Tras la recepción de indicaciones del Ejecutivo y la definición de los integrantes de estos tribunales especializados, el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda para su estudio.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados concluyó este martes el despacho del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales, una de las iniciativas claves que se encuentra pendiente para completar la nueva institucionalidad ambiental del país.
Con la recepción de indicaciones del Ejecutivo que sintetizan y ordenan una serie de disposiciones técnicas ya aprobadas por la Comisión y la aprobación del sistema de integración de estos futuros tribunales especializados, la iniciativa legal completó su trámite en Constitución y pasó ahora a su análisis en la Comisión de Hacienda.
“Sólo quedaban pendientes algunas cuestiones técnicas, básicamente relativas a la conformación de los tribunales, que modificamos completamente, y terminamos por despachar el proyecto. Se trata de un avance muy importante porque vamos a tener un tribunal con jueces abogados y un ministro técnico, que no es abogado sino experto en materias medio ambientales. Vamos a ver como funciona”, sostuvo el presidente de la Comisión, diputado Alberto Cardemil (RN).
“Estos son tribunales que hacen falta y donde la gente va a poder reclamar por daños concretos, incluso pidiendo indemnización de perjuicios. Hoy día no hay nadie a quien reclamar, así que se trata de un paso súper importante y efectivo”, agregó el parlamentario.
En esta sesión los diputados de la Comisión aprobaron que los dos ministros suplentes que tendrá el tribunal -junto a tres titulares, dos abogados y una especializado- deberán ser expertos en materias medio ambientales (uno de ellos abogado) y acreditar, a lo menos, siete años de ejercicio profesional.
PROYECTO SOBRE PROBIDAD
En otro punto de la tabla, La Comisión de Constitución abordó el proyecto del Ejecutivo sobre probidad en la función pública, que amplía las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y establece la obligación, en ciertos casos, de traspasar la administración o eventualmente enajenar activos que puedan provocar conflictos de interés.
En esta sesión se escucharon los puntos de vista sobre esta iniciativa de abogados de la Fundación Jaime Guzmán y del director del programa de Justicia del instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau.
En la oportunidad, Delaveau manifestó que el artículo octavo de la Constitución Política no obliga a la enajenación de ciertos bienes a las autoridades públicas y por ello se manifestó partidario, para prevenir conflictos de interés, de que sea el electorado el que ejerza ciertas facultades de rendición de cuentas y accountability, determinando mediante el voto su opinión respecto a si la utilización de dichos bienes pudo o no haber afectado la imagen pública de la autoridad.
“Se trata de un buen proyecto de ley que ciertamente puede ser perfeccionado, en particular que, dado las modalidades que existen de fideicomiso, ya sea este general o parcial, sería una gran alternativa que estas opciones sean de elección caso a caso, según la autoridad de que se trate, siempre resguardando que este conjunto de bienes o intereses no entren en conflicto con su función”, indicó el experto.
Sobre esta misma iniciativa legal, este miércoles concurrirá a la Comisión de Constitución a exponer el Contralor General de la República.
INFORME SOBRE INCENDIO DE CÁRCEL DE SAN MIGUEL
Finalmente, la Comisión está concluyendo la redacción de las conclusiones de la investigación que le mandató la Sala sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, en diciembre del año pasado, que costó la vida a 81 reclusos.
Aunque no descartó que puedan surgir diferencias entre los diputados a la hora de definir la responsabilidad política de las autoridades actuales o anteriores de Gendarmería, el diputado Alberto Cardemil afirmó que “en este informe queremos ser básicamente propositivos y plantear ideas para que esto no se vuelva a repetir nunca más”.
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