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Publicado 12/03/2014 20:18:27

Comisión de Hacienda aprobó en general proyecto que institucionaliza el llamado “bono marzo”

La iniciativa fue respaldada unánimemente, pese a las dudas de la oposición, particularmente en torno al compromiso permanente que el Estado establece y a la necesidad de vincular el mecanismo a una política general de desarrollo social. El Ministro Alberto Arenas se hizo cargo de explicar la propuesta y resaltó que el beneficio tiene financiamiento y se mantiene dentro de los márgenes del balance estructural. Mañana será votado en particular.

La iniciativa fue respaldada unánimemente, pese a las dudas de la oposición, particularmente en torno al compromiso permanente que el Estado establece y a la necesidad de vincular el mecanismo a una política general de desarrollo social. El Ministro Alberto Arenas se hizo cargo de explicar la propuesta y resaltó que el beneficio tiene financiamiento y se mantiene dentro de los márgenes del balance estructural. Mañana será votado en particular.

Por unanimidad fue aprobado esta noche en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar en torno al proyecto (boletín 9273) que institucionaliza el llamado “bono marzo” y viene a representar la primera iniciativa legal presentada por la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

El proyecto fue presentado a la Comisión por el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien resaltó que, más que un bono, la propuesta representa un elemento de la política social de la actual mandataria destinado a establece de manera permanente un aporte a las familias más vulnerables del país.

Explicó que la iniciativa contempla un costo fiscal de $162.660 millones, que se descompone en $18.000 para ampliar el bono de invierno para los pensionados y el remanente para el aporte familiar permanente.

Frente a consultas de diputados de la oposición, la autoridad sostuvo que la propuesta se encuentra financiada a través de los llamados fondos de libre disposición presentes en el Presupuesto aprobado para 2014 y resaltó que se encuentra dentro de los márgenes del balance estructural determinado en la ley vigente.

Informó que en el caso del bono de invierno, se amplía su cobertura al no considerar ya, para efectos de cumplir el requisito de ingreso respectivo, el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez, ítem que fuera establecido a través de las Leyes de Presupuestos en los últimos dos años. Precisó que el beneficio suma 351.996 pensionados, los cuales recibirán en su conjunto, en el mes de mayo, un total de $51.975.

Respecto del aporte familiar permanente, señaló que se entregará a quienes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a su otorgamiento sean beneficiarios de los siguientes mecanismos:

a) Subsidio familiar establecido en la Ley 18.020 (818.138 familias). En estos casos, el aporte familiar será de $40.000 por cada causante de subsidio que el beneficiario tenga a dicha fecha.
b) Asignación familiar o asignación maternal establecidas en el DFL. 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban dichas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.987 (711.656 familias). En estas situaciones, el aporte familiar será de $40.000 por cada causante de asignación familiar.
c) Personas o familias que sean usuarias del Subsistema de “Seguridades y Oportunidades”.
d) Familias que estén participando en el Subsistema “Chile Solidario”,

En los dos últimos casos, se accederá al beneficio siempre que las personas no sean beneficiarias de alguno de los subsidios o asignaciones antes señalados. El aporte familiar será de $40.000 por cada familia y se calcula llegará a un total de 71.486 familias. En síntesis, concluyó, el aporte se entregará a un total de 1.601.280 familias

Finalmente, recalcó que el beneficio se reajustará el 1 de marzo de cada año, en el 100% de la variación que haya experimentado el IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior al pago.

Durante la sesión, los legisladores oficialistas resaltaron la importancia de crear este beneficio como una forma de avanzar en la reducción de la desigualdad y pusieron de relieve que su institucionalización, su gestación como derecho, les restará manejo electoralista y político.

Los diputados de oposición criticaron o consultaron sobre la oportunidad de establecer un mecanismo permanente, versus uno variable, que esté condicionado a apoyar a los más vulnerables frente a situaciones especiales. Además, se planteó la necesidad de vislumbrar una política social detrás de la iniciativa, por lo cual estimaron relevante establecer un diálogo no solo con Hacienda, sino también con la cartera de Desarrollo Social.

En este plano, la Comisión acordó sesionar mañana (jueves 13 de marzo) con el fin de dar audiencia a la Ministra del ramo, Fernanda Villegas, y a otros especialistas del área y así despejar los puntos en duda de la oposición. Asimismo, se acordó votar a las 10:15 horas el proyecto en particular, así como una indicación presentada por los diputados UDI Patricio Melero, Ernesto Silva, Javier Macaya y Felipe De Mussy y el diputado RN, Alejandro Santana, para que se incorpore a la clase media emergente dentro de la medida.

En todo caso, el Ministro de Hacienda ya definió su posición sobre el tema y aclaró que la propuesta busca focalizar el beneficio en los más vulnerables, especialmente considerando el monto del aporte.

Otros datos del proyecto

El proyecto establece que cada causante sólo dará derecho a un aporte, aun cuando el beneficiario esté acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñe trabajos diferentes y aun cuando pueda ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario; e indica que, en caso de existir diversos beneficiarios, se deberá preferir siempre a la madre.

La iniciativa especifica que el pago del aporte familiar se efectuará a través del Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, durante el mes de marzo de cada año. Durante el año 2014 dicha entidad podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas para cumplir con esta tarea.

Asimismo, se señala que, para evitar que nadie con el legítimo derecho a percibir este aporte se quede sin recibirlo, será posible reclamar sobre su no otorgamiento, siendo un año el plazo para reclamar, contado desde el mes de abril del año al cual corresponde pagar el beneficio.

Además, se fija un plazo de nueve meses para el cobro de este beneficio, contado desde la emisión del pago, y establece la procedencia de sanciones penales y administrativas, en caso de percepción indebida del aporte, además de la restitución reajustada del mismo.