CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con la participación de la directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega, junto a la jefa de la Unidad de Licencias Médicas del organismo, Bélgica Bernales, se inició hoy el ciclo de audiencias de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados con el objeto de indagar los actos ejecutados por los organismos públicos respecto de un eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de denuncias de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por las mutualidades.

Jeanette Vega inició su exposición reconociendo deficiencias legales y normativas, al tiempo que acusó la existencia de un subdiagnóstico de las enfermedades profesionales en nuestro país, con índices por debajo de países desarrollados que impulsan fuertes políticas en la materia.

La directora de Fonasa explicó que las razones de este subdianóstico son variadas, entre las más importantes mencionadas: el prolongado tiempo que suele mediar entre la exposición a un elemento que sea adverso para la salud y el daño verificado; desconocimiento de la población trabajadora respecto de los beneficios de la Ley 16.744 (accidentes del trabajo y enfermedades laborales); no estar incorporado la salud ocupacional, específicamente en la maya de las profesiones de salud (los doctores no preguntan a que se dedica el paciente ni a qué riesgos para la salud se ve sometido); complejidad para calificar la enfermedad como ocupacional; y falta de instrumentos estandarizados para determinar el diagnóstico.

Indicó que, según las estadísticas, los trabajadores que están por cuenta propia tienen una baja posibilidad de acceder a este seguro (5,4% los hombres y 7,8% las mujeres); en tanto que en los dependientes o asalariados el rango es mayor aunque aún no suficiente (60% en hombre y 51,9% en mujeres).

Reveló que, para determinar cuánto el Estado está subsidiando al sistema, se debe considerar el lugar de atención del accidente o de la enfermedad asociada al trabajo, según la situación de empleo. Así, agregó, tanto los trabajadores por cuenta propia, como del servicio doméstico y dependientes, la atención es principalmente en los establecimientos públicos de salud.

"El sector público financia de manera indirecta a beneficiarios del organismo administradores privados de la ley. Un 74% de los trabajadores del país que tienen derecho a SIL se encuentra afiliado a Fonasa. Un 84% de los trabajadores protegidos por el seguro de la ley pertenece a empresas adheridas a las mutualidades. Y, entonces, la pregunta es: ¿Si el 84% de los trabajadores está protegido por la ley, por qué entonces el sistema público está atendiendo a estos trabajadores, mayoritariamente en el caso de accidentes y de enfermedades? Lo que uno esperaría es que el 84% de estos trabajadores fuera atendido por la mutuales para el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales", precisó ante el grupo parlamentario que preside la diputada Alejandra Sepúlveda (IND).

Relató que estudios internos dan cuenta, por ejemplo, de la alta presencia de pacientes afectados con silicosis en salas de control de enfermedades respiratorias agudas en personas mayores. Por ejemplo, acotó, en Atacama la cifra alcanza al 42,7%, cuando la norma es una prevalencia por cada cien pacientes expuesto a sílice de 14,1% y de 4,7%, respecto de casos compatibles con la silicosis. "Aquí, sin dudas, hay un subsidio cruzado importante", reafirmó.

Comunicó que se está haciendo un estudio pormenorizado para cuantificar esta situación dado que no hay datos en el país que estén hechos de manera sistemática para poder hacer el cálculo del costo completo que significa. Adelantó, en todo caso, que datos preliminares indican que, solo por gasto en licencias médicas en enfermedades ocupacionales por causas ortomusculares de salud mental, se estaría subsidiando a las mutuales en cerca de $90 mil millones.

Jeanette Vega sostuvo que esta situación genera efectivamente dos niveles de costos. Para Fonasa, por el subsidio que se estaría realizando respecto de una ley de la que la institución no es la administradora y por hacerse cargo de un trabajador que va a requerir de un mayor tiempo de licencias médicas; y para los trabajadores, porque no acceden a atención especializada, pierden beneficios sociales (la gratuidad de la atención médica, los medicamentos y exámenes), se les encarecen las licencias médicas y no acceden a medidas preventivas o correctivas respecto de lo que ha originado el accidente o la enfermedad.

Debate

El diputado Felipe De Mussy (UDI) se manifestó interesado en saber si el hecho se produce por un desconocimiento de la ley de parte de los trabajadores o por si hay una eventual falta de atención de parte de las mutualidades. Asimismo, solicitó que Fonosa haga llegar los estudio de legislación o experiencia comparada, para ver como se ha abordado el tema en otros países.

El diputado Miguel Ángel Alvarado pidió que se precise cómo se define una enfermedad laboral y llamó a buscar vías para influir en el mundo de los trabajadores independientes, de modo que puedan acceder de mayor manera el beneficio de la Ley 16.744.

Además, los legisladores presentes en la sesión pidieron que se anticipen los eventuales cambios que se buscarán impulsar desde el Gobierno, tanto administrativa como legalmente.

La directora de Fonasa evaluó que existen múltiples incentivos que fomentan la situación expuesta, por ejemplo, desinterés de los empleadores, particularmente por eventuales alzas en el costo de las primas. Pero también deficiencias en el propio aparataje público y en la ley que afecta, por ejemplo, la fiscalización.

Planteó que se podría introducir en el cálculo de la prima elementos que tengan que ver con la prevención; clarificar qué organismo será el responsable de fiscalizar a las empresas; tener una contraloría única; especificar la oportunidad y los plazos de respuesta de parte de las mutualidades frente a una consulta de un trabajador; fomentar el enfoque preventivo y la información dispoible para los trabajadores; y determinar que el peso de la prueba cambie, es decir, que las mutuales tengan que demostrar que las enfermedades son de origen común y no laborales.

Respecto de la definición de enfermedad laboral, dijo que apunta a aquellas que son directamente imputables a la ocupación. Señaló que el problema está dado en la forma de atribuir las patologías al vínculo laboral. En dicho plano, dijo que Chile podría incursionar en la aplicación de protocolos específicos o de listas de enfermedades llamadas centinelas o trazadores, que marcan en más de un 90% que su origen está dado en la exposición ocupacional (por ejemplo, la silicosis en la minería).