El llamado fue realizado tras recibir las observaciones de la Confederación Nacional de Colegios Subvencionados en torno a las problemáticas detectadas en el sistema, en particular, en lo relativo al tema del financiamiento y las limitaciones para el acceso al crédito.
Conformar una mesa ampliada destinada a analizar y subsanar las deficiencias o problemáticas detectadas en la aplicación de la Ley 20.845, sobre inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales, es el llamado que realizó ayer la Comisión de Educación al Ejecutivo después de escuchar las observaciones de la Confederación Nacional de Colegios Subvencionados respecto de la puesta en marcha de la normativa.
Para el diputado Romilio Gutiérrez (UDI), los sostenedores de colegios particulares subvencionados fueron claros en señalar cuáles son los efectos negativos que tiene para la continuidad de funcionamiento para muchos establecimientos a lo largo del país y también situaciones que, desde su punto de vista, no quedaron claros o bien resguardados en la ley, como por ejemplo, el tema de la eventual compra de los colegios por parte de las nuevas corporaciones o fundaciones a través del financiamiento de la banca. "Lo que manifiestan ellos es que esta situación se está complicando porque la banca no quiere financiar la adquisición", remarcó.
El legislador dijo que lo que principalmente les preocupa es la continuidad del servicio educativo, ya que si alguno de los colegios cierra o pasa a particular pagado, efectivamente eso provocará una situación compleja para ese estudiante y sus familias.
"Por lo tanto creo que la propuesta final que se ha hecho, después de esta larga conversación, es pedirle al Ministerio constituir una mesa de trabajo, ojalá con representación parlamentaria, donde estén las distintas visiones en esta materia y puedan ayudar a que estos problemas reales que se están produciendo puedan ser resueltos, ya sea por la vía de reglamentos o por una iniciativa legal que recoja los planteamientos de los sostenedores, pero también la visión de la comunidad educativa, de los profesores y asistentes de la educación", acotó.
La diputada Camila Vallejo (PC) estimó que una mesa de trabajo es la mejor opción, particularmente entendiendo que "la manija la tiene el Ejecutivo", de modo que se puedan poner a la vista todos los antecedentes, como por ejemplo, cuántos ingresos tenía la escuela en materia de todas las subvenciones versus lo que va a tener que gastar en materia de arriendo y otros gastos.
Planteó también la necesidad de evaluar caso a caso, dado que se presentan situaciones muy particulares con la aplicación de la ley, más que problemas generales, por lo que, tal vez, no se requeriría de un cambio legal, sino solo adecuaciones reglamentarias, mejores gestiones y entrega de información que propendan a superar las trabas.
En esta línea, por ejemplo, estimó que en el tema del financiamiento de la banca sería necesario que la Corfo adopte una actitud más proactiva y no deje solo al sostenedor a la hora de solicitar los créditos correspondientes.
"Creo que esas instancias se tienen que agotar. Lo hemos solicitado como Comisión y esperamos que el Ministerio lo acoja, porque ha tenido conversaciones con los sostenedores, pero es necesario que finalice con una instancia donde estén todos y vayan resolviendo en un análisis que es técnico-jurídico bien complejo, pero que es preferible de hacer, antes de impulsar cualquier modificación legal que generalice las situaciones particulares y pueda traer más problemas que soluciones", evaluó.
Rodolfo Orrego, dirigente de la región de Valparaíso y tesorero de la Confederación Nacional de Colegios Subvencionados valoró la buena acogida de los diputados y consideró que hubo permeabilidad y comprensión sobre los temas presentados, generándose vínculos y puentes que les pueden ayudar a resolver algunas situaciones.
"Me parece siempre positivo dialogar y buscar acuerdo, el problema es que nosotros lo venimos haciendo como organizaciones gremiales desde hace más de seis meses con el Ministerio y no hemos tenido respuesta por ninguna vía", puntualizaron.
El dirigente explicó que los inconvenientes a la fecha son muchos, entre otros, los relativos al financiamiento y la administración. "Los sostenedores pasamos a ser administradores de fondos públicos y no nos permiten gestionar y de ahí vienen nuestra inquietud que los proyectos educativos van a perder su propia identidad y vamos a tener que administrar planamente", detalló.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS