CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con la participación del Ejecutivo y de los rectores del Duoc UC, Inacap y Escuela de Contadores Auditores de Santiago, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó ayer los alcances del proyecto (boletines 10261 y 10302, refundidos), que permite la transformación de los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) en personas jurídicas sin fines de lucro.

En representación del Ministerio de Educación intervino la titular de la Subsecretaría de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, quien estuvo acompañada de la abogada de la cartera, Javiera Molares; la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras; y el encargado de política tributaria del Ministerio de Hacienda, Ricardo Guerrero.

María Isabel Díaz informó que la idea de la iniciativa surgió en el contexto de la discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto para el año 2016, donde el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley para que los IP y CFT acreditados pudieran convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro, manteniendo su reconocimiento oficial, su autonomía y su acreditación, de modo que pudieran optar al sistema de gratuidad.

Explicitó que, a la fecha, existen 14 instituciones en este ámbito que ya se encuentran constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y que otras 27 suscribieron un compromiso para modificar también su condición actual y así optar al citado beneficio. Especificó que, dentro de los antecedentes que poseen, 37 instituciones de un total de 92 registradas cuentan con acreditación. De este margen, un 40% estaría optando a la gratuitad.

La subsecretaria explicó que el mecanismo es opcional, aunque condicionante para acceder al beneficio. Aclaró que hay tres modalidades para concretar la transformación:

1. Transformación: el organizador del CFT o IP se transforma en una entidad sin fines de lucro, conservando su personalidad jurídica.
2. Fusión: permite que la persona organizadora se fusione con una corporación o fundación existente, se llama fusión por incorporación o absorción o fusión por otra persona jurídica mediante la creación o nacimiento de una nueva persona jurídica sin fines de lucro.
3. Reorganización: permite que se reorganice optando a la naturaleza jurídica de corporación o fundación por el derecho común.

Complementando su presentación, Ricardo Guerrero se abocó a detallar las consideraciones tributarias especiales que se establecen en esta normativa para facilitar los procesos de transformación, de modo que no se graven las donaciones o aportes de las entidades actuales a las nuevas corporaciones o fundaciones.

Institutos

El rector de Inacap, Gonzalo Vargas, resaltó que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el trámite en el Senado permitieron despejar las trabas que presentaba inicialmente el proyecto. Destacó en particular que la declaración jurada que se exigía fuera reemplazada por una obligación de comunicar cambios significantes a la Comisión de Acreditación, en línea con lo ya existente.

Indicó que el IP y el CFT están constituidos como sociedades en comanditas, aunque aclaró que su dueño y controlador es la Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, Inacap. Acotó que, para ellos, son viables tanto el camino de la transformación de las sociedades en corporaciones o la crear de una nueva que absorba las sociedades. "Haremos lo que sea más fácil y directo", precisó, agregando luego que ello podrá ser efectivo tan pronto la ley sea promulgada.

Por su parte, el rector del Duoc UC, Ricardo Paredes, tomó gran parte de su exposición a criticar la exclusión, el año pasado, de los IP y CFT del sistema de gratuitad y llamó a los legisladores y al gobierno a no perder otro año en este punto.

"El proyecto de transformación resuelve el problema identificado el año pasado y que justificó la exclusión, la discriminación total en contra de los alumnos técnico-profesionales. Los errores en la calidad de los proyectos, las descoordinaciones, las discusiones sobre el lucro, la gratuidad, o que esto se trate o no de una ley que aborda total o parcialmente la transformación no debieran mantener más esta suerte de impunidad que ha existido del Estado de Chile de haber excluido a los alumnos. Eso no es justificación para mantener por otro año el estatus quo", enfatizó.

En el caso particular del Duoc, dijo que ya son una corporación sin fines de lucro, por lo que no necesitan transformarse, pero consideró que el proyecto sí permite que aquellas instituciones que quieren transformarse lo puedan hacer. Sin embargo, criticó que no se aborde la situación de los IP o CFT que no quieren transformarse o que están dispuestos a hacerlos si se les remunera por su infraestructura.

Finalmente, estimó que cuestionar la constitucionalidad de la glosa de gratuidad abre más incertidumbre y arriesga menos y no más cobertura, según quedó demostrado el año pasado.

El rector de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, Rodrigo Cerón, reconoció que su institución tiene fines de lucro, pero resaltó que ello no ha incidido en un desmedro en la calidad de la enseñanza que imparten. Al contrario, dijo que son altamente competitivos en el mercado, con costos para los estudiantes muy por debajo de otras instituciones.

Indicó que tienen la voluntad de transformarse, pero reconoció que, como otras instituciones de menor tamaño, ello implica muchas dificultades en materia de financiamiento, infraestructura y patrimonio. Además, criticó que, en la práctica, el sistema no resulta ser opcional, porque la no transformación los excluye de acceder al beneficio de la gratuidad para sus alumnos. "Adscribimos a ello no por voluntariedad, sino por un tema de necesidad", comentó.

Asimismo, criticó que en materia tributaria solo se aborde el tema de las donaciones y no se avance en igualdad de condiciones respecto de las universidades; y que no se considere los problemas que habrá en materia de empresas relacionadas.

Reacciones

La diputada Yasna Provoste (DC) dijo que esta es una iniciativa que esperan desde 2015 y sostuvo que el ánimo general es eliminar toda discriminación en el sistema. Además, estimó que para que esta formación se revitalice debe haber igualdad de trato y planteó su anhelo que la propuesta logre salir antes de la Ley de Presupuesto, para que los alumnos de los IP y CFT puedan acceder a la gratuidad en el próximo año.

El diputado Sergio Gahona (UDI) consideró que no se puede legislar a la medida de algunas instituciones, sino para todos y consideró que, para algunos casos, la mecánica que se propone resulta una confiscación o expropiación velada, por cuanto se deben entregar bienes sin que exista una compensación.

En este punto, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), planteó que se puede optar por un sistema similar al definido en la Ley de Educación Pública, donde aquellas instituciones que tienen dinero para comprar las instalaciones acceden a facilidades especiales.