En la sesión de esta semana, los distintos sectores discutieron algunas de las normas ya aprobadas por la Comisión, particularmente lo relativo a las audiencias de adoptabilidad, donde algunos legisladores cuestionaron puntos específicos, como por ejemplo, la forma en quedó sancionado la participación de la familia extendida del menor. El Gobierno comprometió un estudio sobre la materia y la forma en que se dará una coherencia normativa a todo el cuerpo legal.
Un amplio y contundente debate se gestó esta semana en el seno de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en torno al proyecto (boletín 9119) que buscar impulsar una reforma integral al sistema de adopción en Chile, ello con la idea de superar las diferencias que subsisten en diversas materias y propiciar un acuerdo que garantice un mejor y más rápido trámite legislativo.
El Subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, destacó los avances que presenta el texto legal, cerca de 25 artículos aprobado de aproximadamente 70, y valoró la oportunidad de concretar una materia prioritaria para el Gobierno, que es cómo cuidamos en Chile a nuestros niñas, niños y adolescentes (NNA) y propendemos a que vivan con sus familias propias o una adoptiva.
Estimó que existe un ánimo general por llegar a un consenso en las materias y observó una convergencia por procurar el bien superior de los NNA. "Tenemos la convicción que este proyecto, si seguimos así, lo podemos aprobar este año, evaluó.
Reafirmó la voluntad del Gobierno para revisar, a solicitud de la Comisión, la coherencia de ciertas normas, como por ejemplo, la situación de algunos parientes y anunció que, en la próxima sesión, en la primera semana de mayo, ya tendrán la claridad sobre la postura jurídica y política al respecto.
La diputada Karla Rubilar (IND) informó que parte de la discusión estuvo dada en torno a los procedimientos de adoptabilidad de un menor, donde se presentan dos vías: una cuando la madre o el padre quiere voluntariamente entregar a su hijo (las normas relativas a este procedimiento ya fueron votadas en la Comisión); y otra en que se engloban otras causales de adopción, donde se suele presentar una negativa de la familia a entregar al menor, pero donde subsisten inhabilidades que terminan generando la adopción.
Indicó que el punto observado dice relación específicamente al tema de los parientes: en el primer caso porque solo están contemplados los padres y los abuelos (estos últimos fueron incluidos tras la aprobación de una indicación parlamentaria); y en el segundo, porque se optó por la familia extendida. "Es lógico, a mi juicio, que cuando hay una voluntariedad, se respete ésta y ahí discrepo con la indicación que se aprobó. Y respecto del otro procedimiento, es obvio que hay que tratar de hacer la familia lo más extendida posible, para mantenerlos dentro del núcleo familiar y dentro de lo que son orígenes y raíces", evaluó.
Comunicó que también hubo algunas discusiones en torno al procedimiento propiamente tal, si es apelable o hasta qué momento sería apelable, por ejemplo; y por el tema de las excepcionalidades (cuando se excluye de participar en el proceso de adopción a un familiar), particularmente porque se incluyen sólo los delitos sexuales impetrados al menor y no a terceros y porque debería considerarse también el maltrato grave. "Es parte de lo que va a analizar el Ejecutivo junto con su dirección jurídica. Como está cerrado el plazo para indicaciones es el Ejecutivo el que tiene la palabra", puntualizó, expresando luego su voluntad de avanzar y sacar prontamente la propuesta legal.
El diputado Ricardo Rincón (DC) estimó que, tal como ha sido sancionado a la fecha el proyecto, se está violando la Convención Internacional de los Derechos de los NNA, a tal punto que se estarían trastocando conceptos jurídicos, como por ejemplo, indicar que habrá una "entrega voluntaria" del menor.
"Los niños no son cosas; existen los términos de guarda, cuidado y protección, eso es lo que como padre puedo decidir. No puedo decidir iniciar un proceso para que sea adoptado, para que producto de mi decisión la consecuencia sea la adopción, pero como trabajan sobre el concepto de entrega ven al niño como un objeto, cuando tienen que trabajar bajo el concepto de sujeto de derecho", planteó.
Estimó que bajo los conceptos de guarda, cuidado y protección es posible continuar con un proceso en que el Estado tiene que, incluso, tratar de mantener al niño en acogimiento y, en lo posible, con vinculación con su familia para que se produzca el reenlace y, si no fuera posible, con la familia extendida. "La adopción es la última ratio", sentenció.
También cuestionó la forma en la cual se han abordado las audiencias de adoptabilidad en torno a la participación de los parientes. Sostuvo que, tal como lo establece la Convención, es obligación incluir en todos los procedimientos a la familia extendida del menor, sin distinción alguna.
El legislador criticó, además, que algunos representantes del Ejecutivo promovieran normas que, a su juicio, no tienen sustento jurídico, como lo relativo al procedimiento de consulta, y estimó que lo que debe interesar en esa materia es que existan instancias para reclamar de irregularidades y poder rever los procesos porque aquí está en juego el interés superior del niño.
En todo caso, valoró particularmente la voluntad y apertura expresada por el Subsecretario Suárez para revisar las normas ya aprobadas y generar una coherencia en todo el cuerpo legal. "Mostró una voluntad especial que puede marcar un camino distinto para lo que sería una inconsistencia del Estado de Chile con la Convención Internacional de los Derechos del NNA", recalcó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS