CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La necesaria autonomía administrativa y programática, el mecanismo de financiamiento estudiantil y el rol público de las casas de estudio fueron algunos de los temas abordados ayer en el debate realizado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en torno al anunciado proyecto de ley del Ejecutivo que vendrá a regular el sistema educativo superior.

En el encuentro participaron, en representación de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), los vicepresidentes del organismo, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida; y rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo. Además, concurrieron el rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo Álvarez, y la directora ejecutiva de la red G9, Andrea Wenzel.

En representación de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), asistió su presidenta, la rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Armanet; y el rector nacional de la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter.

En su exposición, Óscar Galindo dijo que comparten la visión que es necesario impulsar en el país una reforma profunda del sistema de educación superior y, especialmente, del sector universitario. Asimismo, sostuvo que, con algunos matices, comparten la nueva institucionalidad que se proyecta concretar, como la Superintendencia y la Agencia de Calidad.

Respecto de los reparos más específicos, estimó necesario hacer un análisis detenido sobre lo que se entenderá como sistema público de educación superior. "Nosotros entendemos que el sistema público de educación superior está integrado por universidades estatales y no estatales, no solo estatales, como propone la reforma. Las consecuencias de entender de una u otra manera va a tener efectos evidentes en el sistema de educación superior y nosotros estamos simplemente planteando la necesidad de que se cree un sistema de educación público claramente integrado por universidades del Estado y universidades no estatales que cumplen un rol público y que están representadas en las universidades del G9", detalló.

Planteó que una segunda materia es lo relativo a la regulación para las instituciones. Indicó que están absolutamente de acuerdo con que a las universidades estatales se les tiene que liberar de una serie de trabas y dificultades que hoy día tienen para su gestión, pero, al mismo tiempo, consideró que no es posible identificar a las universidades no estatales como simples oferentes privados en el mercado de la educación superior.

Óscar Galindo también llamó a fortalecer el sistema regional de educación superior y a no perder la oportunidad de introducir equilibrios territoriales, de modo de evitar la tendencia a la concentración de las capacidades académicas, científicas e intelectuales en la región Metropolitana.

Darcy Fuenzalida, Jorge Tabilo Álvarez y Óscar Galindo fueron enfáticos en señalar la necesidad de mantener un efectivo nivel de coordinación entre las casas de estudio de perfil público, particularmente a través del Consejo de Rectores, y evitar una futura competencia entre ellas por recursos, por ejemplo, para el financiamiento de la investigación científica y tecnológica.

Los rectores del G9 también fueron claros a la hora de defender el concepto de "universidad" desde una perspectiva clásica, que incluye la docencia, la investigación y la extensión, y estimaron pertinente desarrollar un sistema de admisión general nacional, público, transparente y auditable, basado en mérito; y mantener un mecanismo de financiamiento que contemple un aporte basal y la competencia.

Finalmente, remarcaron la necesidad de que las instituciones mantengan su autonomía académica y plantearon su acuerdo a que el Consejo de Rectores abra sus puertas a otras instituciones, siempre y cuando ello sea regulado por ley y con las pertinentes exigencias.

CUP

Pilar Armanet felicitó la oportunidad brindada por la Comisión de abrir el diálogo en esta materia y consideró que existen muchos puntos de acuerdo y de consenso en los cuales es posible acercar posiciones.

Informó que las universidades privadas están por avanzar en una regulación del sistema, pero llamó a respetar la autonomía universitaria, tanto en lo referente a la gestión administrativa como a la libertad de cátedra. "Ese es un principio que es cosustancial a la existencia de la universidad", remarcó.

Dijo que también es fundamental la no discriminación de los estudiantes. "Nosotros estamos completamente de acuerdo en que existan condiciones para acceder a determinados beneficios, que pueden significar años de acreditación, etc., pero en igualdad de condiciones. Lo importante es que nuestros alumnos son chilenos y merecen el mismo trato que los jóvenes que estudian en universidades tradicionales (…) el acceso a la gratuidad, que es un beneficio muy importante, debe estar abierto para nuestros estudiantes también", recalcó.

Indicó que ven con preocupación la futura competencia por recursos para la investigación y observó que no está claro el límite de competencias entre la Superintendencia de Educación Superior y la Agencia de Calidad.

Respecto de la eventual apertura del Consejo de Rectores a nuevas instituciones, dijo que les parece una idea importante. "Siempre ha sido sorprendente que el único espacio en el que se juntan todas las universidades sea un banco y no seamos capaces de crear espacios para poder conversar. Lo que pasa es que la pertenencia al Consejo de Rectores está asociada a un nivel de financiamiento y yo creo que, en un momento determinado, el Consejo debe fijar las condiciones específicas para acceder, de manera de ir creando espacios donde haya una mayor participación del sistema completo", puntualizó.

Evaluación de la jornada

El presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), se manifestó muy conforme con el encuentro y el debate realizado, previo a la entrada a trámite del proyecto del Ejecutivo. Evaluó que hay algunos temas planteados en los que hay bastante acuerdo como la necesidad de la existencia de una Superintendencia y de una Agencia de Calidad y que los roles de ambas instituciones sean bien definidos.

"Donde sí hay diferencias es en el tema de financiamiento y otros temas que son relevantes, que aquí hemos escuchado, como por ejemplo qué consideramos universidad pública y qué consideramos privada; el grado de participación que tengan grupos de interés al interior de las universidades; y que efectivamente el fin que tiene la ley hoy día que sean instituciones sin fines de lucro se cumpla", precisó.

Señaló que también destacó el tema del tipo de universidad que queremos en nuestro país, si debe ser compleja o no; si debe tener las tres modalidades que hoy día tiene en términos de docencia, extensión e investigación, o si una universidad también puede ser solo docente. "Ese es un debate que también ha salido y que creo que la ley debe clarificar para avanzar en una sociedad que tiene que tener una ley de educación superior para los próximos 30 o 50 años", enfatizó.

El debate sobre este tema continuará la próxima semana con la participación de representantes de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica.