Luego que la Cámara aprobara, en general, el proyecto de Educación Pública parlamentarios de diversas bancadas, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y el Colegio de Profesores, firmaron un documento que pide al Gobierno que se comprometa a generar un profundo cambio en el financiamiento de la educación.
Según explicó la jefa de bancada PC-IC, diputada Karol Cariola, a través de este protocolo de acuerdo "le solicitamos al Gobierno poder establecer las medidas dentro de la tramitación de este proyecto de ley, para que la política de financiamiento deje de ser un “voucher”, deje de ser una política que se establezca en base a la asistencia de los estudiantes, sino que más bien sea en función de financiar el proyecto educativo en su totalidad".
La ex dirigente estudiantil saludó la aprobación de la iniciativa y dijo que "es un gran avance. Esta es una demanda histórica del movimiento estudiantil, la desmunicipalización sin duda que es una necesidad y una base fundamental para el cambio de una estructura en la educación escolar", y agregó que " también es necesario fortalecer la Educación Pública por la vía de un mejoramiento en su infraestructura, que también está incorporado en el protocolo, como el cambio en la política del financiamiento sin voucher".
Por su parte, la diputada Camila Vallejo, integrante de la Comisión de Educación, agregó que “hay un tema que es central y que se mantiene pendiente, que está en el compromiso programático y que los estudiantes secundarios han venido planteando insistentemente, conversando con diversos parlamentarios, que tiene que ver con plantear un nuevo sistema de financiamiento".
Recalcó que "el financiamiento por asistencia tiene una lógica perversa que castiga mucho a las escuelas rurales, donde la asistencia es complicada, al igual que con aquellos sectores de alta vulnerabilidad. Queremos reafirmar este compromiso que tenemos de legislar sobre un proyecto que reformule el sistema de financiamiento de la educación pública”.
La diputada Cristina Girardi (PPD), indicó que “más allá del extenso articulado que contiene la iniciativa presentada por el Ejecutivo, lo que debe quedar claramente establecido es que el Estado tiene una responsabilidad con sus propias instituciones y éstas son las universidades estatales”. En cuanto a gratuidad, dijo la legisladora, “Chile es el único país del mundo donde se habla de gratuidad no solo para las instituciones estatales, sino para cualquier institución y eso es imposible”.
Por ello, recalcó que “la gratuidad tiene que ser a las universidades estatales primero, y una vez que esté asegurada ahí, tenemos que pasar a una segunda etapa para ver qué ocurre con las otras universidades que tienen vocación estatal, que no están preocupadas del negocio y que están preocupadas efectivamente de la formación de todos los chilenos y chilenas de nuestro país y luego, se verá si el país está dispuesto a entregarle financiamiento a otras instituciones”.
En tanto, el diputado Rodrigo González (PPD), declaró que “si bien el proyecto que hemos conocido hasta ahora tiene muchos aspecto positivos, también muchas debilidades”. Entre los aspectos positivos el legislador destacó “la obligación para todas las universidades de acreditarse, la regulación de los aranceles y el impulso a la gratuidad”.
Sin embargo, acotó, “el proyecto tiene ambigüedades que son hasta ahora insostenible”. Entre estas, señaló, “la mantención del Crédito con Aval del Estado es intolerable en la medida en que va a continuar endeudando a las familias”. Y, agregó, “la forma de financiamiento de este proyecto tiene el error y la desventaja de entregar la mayor parte de los recursos públicos al mercado y de seguir favoreciendo y facilitando que se fortalezcan las universidades privadas que son justamente aquellas que han desregulado el sistema”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS