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Comisión de Hacienda analizó ayer proyecto que otorga una asignación extraordinaria para funcionarios de Atacama

Publicado el 13 de abril del 2016

De no retirarse la calificación de urgencia, la propuesta legal debería ser votada hoy en la instancia, pese a la posición contraria que expresaron varios legisladores. La iniciativa del Gobierno beneficiará a funcionarios con contrato vigente al 1° de enero de 2015 que se encuentren en servicio a la fecha del pago de la asignación y con una remuneración bruta mensual igual o inferior a 700 mil pesos. El monto de la asignación será de 200 mil pesos y se otorgará por una sola vez.

Con la presencia del Ejecutivo y representantes de la ANEF y la CUT, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó ayer, el recién ingresado proyecto (boletín 10603) que otorga una asignación extraordinaria para los funcionarios de menores remuneraciones de la región de Atacama.

En la sesión, el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confidenció que, a juicio del Ejecutivo, "el protocolo que se firmó el año 2014 y que se aplicó en 2015 fue un error". En este plano, especificó que la idea central de la presente propuesta es tratar de corregir ese error.

Aleuy reconoció que el compromiso no se cumplió desde el Gobierno, en el sentido de integrar, en términos de referencia, un estudio que considera una canasta básica que define el costo de vida en Atacama (el acuerdo, entre varios puntos, consideraba la opción de hacer permanente el bono si el estudio definiera que el costo de vida en la región así lo ameritase).

El titular de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl De la Puente, valoró que la Comisión postergara en el día de ayer la votación, con el objeto de promover el diálogo. Sostuvo que el proyecto es insatisfactorio tanto en su forma como en su fondo. "Los contenidos son un décimo de lo que tenían antes los funcionarios públicos. Se ha perdido un derecho adquirido que se ha propinado a los trabajadores", planteó.

Javier Castillo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) provincial de Atacama, resaltó que siempre han mantenido el optimismo y llamó al Gobierno a abrirse a una mesa real de discusión, aprovechando la instancia otorgada por la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Remarcó que si la iniciativa se llega a aprobar en los actuales términos, imponiéndose el criterio del Gobierno de dar un punto final a la discusión al protocolo firmado el 5 de septiembre de 2014, las movilizaciones van a continuar.

Parlamentarios

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Manuel Mosalve (PS), dijo que buscaron dar tiempo para que se cumpla el objetivo que tienen los trabajadores de llegar a una instancia de diálogo y acuerdo con el Ejecutivo y que este practique lo que ha impulsado a través de la reforma laboral recientemente despachada desde el Parlamento. "En este proceso no hay ni acuerdo ni diálogo suficiente y lo que la Comisión de Hacienda, lo que está buscando, es que ese diálogo se produzca", puntualizó.

Informó que los trabajadores plantearon dos puntos centrales en su posición: que este proyecto, que no fue presentado con acuerdo, no puede constituirse en un punto de cierre para la negociación de los trabajadores del sector público de la región de Atacama; y que el estudio de costo de vida debe ser validado por todos. "Si el Gobierno está por uno nuevo para determinar los costos de vida de la región, los términos deben ser validados y compartidos por los trabajadores", precisó.

La diputada Yasna Provoste (DC) valoró la base de diálogo promovido por la Comisión y criticó que el Gobierno llegue a los 43 días de iniciada la movilización a decir que el protocolo firmado en 2014 fue un error. "Creemos que no hay más espacio que cumplir con los acuerdos que se han tomado con los funcionarios públicos", sentenció.

El diputado Patricio Melero (UDI) evaluó que "es evidente que el proyecto que ha enviado el Gobierno no cumple con los requisitos mínimos para ser aprobado". Criticó que el Subsecretario se presente ante la Comisión y diga que el protocolo del año pasado fue un error, que los estudios hay que hacerlos de nuevo y que traiga un proyecto que está muy por lejos de lo que el protocolo estableció. "Entonces, deja en evidencia la mucha improvisación e ineptitud del Gobierno para hacer las cosas bien", recalcó.

Los legisladores señalaron que para no rechazarle el proyecto al Gobierno se pidió quitarle la urgencia, iniciar un proceso de diálogo mayor con los trabajadores y presentar una propuesta que se condiga con los compromisos establecidos. Señalaron que, en caso contrario, de tener que votar hoy el proyecto se optará (al menos la mayoría de los legisladores) por aprobar la idea de legislar, pero se rechazará el articulado.

Propuesta vigente

La propuesta presentada a la fecha por el Gobierno contempla la entrega de una asignación a los trabajadores del sector público de la región de Atacama de 200 mil pesos, que se otorgará por una sola vez y se pagará en una sola cuota en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. La asignación será imponible, tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

Para poder acceder al beneficio, los funcionarios públicos deberán tener contrato vigente al 1° de enero de 2015; encontrarse en servicio a la fecha del pago de la asignación; y tener derecho a una remuneración bruta mensual igual o inferior a setecientos mil pesos, por una jornada de trabajo de 44 o más horas semanales en el mes inmediatamente anterior al pago de la asignación extraordinaria.

Además, el proyecto indica que los funcionarios favorecidos deberán pertenecer a algunas de las siguientes categorías:
1. Personal de planta, a contrata o contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que sean remunerados según lo dispuesto en el DL 249, de 1973, y en el Título I del DL 3.551, de 1980.
2. Personal de planta o a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
3. Personal de la Atención Primara de Salud Municipal, regido por la Ley 19.378.
4. Asistentes de la educación regidos por la Ley 19.464, que se desempeñen en los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas.
5. Funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama.
6. Funcionarios municipales regidos por el Título II del DL 3.551, de 1980, y por la Ley 18.883.

El mayor gasto de la ley será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la Ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.