La iniciativa, aprobada previamente por el Senado, facilita a estos centros de educación superior pasar a ser corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y poder, de esa forma, adscribir a la gratuidad.
La Comisión de Educación de la Cámara aprobó, por mayoría, el proyecto que permite la transformación de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en personas jurídicas sin fines de lucro, regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.
El texto corresponde a una moción de los senadores Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes y Andrés Zaldívar, que facilita el reconocimiento de los derechos de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, desde su actual régimen a uno sin fines de lucro, para que sus estudiantes también puedan postular a acceder al beneficio de la gratuidad.
La norma aprobada con los votos de los diputados de la Nueva Mayoría, permite el cambio a corporación sin fin de lucro, sin solución de continuidad, manteniendo la nueva entidad el reconocimiento oficial, autonomía y acreditación, siendo la continuadora académica ante el Ministerio de Educación.
El presidente de la comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), explicó que el gobierno asumió el compromiso para, en la ley de Educación Superior en trámite en esta misma instancia legislativa, ingresar normas que pongan en igualdad de condiciones, en materia de impuestos y contribuciones, a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sin fines de lucro con las universidades.
Asimismo, que en dicha norma se busquen mecanismos para cautelar el traspaso de bienes, cuando han sido adquiridos con créditos hipotecarios.
El parlamentario aclaró que el presente proyecto es muy simple, porque permite agilizar los trámites de cambio de condición jurídica, sin perder su acreditación, y rechazó que se plantee que este obliga a los CFT e IP a realizar dicho cambio.
"Muchos de nosotros pensamos que los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica debieran ser todos sin fines de lucro, pero eso en esta ley no se está planteando. Solo se plantea la posibilidad de dar facilidades a aquellos que quieran".
Contrariamente, el diputado Jaime Bellolio (UDI) justificó el voto en contra de su sector porque "bajo la excusa que es voluntario termina obligando a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que, según la forma que hoy día están constituidos legítimamente, tienen que acceder a la gratuidad".
Esto porque, a su juicio, se les exigen posteriormente cosas contradictorias con este proyecto, por ejemplo, impidiendo transacciones entre partes relacionadas y que si no son dueños de la infraestructura necesaria no pueden estar acreditados.
"No es un poyecto voluntario sino obligatorio, que además deja en desigualdad de condiciones a los CFT e IP sin fines de lucro con las universidades, al menos en el tratamiento tributario".
Por último, señaló que el proyecto pareciera no querer hacerse cargo de los estudiantes vulnerables de estos centros educacionales, dejando "a algunos de ellos por diseño afuera".
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