CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Continuando con la ronda de audiencias para discutir las distintas dimensiones del proyecto que crea el nuevo sistema de educación superior, en el caso particular de hoy para abordar el tema de la institucionalidad, fueron recibidos por la Comisión del ramo las opiniones del Instituto Libertad y Desarrollo (L&D), del Instituto Libertad y del director de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU).

Los representantes del L&D, Jorge Avilés y María Paz Arzola, valoraron que se lleve a cabo esta discusión, pero dijeron no apoyar la estructura del diseño propuesto por el Ejecutivo en torno a la nueva institucionalidad. Además, dijeron que llama la atención que la propuesta se centre más en las instituciones y organismos públicos que van a estar encargados del sistema, que en los destinatarios de este (estudiantes, profesores, etc.).

Adicionalmente, sostuvieron que se tiende a tratar con desconfianza a la sociedad civil, acotando su ámbito de acción y entregando muchas de sus funciones a organismos estatales; que se pone en riesgo principios que son fundamentales para un sistema de educación superior, como son asegurar la autonomía, la calidad y la diversidad; y que no se hagan cargo de la ciencia, tecnología e innovación.

Más específicamente, María Paz Arzola acusó una entrega excesiva de atribuciones a la Subsecretaría de Educación Superior, que estima no se sostienen en su necesidad, más siendo este un cargo político. Planteó que esta situación no solo hace peligrar la autonomía de las instituciones sino que arriesga su politización; y promueve una homogenización o estandarización de la provisión de educación superior, en vez de dar los espacios para que la oferta se pueda adaptar a lo que necesitan los estudiantes, entre otros puntos.

Avilés defendió que el actual sistema presenta elementos positivos, como el hecho que no se direcciona la misión de las instituciones, ni se las obliga a seguir un modelo, sino que se las evalúa en su propio plan. Al contrario, acotó, el nuevo mecanismo estaría alentando una definición única de calidad que va a estar a cargo de la Subsecretaría, con cierto mecanismos para definir estos criterios.

Además, refutó la conformación del futuro Consejo de la Calidad, con nueve de once integrantes nombrados por el Presidente de la República y dos por la vía de Conicyt y Corfo. Asimismo, lamentó que el titular de esta instancia sea de confianza del Gobierno; que no se incluyan expertos en gestión dentro de sus miembros; y que nos se defina una instancia de apelación a sus decisiones.

Finalmente, entre otros variados datos, los profesionales entregaron una tabla donde se da el supuesto de instituciones acreditadas bajo los estándares de la nueva ley. En dicho marco, dos quedarían en el tramo más alto, once en el segundo, nueve en el tercero y 36 en el último (29 universidades privadas y siete estatales), donde existiría una nebulosa si serían cerradas, o cancelado su financiamiento público o se les aplicaría la figuran del administrador provisional. Esta
amplia caída se debería, según agregaron, a que la nueva acreditación pide a todos contar con investigación.

Instituto Libertad y CPU

Pablo Rodríguez, del Instituto Libertad, dijo que creen en la educación pública, pero llamó en este plano a mantener un trato justo entre las distintas instituciones ya que, por ejemplo, no darle los recursos suficientes a las universidades puede tener directo efecto sobre la calidad que ellos imparten. Así, planteó la necesidad de que se considere un régimen mixto de educación.

También sostuvo que "crear instituciones no significa fortalecer la institucionalidad del país" y en este ámbito estimó que, más que nombrar una nueva Subsecretaría, por ejemplo, es más importante definir planes y estructuras de largo plazo.

Señaló que les preocupa el tema de la regulación de aranceles y los problemas financieros que ello podría ocasionar a las universidades para sostener proyectos educativos en el largo plazo. Además, afirmó que hay artículos que podrían significar una vulneración a la autonomía de las universidades (por ejemplo que el Consejo para la Calidad resuelva sobre la solicitud de apertura de nuevas sedes, carreras o programas de estudio); y criticó que, de cierta forma, la acreditación homologue autonomía por reconocimiento (no acreditar o acreditar forzosamente a una institución puede tener efectos mucho más allá de su calidad).

Dentro de sus propuestas planteó sancionar expresamente el lucro con fondos públicos, definiendo una inhabilidad por parte de las empresas infractoras para tener vínculos contractuales con el Estado; fortalecer y transparentar la estrategia nacional de formación técnica-profesional; considerar el tema de la autoevaluación y la evaluación externa; evaluadores designados aleatoriamente; establecer inhabilidades para los evaluadores; fortalecer el sistema de información para los estudiantes y sus familias; y promover la movilidad y flexibilidad.

Por su parte, el director ejecutivo Corporación de Promoción Universitaria, Iván Navarro, criticó que no se impulse un nuevo concepto de calidad y que falte un enfoque más explícito y operacional de lo regional.

Planteó que los integrantes del Consejo para la Calidad que sean designados por el Presidente de la República a través de la selección del sistema de Alta Dirección Pública, sean ratificados por el Senado. Además, pidió más representantes de instituciones fuera de la región Metropolitana y evaluar algún tipo de participación estudiantil.

Observó negativamente que la acreditación de las carreras y de los programas quede bajo la acreditación institucional. En este ámbito sugirió impulsar procedimientos alternativos, por ejemplo, acreditar los planes de formación general de algunas carreras (pedagogías, ingenierías, etc.), poniendo especial atención en algunos nudos de los programas.

También llamó la atención que no exista un pronunciamiento explícito de las agencias de acreditación y consideró inadecuado establecer por ley la definición de los estándares o criterios a seguir, porque después para modificarlo sería necesario otra ley.