Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Carlos Peña, sostuvo que hay una vulneración a la Constitución y estimó que las normas expuestas en el texto legal serán "inútiles" en la práctica, especialmente si se considera que los contratos vigentes no pueden ser revisados.
Un conjunto de reparos, que van desde vicios de inconstitucionalidad a normas “inútiles” en su puesta en práctica, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, al proyecto (boletín 9333) que crea las figuras del administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior.
El profesor en Derecho sostuvo, en primer lugar, que la mayor parte de las normas que contiene el proyecto son de jerarquía de Ley Orgánica Constitucional y que, por lo tanto, deben ser votadas bajo ese quórum en el Parlamento. “La autonomía de las instituciones universitarias está consagrada en leyes de esa jerarquía y, en consecuencia, si se pretende relativizar, morigerar o desmedrar la autonomía de las universidades y de otras instituciones de educación superior, por motivo que fuere, se requiere hacerlo mediante una norma de rango orgánico constitucional”, precisó.
Afirmó que el proyecto consagra una figura inconstitucional, ya que el administrador provisional vendría a sustituir al conjunto de órganos de una institución, reemplazando así una voluntad corporativa por una voluntad unilateral de un manager. Además, criticó, dicho personero estaría dotado de facultades expropiatorias, por cuanto la normativa le confiere facultades para actuar sobre todos los bienes propios de la institución y de aquellos que ésta administra, es decir, bienes pertenecientes a terceros.
“Permite al administrador provisional tomar la propiedad ajena en el interés de los estudiantes, un objetivo que desde la justicia sustantiva es correcto, pero que jurídicamente apreciado no es admisible en el derecho vigente en Chile”, sentenció.
Reconoció que el proyecto viene a abordar un problema grave y urgente, pero recalcó que ello no autoriza a impulsar cualquier solución, sino que se requiere haber un sometimiento a las reglas que existen en el país.
Consideró que la facultad entregada al administrador provisional para revisar los contratos será inaplicable para aquellos que se encuentren vigentes, por lo tanto estimó que su dictación es inútil. Recalcó que insistir en esta norma simplemente provocará eternizar el tema en tribunales.
Señaló que una mejor alternativa sería solicitar a una institución con problemas que defina un plan de mejora obligatorio al cual estaría sometido y que se nombre un administrador que supervigile su cumplimiento, so pena de cerrarla.
Criticó que el sistema de acreditación fue “laxo” y “casi ritual” durante los últimos 20 años, lo que condujo al actual descalabro. Además, sostuvo que el problema no se debe siempre a una situación de lucro o no lucro, sino que a malas administraciones o a situaciones que, rayando en la falta ética, no constituyeron ilícitos.
En esta perspectiva, plateó atacar los problemas de fondo del sistema a través de tres cambios importantes: prohibir la celebración de contratos con partes relacionadas; la fijación de directores independientes; y determinar mecanismos de acreditación y fiscalización más rigurosos.
Los representantes del Ejecutivo recalcaron que el análisis jurídico de la propuesta legal concluyó que no hay normas que se pudieran observar como inconstitucionales y recordaron que el Tribunal Constitucional ha señalado constantemente que los contratos no son inmunes.
Se refutó la idea que se pueda afectar el derecho de propiedad y se sostuvo que el conjunto de las herramientas presentadas en el proyecto son útiles, tal como se ha demostrado en otras situaciones. Sin embargo, se reconoció que es un tema complejo que puede ser perfectible.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS