La Comisión de Ciencia y Tecnología recibió, por segunda vez, a la abogada Rayén Campusano de la ONG Derechos Digitales, quien insistió en sus críticas al proyecto, mientras Fucatel y el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías apoyaron la moción.
La instancia legislativa se reunió para escuchar, en primer lugar, nuevamente a la representante de la ONG Derechos Digitales, Rayén Campusano, quien a través de un blog acusó que los proyectos que buscan el reconocimiento de los diarios electrónicos como medios de comunicación social, son un atentado contra la libertad de expresión y una vía para controlar las cuentas personales en redes sociales (boletines 9460 y 9461).
Campusano señaló que los proyectos contienen un cúmulo de requisitos formales que implican una sobrecarga para la creación y funcionamiento de diarios electrónicos y que se afecta el derecho a anonimato en línea, que es una garantía para la libertad de expresión de las personas en cualquier democracia.
Sobre las críticas expresadas por Derechos Digitales, la abogada del Observatorio de Medios, FUCATEL, Lorena Donoso, señaló que corresponden a una interpretación errónea de la Ley 19.733 y afirmó que son “críticas mal entendidas con poca aproximación al ejercicio del periodismo”.
Donoso descartó que este proyecto pueda restringir la libertad de expresión o controlar las redes sociales, porque “ni del espíritu ni del texto de la ley uno podría arribar a esa conclusión, porque expresamente señala que es una ley para la regulación de la libertad de opinión, información y ejercicio del periodismo”. Donoso agregó que la libertad de expresión no es alcanzada por esta normativa y que “cualquier interpretación en contrario es sacar del contexto la ley y llevarla a un ámbito donde no está apuntando”.
En ese sentido, reafirmó que el objetivo de la propuesta parlamentaria es entregar reconocimiento a los diarios electrónicos como medios de comunicación, equiparándolos a los diarios impresos, con el fin de otorgarles certeza jurídica, principalmente a los medios de carácter regional y así permitirles participar del mercado del avisaje, lo cual contribuye a su sustentabilidad financiera.
“La ley actual es tan ambigua y general, que no todos los medios han tenido la posibilidad de constituirse como un medio electrónico y gozar de los beneficios que representa participar del mercado del avisaje. Las instituciones regionales y tribunales regionales no están alfabetizados electrónicamente, no entienden que existe una equivalencia entre el diario electrónico y el diario impreso y eso implica que estos medios carezcan de la posibilidad de sustentabilidad porque los medios informativos están regulados por leyes de mercado y ellos subsisten gracias a la publicación de avisaje”, precisó Donoso.
Cambios Necesarios
A la instancia legislativa también concurrió el abogado Carlos Reusser, consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, quien también manifestó una opinión favorable sobre el texto.
“Es un proyecto absolutamente necesario y especialmente crítico para medios regionales, provinciales y locales; y, en general, salvo algunas precisiones para aumentar su efectividad, está encaminado correctamente”.
Para el presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología, diputado Ramón Farías (PPD), fue importante escuchar las dos visiones y advirtió que “hay una obstinación de la ONG Derechos Digitales de querer entender algo que no dice el proyecto.
“Queda claro la mala interpretación, el no querer entender que esta ley es muy simple, que consagra periódicos digitales y que no tiene que ver con nada más”, insistió el legislador, quien también recalcó el error al hablar de Ley de Medios.
El diputado explicó que en marzo, tras el receso, se retomará el proyecto con algunas indicaciones para aclarar el tema de la voluntariedad y modificar la referencia que se hace a la empresa de dominio, para que quede establecido sin una alusión directa a una en particular, sino solo que los sitios deben estar “alojados en Chile”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS