CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Como un autoatentado a la educación pública calificó la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, la constante toma de colegios capitalinos por parte de alumnos y grupos no reconocidos desde el 2006 a la fecha, ello si se considera el impacto que han provocado tanto para los establecimientos como para los propios estudiantes.

Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la edil evaluó que el rol político que cumple Santiago en el movimiento nacional y en especial su mayor visibilidad, hacen que haya una presión subjetiva para estar siempre a la cabeza de las manifestaciones.

"Esto, que puede ser muy valioso desde el punto de vista de hacerse cargo de demandas colectivas, desde el punto de vista del impacto que genera, cuando se acumula en el tiempo, año tras año, en los mismos establecimientos, es insostenible. Colegios que tienen todos los años entre un mes y dos meses de clases interrumpidas no pueden funcionar correctamente y no pueden ayudar a recuperar la educación pública", planteó.

Estimó que una década de conflictividad permanente, con semanas y semanas de pérdidas de clases, es algo que no se puede prolongar más en el tiempo y llamó, en este plano, a lograr una tregua transversal. "Tenemos años por delante de debate educacional, va a seguir y lo que necesitamos es que ese debate siga y que los actores encuentren una manera de manifestarse que salga del espectro de la normalidad la toma; nunca ha sido una forma normal de manifestarse", remarcó, postulando que esta acción solo puede ser validada frente a una situación extrema, donde los canales están bloqueados y no es posible avanzar, como fue en 1968 y en 2011.

Acciones y contexto actual

Carolina Tohá indicó que, en 2013, cuando asumió su administración en el contexto de una crisis general, el desafío fue iniciar una estrategia de recuperación de la educación pública y desactivar las tomas, dejando el desalojo como último recurso.

En este marco, relató que se impulsaron diversas acciones, como por ejemplo: avanzar en un mayor diálogo con la comunidad y generar un marco más participativo; buscar hacer valer la promesa de la jornada completa, de desarrollar una educación integral y no solo centrada en la obsesión por el puntaje; asegurar un 35% de horas no lectivas para todos los docentes; y fomentar la educación inclusiva, para lo cual se aumentó de 200 a 2400 los alumnos con necesidades especiales desde 2013 a la fecha y se regularizó la situación de los hijos de inmigrantes, que constituyen el 25% de la matricula.

Reconoció, sin embargo, que pese a todos los esfuerzos, todos los años hubo intentos no solo de hacer tomas, sino de hacerlas lo más generalizadas posibles, con agendas muy diversas, con falta de interlocutores válidos para dialogar, con centros de alumnos no empoderados y con participantes que siempre estaban por mantener la movilización.

Señaló que en este contexto y, particularmente tras dos hechos puntuales (un principio de incendio en el Instituto Nacional y desastres en el Liceo de Aplicación), se optó en 2014 por modificar la política de priorizar los acuerdos y la negociación para bajar las tomas y se comenzó a solicitar el desalojo inmediato, fueran convocadas las tomas por una asamblea estudiantil o no.

Respecto de este año, junto con resaltar la falta de diálogo de los estudiantes, destacó el intento por tomar contacto con los apoderados de todos los liceos y pedirles que se involucrasen en el tema y resguardasen los intereses de sus hijos, hecho que, estimó, ayudó a ir desarmando las tomas.

Sostuvo que, en el caso del Instituto Nacional, la desactivación de la movilización no se hizo solo por el diálogo, ni por el desalojo, sino por una activación muy grande de la comunidad escolar, particularmente de los profesores y la dirección, al aplicar taxativamente los manuales de convivencia interna, que son normas que se dan las propias comunidades.

Finalmente, defendió las acciones realizadas por la Dirección de Educación del municipio y su nivel de compromiso con la materia.

Otros temas

En esta sesión la Comisión que dirige el diputado Alberto Robles (PRSD) acordó, a solicitud de los diputados Giorgio Jackson (RD) y Felipe Kast (IND), enviar un oficio al Ministerio de Educación con el objeto que explique los fundamentos de la solicitud de renuncia a la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey.

Además, en la primera parte de la reunión, el grupo parlamentario recibió a la profesora palestina Hanan Al Hroub, quien recibió el Global Teacher Prize 2016, otorgado por la Fundación Varkey.

En su exposición, la profesora contó su experiencia personal en el ámbito educacional, donde se privilegia la conversación con los alumnos, donde no se pasa a nuevas metas sin haber cumplido las previas y donde se busca que los estudiantes puedan reconocer distintas opciones y definir sus prioridades. "Lo más importante es incentivar al estudiante un gusto por aprender", enfatizó frente a una consulta.

Finalmente, en una tercera parte de la sesión, la instancia retomó la discusión del proyecto sobre educación superior (boletín 10783), iniciando un debate sobre los capítulos específicos de la propuesta legal, en este caso, relativo a la nueva Subsecretaría de Educación Superior. Para este efecto expusieron la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, María Leonor Varas.

Se excusaron de asistir los titulares de la Comisión Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Educación. En ambos casos se comunicó vía oficio que se encontraban analizando la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que esperaban dar una opinión colegiada más adelante.