ingresó a trámite con muchos reparos por parte de todos los sectores y reconoció la actitud conciliadora del gobierno al retirar la institucionalidad cuestionada y al corregir normas que “ocasionaban mucho ruido”.

Para el diputado PC Lautaro Carmona fue ampliamente satisfactorio que se solucionara el problema de la retroactividad de los beneficios y que se resolvieran aspectos que quedaban a su juicio bajo una excesiva discrecionalidad del gobierno.

El diputado DC Jorge Burgos también se mostró conforme con el resultado de la normativa. “Se logró un mejor proyecto porque hubo capacidad de oír y se dejaron atrás algunas amenazas, respetándose la opinión del ente colegislador”, recalcó.

Pese al respaldo al texto despachado, hubo algunos llamados al gobierno a impulsar nuevos perfeccionamientos. En esa línea, el diputado PS Carlos Montes pidió mantener estándares de reconstrucción muy altos e incorporar en la normativa la perspectiva sicosocial y de salud mental. “Es preciso poner en el centro a la dimensión humana”, acotó.

El diputado PRSD, Alberto Robles, apoyado por los diputados Araya y Carmona, solicitó al Ejecutivo considerar introducir en la ley formas de participación de las alcaldías y de los gobierno regionales. “¿Quienes pueden saber mejor cuáles son las prioridades sino los mismos afectados?”, interrogó Robles.

En otra línea, el diputado RN José Manuel Edwards estimó insuficientes los beneficios tributarios y pidió al gobierno considerar la posibilidad de ampliar el margen del 17% y a eliminar las diferentes categorías propuestas fijando una tasa única de descuento fiscal cercana al 50%, tal como se establece en otras leyes sobre donaciones.

HITOS DEL DEBATE
Si bien el espíritu de la propuesta nunca fue cuestionado y, al contrario, siempre contó con un amplio apoyo entre los diversos sectores políticos, hubo materias que desde el ingreso del mensaje fueron cuestionadas tanto por el oficialismo como por la oposición.

Uno de los puntos observados apuntó a ciertos vicios de constitucionalidad de dos artículos del proyecto, por cuanto entregaba amplias autorizaciones al Presidente de la República para que, por la vía de decretos supremos, activara los beneficios tributarios establecidos en la normativa y agilizara determinados trámites, frente a la ocurrencia de una catástrofe.

Además, se cuestionó el quórum con que debían votarse algunos artículos, fijados en el proyecto como ley simple, así como la creación del Comité Ejecutivo para la Reconstrucción, instancia que iba a ser encabezada por el Presidente de la República, y de la Secretaría Adjunta, ambas instituciones encargadas de administrar y coordinar las tareas relacionadas con el FNR.

Las dudas trataron de subsanarse con una convocatoria especial de la comisión de Constitución el día martes, sin embargo, frente a la falta de acuerdo entre el oficialismo, que aceptó las explicaciones del gobierno, y la oposición, que mantuvo sus objeciones, el problema quedó pendiente para ser tratado en la comisión de Hacienda.

Respecto de estas observaciones tuvo especial importancia la opinión expresada por la Contraloría que, en concreto, solicitó consagrar en la normativa la facultad de fiscalización del organismo; confirmo que se creaba una nueva institucionalidad que debía ser aprobada con quórum de ley orgánica; y que la constitución del Comité se distanciaba de la Ley de Bases de la Administración Pública.

Si bien en la mañana del miércoles el gobierno presentó un paquete de indicaciones que resolvió algunos de los cuestionamientos de la Contraloría y de la oposición, hacia la tarde quedaba pendiente el tema de la institucional.

En este caso, fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien puso un punto de quiebre al allanarse, no sólo a modificar la norma, sino que a eliminar por completo las figuras del Comité y de la Secretaría. En su reemplazo, se estableció que el Fondo pasaba a ser parte de una glosa específica de la Ley de Presupuestos, dentro de la partida del Tesoro Público, y se encargó su tutela administrativa al ministerio de Hacienda.

En relación a las otras objeciones, se limitó el uso de los decretos supremos por parte del Mandatario. De este modo, el estado de excepción para el establecimiento de beneficios tributarios a los donantes del Fondo, sólo podrá ser convocado por un año, prorrogable por otro período igual, frente a la ocurrencia de una catástrofe.

En la misma línea, los decretos destinados a agilizar los trámites no podrán establecer exenciones transitorias referidas a la realización de trámites legales (por ejemplo estudios de impacto ambiental), ni tampoco eximir de la obligación de efectuar llamados a licitación, aunque sean privadas.

Finalmente, dentro de los aspectos importantes modificados estuvo la eliminación de la retroactividad del beneficio (sólo será aplicable a los donantes que realicen el tramite desde publicada la ley respectiva); se ratifica la facultad fiscalizadora de la Contraloría y de la Cámara de Diputados y se autoriza a las empresas en las que el Estado tenga una participación menor al 50%, poder acogerse a esta normativa.