La propuesta fue planteada este miércoles por la Fundación Paz Ciudadana ante la Comisión de Constitución de la Cámara, que investiga los hechos que dieron origen al incendio que afectó la cárcel de San Miguel.
En la continuación de su trabajo como instancia investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel, que tuvo como trágico saldo la muerte de 81 internos, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibió hoy el testimonio de representantes de la Fundación Paz Ciudadana, quienes trazaron un diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario y plantearon algunas propuestas de mejora a su funcionamiento.
La presentación ante los diputados estuvo a cargo de la directora de la Fundación, Javiera Blanco, y de la directora del área de justicia y reinserción de la entidad, Ana María Morales.
La exposición de las especialistas puso énfasis en el grave hacinamiento que se vive en las cárceles chilenas, con un promedio de 160% a marzo de este año, como producto del explosivo crecimiento de la población penal, la insuficiente inversión en infraestructura penitenciaria y el aumento de las penas privativas de libertad.
Javiera Blanco puso énfasis en que uno de los factores que incide en la sobrepoblación penal son los excesivos ingresos al sistema cerrado de cumplimiento de penas de personas que podrían cumplir sus sanciones en el medio abierto, que es el caso de quienes no han cancelado multas o adeudan pago de pensiones alimenticias, equivalentes a 21% y 23% por ciento respectivamente.
Para ilustrar lo que llamó una “subutilización” del sistema abierto de cumplimiento de penas, Blanco precisó que en los países desarrollados la mayoría de los condenados cumple sus penas en el medio libre mientras que en Chile esa cifra sólo alcanza a la mitad de los condenados.
En materia de propuestas para mejorar la realidad carcelaria, Ana María Morales puso de relieve las reflexiones y proposiciones realizadas en el marco del Consejo de Reforma Penitenciaria -conformada por entidades especializadas en estas temáticas, entre ellas Paz Ciudadana-, de las cuales destacó la necesidad de reformular la institucionalidad del sistema penitenciario y, más específicamente, separar las funciones de vigilancia de aquellas relacionadas con la reinserción de los infractores de la ley.
Con tal fin, las representantes de la Fundación propusieron la creación de un Servicio Nacional de Reinserción, que se haga cargo de administrar los programas de atención a las personas privadas de libertad para reinsertarlas en la sociedad y el mundo laboral una vez cumplida su condena, reservando a la actual Gendarmería sólo las funciones de custodia de los presos.
Junto con ello, sugirieron otras iniciativas como aumentar el catálogo de penas sustitutivas, entre ellas los trabajos a la comunidad; establecer recintos especiales para cumplir arrestos a quienes no paguen pensiones alimenticias, implementar el monitoreo telemático de condenados, aumentar la oferta programática en las cárceles y regular el sistema de cumplimiento de penas creando la figura de los jueces de ejecución, que estén a cargo de las sanciones disciplinarias y beneficios intrapenitenciarios, entre otros aspectos.
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