CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Sala de la Cámara de Diputados no entregó la unanimidad para aprobar la solicitud de la Comisión Investigadora en el caso Caval de ampliar su período de funcionamiento en 30 días. De esta manera, la instancia deberá iniciar la elaboración del informe final para lo cual tiene un plazo de quince días.

Los integrantes de la Comisión lamentaron esta decisión y, en conjunto, recalcaron que continuarán con la investigación a través de la creación de una nueva instancia fiscalizadora, solicitud que fue ingresada este jueves.

El presidente de la instancia, diputado Gabriel Silber (DC), estimó que "hoy fue un día negro para el Congreso Nacional" y lamentó que diputados socialistas no entregaran su apoyo para extender el plazo de funcionamiento. Sostuvo que la Presidenta de la República no necesita este tipo de defensa y recalcó que ella sabe que el mejor antídoto es una investigación independiente y sin sesgo político como la que ha estado llevando a cabo la Comisión.

Los diputados Guillermo Ceroni (PPD) y Juan Luis Castro (PS) también refutaron el resultado y calificaron como incomprensible la decisión adoptada por los legisladores que se opusieron a la prórroga.

Desde la oposición también se vertieron críticas. En particular, los diputados Issa Kort (UDI) y Marcela Sabat (RN) consideraron que el voto contrario de los legisladores fue una vía de bloqueo para evitar que se conozca la verdad que los chilenos exigen sobre este caso

Superintendencia de Insolvencia

La comisión investigadora -cuyo mandato se extendía hasta el 30 de septiembre- recibió, en lo que fue su última sesión, a la titular de la Superintendencia de Insolvencia, Josefina Montenegro, quien entregó antecedentes sobre el proceso de quiebra que llevó a cabo el síndico Herman Chadwick, a través del Convenio Judicial Preventivo Wiesner S.A.

Al respecto, Josefina Montenegro comunicó que hasta el día de ayer solo 17 de las cerca de 50 observaciones hechas por la Superintendencia a la cuenta del Convenio fueron subsanadas por Chadwick, lo que podría motivar el rechazo de esta por parte del tribunal y originar con ello una causal legal de exclusión de la nómina de síndicos.

La Superintendenta informó que, entre los temas observados, se constató la existencia de una serie de egresos que corresponden a gastos de administración efectuados durante el periodo que el síndico asumió en calidad de interventor, sin la debida autorización. Asimismo, aclaró que los honorarios consignados en la cuenta final de liquidación se encontraban excedidos en 140,86 UF.

Asimismo, los gastos de administración consignados en esta cuenta final no fueron aprobados por los acreedores, los que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, ascienden a $127.096.

Un punto que llamó particularmente la atención de los miembros de la Comisión fue el de las observaciones no subsanadas relativas a la contratación y pago de honorarios a Juan Díaz. Josefina Montenegro precisó que la fiscalización a los honorarios pagados al operador, equivalentes a de $415.354.524, tuvo como reparos que: dichos honorarios no se encuentran aprobados; el síndico no acreditó documentadamente el rechazo de la factura emitida por la empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos Ges Consultores Ltda.; el impuesto de Retención y Recargo de dicho pago de honorarios se encuentra registrado erróneamente en la contabilidad; y que el contrato de honorarios, de fecha 15 de mayo de 2014, es incongruente en cuanto a su objeto y vigencia, puesto que se encontraba supeditado a la venta de las parcelas denominadas Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, venta que se había efectuado con anterioridad a la fecha del referido contrato, esto es, el 17 de enero de 2014.

La Superintendenta también explicó que hubo disconformidad entre lo informado en las cuentas finales de intervención y de liquidación y lo registrado en la contabilidad (en el primer caso la diferencia es de $786.322, por concepto de reparto de fondos y honorarios; en tanto que en el segundo es de $54.048.290, por gasto en martillero y honorarios); e informó que se constataron diferencias en materia tributaria, en lo informado en las declaraciones de impuestos a la renta y lo registrado en la contabilidad, por lo que se ofició al SII informando al respecto.

Finalmente, indicó que se observaron ingresos no percibidos por el Convenio por más de 24 millones; y la existencia de un honorario adicional por $95.960.200 no registrado en la cuenta final de liquidación ni en la contabilidad.

El presidente de la Comisión, diputado Gabriel Silber, calificó estos antecedentes como graves y dijo que esperan que el tribunal civil se pronuncie rechazando esta quiebra. "Y, lo más importante, consideramos que la gravedad de los hechos ameritan que, en este caso, el síndico Chadwick pierda su condición de tal", remarcó.

El diputado Juan Luis Castro evaluó que tomando en cuenta los datos aportados, es fundamental que el síndico se presente en la Comisión. Además, consideró que Chadwick va a tener que dar muchas explicaciones porque sus acciones, en lo principal, no tuvieron respaldo de los acreedores. "Él traspasó la frontera del mandato, traspasó prácticamente la ley, y claramente, en su contrato que le hizo a Juan Díaz, como en los gastos operacionales, y los premios que recibió de la señora Helga Riffart son todos objetados por la Superintendencia", destacó.

La diputada Marcela Sabat, por su parte, recordó que Josefina Montenegro fue clara en señalar que no le correspondía a ella calificar si había dolo en las acciones del síndico, sino a otras instancias, como al Ministerio Público. La parlamentaria resaltó las irregularidades presentadas por la Superintendencia, y consideró impresentable que de las 50 observaciones, Chadwick solo subsanara 17. "A criterio personal, sin duda que podría pasar por la causal de exclusión de la nómina nacional de síndicos", planteó.

Finalmente, el diputado Diego Paulsen (RN) señaló que es importante respaldar la labor que hace la Superintendenta y estimó que su presentación fue "notable", permitiendo constatar las variadas objeciones a la cuenta del síndico. Dijo que se pudieron dar cuenta que Chadwick traspasó todo mandato entregado por la junta de acreedores y calificó como impresentable que le hayan pagado 415 millones y de este dinero, 275 millones no tengan un objeto o una causa legal contundente para obtener el respaldo de los pagos.