Ejecutivo presentó una nueva indicación al proyecto sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, para complementar la norma sobre límite de aportes de personas naturales, con el fin de agregar un tope máximo, que podría llegar a mil UF dependiendo de las diferentes categorías de candidatos.
En el marco de la tramitación del proyecto para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (boletín 9790), el gobierno presentó una nueva norma que amplía la regulación de los límites de aportes que pueden realizar las personas naturales a las campañas electorales.
El proyecto contempla que las personas naturales no podrán aportar, a un mismo candidato y en una misma elección, más de 250 UF en el caso de candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales; 315 UF para candidatos a diputado o senador y 500 UF tratándose de candidatos a la Presidencia de la República.
Sin embargo, una nueva norma aprobada por la Comisión de Constitución por 8 votos a favor, tres en contra y una abstención, agrega que en el caso de personas naturales que efectúen aportes en una misma elección pero a más de un candidato, dichos fondos en total no podrán ser superiores a 500 UF, tratándose de candidatos a alcaldes y concejales, y de mil UF tratándose de candidatos a diputados, senadores, consejeros regionales y Presidente de la República.
Sobre esta norma, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) justificó su voto en contra señalando que a medida que avanza este proyecto se ha ido limitando la posibilidad de los candidatos retadores de tener una real opción de ganar a los actuales parlamentarios y afirmó que “eso no le hace bien a la democracia”.
“Delimitar y solo delimitar campañas y financiamiento restringe a los retadores a que puedan ser electos, sobre todo ahora que los distritos son más grandes”, señalo Coloma.
Por el contrario, a juicio del presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS) este límite a los aportes de campaña es parte del “corazón de este proyecto que tiene que ver con reducir la influencia del dinero privado en las campañas”.
Añadió que se busca fortalecer la relación del candidato con sus electores y no del candidato con quien lo financia. Por eso, agrega, “se entrega un aporte público que reemplaza al privado y se entrega con criterios de equidad para mejorar la competencia electoral”.
Puntualizó que le parecen correctos estos controles, porque el aporte privado lleva implícito la búsqueda por desnivelar la elección y generar una influencia indebida sobre los candidatos.
Encuestas y propaganda
La instancia legislativa también aprobó establecer la prohibición de divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, a partir del 4° día anterior a la elección de que se trate.
Asimismo, se aprobó otra indicación gubernamental que plantea que se podrá realizar propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches adheridos, avisos luminosos o pintura, siempre que medie autorización escrita del propietario o tenedor del inmueble, con un tamaño máximo de 25 metros cuadrados, autorización que debe informarse al Servicio Electoral por el candidato.
La norma también señala que estará prohibido realizar propaganda en bienes privados pero destinados a servicios públicos o localizados en bienes de uso público, como vehículos de transporte de pasajeros, paradas de transporte público, estaciones de ferrocarriles o metro y postes de tendido eléctrico, televisión por cable, telefonía u otros de similar naturaleza.
Pero los integrantes de la comisión se abstuvieron en forma unánime (que implica su rechazo) respecto de otra indicación del Ejecutivo que establecía que la propaganda ubicada en espacios privados debería ser valorizada por los propios candidatos.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS