Entre las modificaciones se plantea incluir a los niños, niñas y adolescentes, materia restada durante el trámite en el Senado; y eliminar la patologización contenida en el articulado. Para cumplir con los plazos, la Comisión acordó realizar tres sesiones más de audiencias y empezar a votar en la primera semana de enero.
Ante la evidencia de una nueva calificación de urgencia y un paquete de indicaciones puestas sobre la mesa por el Ejecutivo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordó reordenar su agenda para discutir y votar el proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín 8924).
El presidente del grupo parlamentario, diputado Sergio Ojeda (DC), explicó que la nueva calificación de urgencia, que define un plazo de diez días para el trámite, motivó a programar tres sesiones más de audiencias, con el objeto de poder recibir a la gran cantidad de organizaciones que quieren dar su opinión; y determinar que en la primera semana de enero se votará en general y se comenzará la discusión en particular.
La Ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, recordó que al inicio de la discusión en la Cámara se anticipó que se presentarían indicaciones para corregir materias sancionadas por el Senado, con las cuales no había acuerdo.
“Una tiene que ver con la inclusión de niños, niñas y adolescentes a este reconocimiento a la identidad de género; además de aquello algunas cosas que tienen que ver con el trámite en el registro civil respecto de los certificados y partidas, que es importante aclararlo en el proyecto; otro elemento que tiene que ver con terminar con la patologización al concepto de identidad de género y, por eso, eliminar todo tipo de requisito para los mayores de 18 años; y además de aquello que el vínculo matrimonial no de disuelva sino que quede como una alternativa que las propias personas vayan a determinar, es decir, si continúan en el vínculo matrimonial o si este termina”, precisó.
El vicepresidente y coordinador de Legislación y Políticas Públicas de Organizando Trans Diversidades, Franco Fuica, valoró el cambio de urgencia, especialmente considerando el actual contexto político, al tiempo que destacó la presentación de las indicaciones por parte del Gobierno.
“Siempre vamos a creer que es insuficiente, pero también entendemos que son pasos que estamos dando respecto de niños, niñas y adolescentes; respecto a la unión de personas trans con otras personas y que no debe disolverse ese vínculo; es importante, es muy importante la despatologización de todas las formas en las cuales nos han patologizado por siglos… Nos parecen muy importantes las cuatro indicaciones que el Ejecutivo plantea, nos parece que van en la dirección de lo que necesitamos, así que estamos conformes hasta el momento y esperamos que el ritmo se mantenga y que esta sea una ley de la República antes que Michelle Bachelet deje el cargo como Presidenta de la República”, puntualizó.
Alejandra Soto, dirigente del mundo Trans nacional y representante de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe, remarcó la necesidad de agilizar el trámite, aunque recalcó que mantienen una visión realista respecto de los logros que pueden tener con la ley.
“Necesitamos que nos den el reconocimiento de la ley a la identidad, sabemos que no va a cambiar todo con la ley, pero si nosotras como dirigentes trans vamos a fortalecer, vamos a sensibilizar a la gente para que sepan, vean los cambios, que no somos personas enfermas, estamos perfectamente cuerdas, solamente que nacemos con una identidad distinta, en realidad”, precisó.
Audiencias
En la oportunidad expusieron en el marco de las audiencias la Fundación Jaime Guzmán; Alma Chile, en asociación Somos Padres; y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
La Fundación calificó como “muy defectuoso” al proyecto, pero estimó que, frente a la evidencia del trámite, esperan que se corrijan diversas materias allí contenidas, puntualizando en seis de ellas:
1. La definición de identidad de género.
2. La falta de exigencia de criterios objetivos que determinen que una persona efectivamente ya no se adscribe al sexo que posee de nacimiento.
3. La generación de situaciones de incertidumbre jurídica y afectación de derechos de terceros.
4. La no publicación en el Diario Oficial.
5. Discriminación arbitraria respecto de quienes cambian su nombre por otras razones.
6. La idea que los derechos que de esta ley emanan tienen como centro una convicción personal e interna.
Por su parte, Alma Chile-Somos Padres llamó a no excluir los peritajes y, de hecho, pidió que las decisiones se tomen considerando estudios multidisciplinarios especializados, no dejando la decisión de cambio de género al libre arbitrio de la persona involucrada.
Sostuvieron que esta propuesta legal expone derechos que pueden ser considerados subjetivos; remarcaron que en este tema se debiera hablar directamente de una patología; calificaron como ambiguos conceptos como “identidad de género”; y llamaron a eliminar lo que entienden como “teorías extremas” sobre sexualidad contempladas en el proyecto de ley.
Finalmente, la BCN realizó un cuadro comparativo del proyecto de ley con la realidad internacional, particularmente a la luz de los conceptos defendidos por entidades internacionales como las Naciones Unidad y la OEA y contemplados en tratados ratificados por Chile.
En este contexto, se estimó que el proyecto se encuentra al día en cuanto a conceptos, aunque alertó que habría alguna tensión en orden a algunos puntos, como por ejemplo la exclusión (hasta ese momento) de los niños, niñas y adolescentes del reconocimiento de identidad y respecto de la necesaria despatologización, ambos aspectos que apuntan al correcto desarrollo de los derechos individuales de cada persona.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS