CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En una abierta y distendida reunión, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comprometió ante los diputados de la Comisión del ramo el estudio de algunos cambios al proyecto (boletín 9015) que modifica la institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguro (SVS) y la convierte en un sistema de gobierno colegiado, esto es, una Comisión de Valores y Seguros (CVS).

La Comisión de Hacienda, desde algunas semanas, viene desarrollando un amplio proceso de audiencias respecto de las cuales surgieron un conjunto de observaciones que los parlamentarios recogieron y que le manifestaron al Ministro esta semana. Entre los temas sugeridos para revisión se encuentran: la posibilidad de incrementar los recursos y la planta de la nueva institución, para cumplir efectivamente con el rol fiscalizador que se le otorga a la institución; la eliminación de figuras que puedan dar cabida a publicitar las acciones del fiscal que se nombra a través de esta ley (se separan las funciones persecutoria de las sancionatorias que hoy mantiene el titular de la SVS); la limitante de tiempo que debe regir para los consejeros de la Comisión que salen de la institución, para incorporarse a una empresa del sector fiscalizado; y la posibilidad de fijar un sistema de dedicación exclusiva de los consejeros (el proyecto sólo la establece para el presidente del Consejo de la CVS), así como las remuneraciones acordes de estos funcionarios, considerando las inhabilidades que se les impone para ejercer otros cargos.

El Ministro comunicó a los diputados que está dispuesto a estudiar el tema de la dedicación exclusiva de los consejeros y de presentar en el corto tiempo una propuesta diferente. “Entendemos que medio tiempo, por media remuneración, habida la inhabilidad, puede haber un problema. Estamos abiertos a mejorar algo la remuneración, pero manteniendo la jornada. Puede ser una forma de compensar el tema de las inhabilidades”, especificó.

Respecto del tema del “post empleo”, el Secretario de Estado indicó que la normativa propuesta va en la línea de lo establecido por la Ley de Probidad Administrativa, que indica la prohibición de prestar servicios a entidades fiscalizadas por un período de seis meses después de haber cesado en el cargo. “Establecer algo distinto a esta ley puede tener consecuencias insospechadas en muchos otros servicios”, acotó, recalcando que sería posible una modificación a la norma pero en otro proyecto que aborde la materia en forma general y uniforme para todas las instituciones y servicios públicos.

Dijo que es posible eliminar la referencia del convenio de desempeño del fiscal de la CVS, ya que se entiende que sus actos son reservados y, por tanto, no se puede hacer alarde público de las materias que desarrolla. Sin embargo, señaló que ello sería definido a través del proyecto que perfecciona el sistema de la Alta Dirección Pública que recientemente ingresó a trámite a la Cámara de Diputados.

En materia de recursos y personal, recordó que, además de los cuatro consejeros que serán parte junto al presidente del Consejo de la CMS, se suman al Servicio 16 funcionarios. Además, detalló, a través de otros proyectos complementarios, se agregarán a la institución otros 15 empleados, con lo cual se desarrollará un fuerte fortalecimiento institucional, con el financiamiento adecuado. “El presupuesto del gasto del personal, desde el año 2002, se ha multiplicado en más de 2,5%”, informó, añadiendo que la estimación del Gobierno es que los recursos cubren los objetivos planteados en la iniciativa.

Datos Generales del Proyecto

El proyecto contempla la creación de una Comisión, regida por un Consejo compuesto por cinco integrantes. Estos tendrán como función la dirección y administración superior del Servicio, el cual continuará siendo de carácter público, descentralizado y especializado.

La designación de los miembros del Consejo será realizada por el Presidente de la República, debiendo ser ratificada por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Su periodo durará seis años y se irán renovando parcialmente cada tres años.

La iniciativa indica que el presidente del Consejo será nombrado por el Primer Mandatario de entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas al mercado de valores y seguros. Permanecerá en el cargo el mismo tiempo que dure el mandato presidencial, aunque podrá ser reelegido por un nuevo periodo, al igual que los consejeros. Deberá tener dedicación exclusiva a la institución.

La propuesta legal considera entregar a la Comisión la atribución de proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, las normas legales y reglamentarias necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de los mercados y el cumplimiento de la normativa vigente.

Las normas que dicte la CVS tendrán que disponer de estudios previos que incluyan una definición adecuada del problema; una reseña que justifique la intervención del órgano regulatorio; una evaluación del uso de la norma regulatoria; y la determinación de una base jurídica para dictar la regulación.

Las funciones de investigación administrativa y formulación de cargos se centralizarán en una unidad transversal, a cargo de un fiscal, que abarcará el mercado de valores y seguros, independiente de quienes deciden la aplicación de sanciones. Asimismo, acotó, le corresponderá al Consejo colegiado la aplicación de sanciones.

Además, el proyecto contempla normas que confieren facultades explícitas a la Comisión para requerir acceso a información sobre operaciones bancarias de personas en el marco de los procesos de investigación o procedimientos sancionatorios; permite al organismo compartir dicha información con otras entidades regulatorias extranjeras con las cuales haya convenios; y establece nuevas facultades en materia de persecución y sanción de infracciones, en la forma de mecanismos de colaboración eficaz o delación compensada.

Las reclamaciones serán directamente ante la Corte de Apelaciones y no ante los juzgados de letras y le corresponderá al fiscal a cargo de la unidad especial llevar la defensa judicial de las sanciones impuestas por la Comisión.